Energía y medio ambiente

Los convenios de inversiones y bilaterales de comercio son responsables de algunos de los delitos relacionados con el medio ambiente más graves del mundo. Fomentan y protegen los proyectos de minería a gran escala, la exploración y la extracción de combustibles fósiles, la construcción de represas y los desarrollos de infraestructura que causan estragos en nuestro medio ambiente. Desde Alaska hasta Australia, las comunidades locales enfrentan problemas de deforestación, contaminación del agua, colapso pesquero y trastornos climáticos que se pueden atribuir a los proyectos de inversión o a los programas de desarrollo que están enmarcados y reciben el apoyo y el financiamiento de un tratado de libre comercio (TLC) o de un tratado bilateral de inversiones (BIT, por sus siglas en inglés) negociado entre dos o más gobiernos.

Comúnmente, el TLC incluye secciones que garantizan el acceso a los combustibles fósiles tal como el petróleo y el gas, y a materias primas tales como la madera y la pulpa de madera. Por ejemplo, la sección de energía en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), que corresponde al comercio de los productos de energía entre Canadá, México y EE. UU., ha facilitado el comercio de combustibles fósiles peligrosos para el medio ambiente al obligar a Canadá a mantener una participación fija en la exportación de los productos de energía, lo que incluye el petróleo y el gas, a los Estados Unidos. La sección propuesta de energía en el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que serviría de modelo para futuros tratos comerciales, exige explícitamente la exportación automática de petróleo y gas de los Estados Unidos a la Unión Europea. De forma similar, conforme con el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del Pacífico, se exigirá que el Departamento de Energía de EE. UU. apruebe automáticamente las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a todos los países del acuerdo, lo que incluye Japón, el importador de GNL más grande del mundo. Este tipo de normas amplían los mercados de la energía sucia y promueven los proyectos extractivistas que provocan cambios climáticos en forma directa.

La amplia protección del inversionista incluida en los TLC y en los BIT también presenta una seria amenaza a la justicia ambiental. Las normas de inversiones en los TLC y en los BIT otorgan derechos integrales a las corporaciones multinacionales a costa del bienestar público y del medio ambiente. Por lo general, estos derechos incluyen, por ejemplo, una “norma mínima de tratamiento” garantizada y un “trato justo y equitativo”—normas poco precisas que han interpretado los tribunales de inversiones tal como exigir que los gobiernos paguen a los inversores extranjeros por los cambios a las políticas que no se adecúan a sus "expectativas". Estos cambios a las políticas a menudo tienen como objetivo directo la protección ambiental.

Comúnmente, los TLC y los BIT también establecen un mecanismo de resolución de controversias entre el estado y el inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) al que pueden recurrir los inversores extranjeros si creen que un cambio a la política, tal como una nueva restricción de la extracción de combustible o los nuevos reglamentos de una mina, ha violado uno de sus derechos amplios del inversor. Con la ISDS, un inversor extranjero puede evitar los tribunales nacionales, presentar una demanda ante un tribunal de tres abogados privados que no se ven obligados legalmente por la jurisprudencia o por un sistema de apelación, y solicitar la compensación al contribuyente por las ganancias que hipotéticamente hubiese ganado sin el cambio a la política.

Aunque el sistema entre el estado y el inversor ha existido por décadas, ha aumentado repentinamente del uso del ISDS por parte de las corporaciones. A la fecha, los gigantes del ámbito de la energía tales como Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, y Occidental Petroleum han iniciado alrededor de 700 casos en contra de más de 100 gobiernos mediante el uso de esta disposición de los TLC o de los BIT. Los inversores extranjeros han iniciado más casos de ISDS en cada uno de los últimos cinco años que en las tres primeras décadas juntas del sistema de ISDS. Y las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en estos tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales. De hecho, la mitad de los nuevos casos de ISDS iniciados en 2014 se originan de las inversiones en la generación de energía, la minería o la extracción de petróleo y gas. Los objetivos de los últimos casos de ISDS han incluido una moratoria de "fracking" en Quebec, la eliminación de la energía nuclear y nuevas normas de la central térmica a carbón en Alemania, una orden judicial para pagar la contaminación del Amazonas en Ecuador, la necesidad de resolver el tema de las emisiones de fundición de metales tóxicos en Perú y una decisión del panel ambiental para rechazar un proyecto de minería en Canadá.

Además, un principio consolidado del paradigma de libre comercio es que los gobiernos no pueden privilegiar a los bienes o productores locales por sobre los extranjeros. Últimamente, ha existido una secuencia de casos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que desafía las normas de las "compras locales" en los programas de energías renovables. Para comentar unos pocos ejemplos, Japón y la UE han utilizado los desafíos de la OMC para eliminar la norma de las "compras locales" de Ontario, Canadá del programa de energía limpia y los EE. UU. desafían normas similares en el programa nacional de energía solar de la India. Estas normas también aparecen en los tratados de inversiones y bilaterales de comercio, debilitando las iniciativas locales para generar economías sustentables.

El modelo neoliberal y dirigido por las corporaciones que promueve el TLC amenaza nuestra capacidad de renovar las economías locales, aumentar la energía limpia y lograr la soberanía alimentaria. A fin de tratar la crisis climática y otras crisis ambientales, no se necesita más que un cambio en el sistema. Esto significa producir y utilizar productos y servicios, desde los alimentos hasta el transporte y la energía, que provengan y estén arraigados en las economías locales. Significa promover los programas de energía renovable que fomentan la producción local de las tecnologías verdes. Sin embargo, nada de esto sucederá a menos que desmantelemos los poderes y privilegios otorgados a las corporaciones en las leyes nacionales y las políticas internacionales, comenzando por los que están vigentes en los tratados de inversiones y comercio actuales.

Aporte de Ilana Solomon, Directora del Programa de Comercio Responsable de Sierra Club.

última actualización: marzo de 2016


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