Las consecuencias negativas del macrotratado de comercio entre EEUU y la UE
Las consecuencias negativas del macrotratado de comercio entre EEUU y la UE
24-6-14
Miembros de Attac, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han debatido sobre el TTIP en una mesa redonda organizada en el Ateneo de Madrid.
Pérdida de soberanía nacional o una menor protección de los consumidores. Estas son algunas de las consecuencias que supondría la aplicación del Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP) que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, según varios miembros de Attac, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra que han debatido sobre el mismo en una mesa redonda organizada en el Ateneo de Madrid y moderada por el director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Las negociaciones que se están llevando entre ambos bloques buscan la creación de la mayor área comercial del mundo en un macroacuerdo que pretende acabar con las barreras al comercio en la mayoría de los sectores. Un pacto en el que se están poniendo por delante los intereses de las multinacionales frente a los ciudadanos, según han denunciado en este foro de debate.
En julio se inicia la sexta ronda de negociaciones entre ambos bloques, unas conversaciones que se están llevando en secreto y de las que no se hacen públicos ni los temas de negociación ni el estado del proceso, según se ha denunciado en el debate.
Unos acuerdos que están saliendo a la luz gracias a las filtraciones como la publicada por eldiario.es junto a La Marea y Diagonal sobre el documento que sirve de base para le negociación. Dentro de este megatratado estarían incluidos prácticamente todos los productos y servicios, a excepción de los servicios financieros. “Habría que poner a la luz este tratado para que las negociaciones se detengan o por lo menos se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos”, ha dicho Carlos Ruiz, miembro de Attac y miembro del Observatorio Justicia Fiscal Global y Plataforma antiTTIP.
Para conseguir mejorar el comercio entre ambos bloques, y dado que las barreras ya son muy bajas entre ambos, la clave reside en equipara las normativas entre las dos regiones. “A la hora de igualar estas normativas lo que se está haciendo es tratar de igualarlas a la baja: las más restrictivas equipararlas a las más débiles”, ha denuncia Verónica Gómez, miembro de Attac Internacional, una situación que beneficiaría a las multinacionales pero que perjudicaría la protección de los consumidores. Un ejemplo, que ha puesto Gómez, es el de los productos modificados genéticamente. En Estados Unidos no tienen que testarse o pasar pruebas porque se consideran igual que los que no tienen alteraciones. “Entrarían masivamente en nuestro mercado y no sabríamos que se tratan de productos modificados genéticamente”, ha señalado.
Uno de los apartados importantes donde la aprobación de este tratado tendría efectos muy claros es en la alimentación dada la diferencia de base entre las legislaciones de ambos lados del Atlántico. Mientras que en el caso de Europa, la normativa controla desde que el producto alimentario sale de la huerta hasta que llega al canal de venta, en Estados Unidos solo se controla el producto final. El pollo clorado quizá sería uno de los casos más claros, según ha explicado Blanca Ruibal, miembro del área Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra. En la cadena productiva del pollo, en Estados Unidos el proceso termina con un lavado general de estos animales en lejía con el objetivo de limpiar todo rastro anterior que podría tener el alimento. Esto, ha añadido Ruibal, iría en contra de la forma de la normativa europea donde no sólo se analiza el producto final sino que se comprueban los diferentes pasos de la cadena. En el caso de aprobarse el TTIP y que Europa adaptar la normativa estadounidense, los pollos clorados podrían llegar a los supermercados europeos.
El polémico fracking –técnica por la cual se extrae el gas de esquisto- es otro de los aspectos que se está negociando dentro del tratado. “Otra de las filtraciones revela que la Unión Europea le está pidiendo a Obama que libere la exportación de gas, que es bastante restrictiva en ese país, básicamente lo que está pidiendo es más gas de esquisto. Esto podría suponer más fracking en Europa también”, ha señalado Luis Rico, de Ecologistas en Acción.
Rico también ha advertido que la Comisión Europea no ha hecho público el informe sobre qué impacto ambiental tendría la aplicación del tratado y que el del Parlamento Europeo, por su parte, advierte de que hay algunos aspectos que deberían preocuparnos.
Soberanía nacional vs. Multinacionales
La posible inclusión de un mecanismo de resolución de conflictos entre inversor y estado es uno de los puntos de las negociaciones que más debate ha generado. Este apartado supondría institucionalizar que las corporaciones puedan llevar a arbitraje aquellas pérdidas reales o futuras que consideren pueden ser causadas por un cambio en la normativa. Actualmente, este tipo de procesos ya existen porque esta práctica está recogida en acuerdos transnacionales y multinacionales, si quedara recogido dentro del tratado está práctica, que en su origen nació para proteger a las empresas en países con inseguridad jurídica, podría ser más habitual.
“Las corporaciones pasan por encima de los tribunales nacionales y se van directamente a los arbitrajes. Los árbitros no son jueces, no tienen titularidad pública y sus intereses personales están normalmente ligados a las empresas. Se reúnen en secreto y su fallo es inapelable”, ha explicado Ruiz, que ha tachado esta práctica de “nefasta” y de “amenaza frontal contra la democracia”. “Este mecanismo representa un daño a los presupuestos, limita a la soberanía del estado y es un asalto a la democracia. Estamos poniendo el derecho privado por encima del derecho público”, ha apuntado por su parte Gómez.
Entre los ejemplos donde ya se están produciendo casos de tribunales de arbitraje que fallan a favor de multinacionales, Ruiz ha señalado el de una compañía energética sueca que ganado 3.700 millones de euros al Gobierno alemán por el efecto que tenía sobre su empresa la decisión del Ejecutivo germano de eliminar la energía nuclear de forma progresiva tras el accidente de Fukushima. Otro de los casos que ha dictado ha sido el de la tabaquera Philip Morris que reclama al gobierno australiano millones de dólares porque el ejecutivo decidió que se vendiera el tabaco sin publicidad.
