TPP: Los desafíos que plantea el acuerdo para Chile en materia gubernamental
TPP: Los desafíos que plantea el acuerdo para Chile en materia gubernamental
Por Pierina Bertoni
Jorge Sahd, experto en comercio exterior de la Universidad Católica, sostiene que protección de datos, medidas anticorrupción y coherencia regulatoria son ámbitos a considerar.
A dos meses de haber llegado a un acuerdo para el Tratado Transpacifico de Libre Comercio (TPP) y a dos meses también de que ingrese al Congreso para ser analizado por los parlamentarios, el subdirector del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Sahd, explica los principales desafíos que plantea el TPP para Chile. Esto, más allá de los temas ya conocidos como es propiedad intelectual y, sobre todo, el número de años de licencia para los medicamentos biológicos.
Sahd advierte que el primer problema que podría enfrentar el país tiene que ver con la coherencia regulatoria, pues asegura que, por ejemplo, en la administración aduanera y de comercio “en base al tratado van a tener que revisar sus procedimientos, muchos de los cuales sí cumplen los estándares internacionales, pero otros van a tener que ver si están cumpliendo efectivamente o no el mandato. Por ejemplo, en lo que es la calificación de un servicio como exportación, muchas veces nuestras empresas consideran que el criterio que emplea el SII y aduanas no siempre está alineado”.
También el TPP establece la cooperación regulatoria, que señala que los Estados miembros estén coordinados en las regulaciones internas que van generando y que tienen razón con sus relaciones comerciales, económicas e incorpora la cooperación institucional.
En este punto Sahd asegura que “el TPP anima a que haya una mayor coordinación interagencia o interservicios públicos para que no haya duplicidades, superposiciones o inconsistencia en los criterios. Muchas veces ocurre que hay inconsistencia entre lo que dice un servicio A y B”.
Además dentro del acuerdo, según el experto, se expresa que se debe medir el impacto de cada regulación implementada por el Estado, analizando los costos y beneficios. Por lo mismo, señala que “esto ojalá incentive al país a avanzar no sólo en la regulación previa que se hace, sino también durante y ex post”.
En cuanto a la contratación pública, en donde el TPP permite que empresas de los países miembros puedan participar en licitaciones de compras públicas, sostiene que esto establece desafíos para Chile Compra, de modo que sea “un portal transparente, competitivo y que dé igualdad tanto al proveedor nacional como al competidor extranjero”. En ese sentido indica que existen temas prácticos a mejorar, como el idioma, pues debe estar disponible en distintas lenguas. Asimismo manifiesta que “hay que capacitar a los funcionarios y a las pymes para participar en estos mercados”.
El desafío adicional es que muchas veces las pymes podrían no dar abasto para satisfacer estos mercados, por lo que señala que en el TPP “existe la cooperación técnica, en la mayoría de los capítulos se generan reglas y normas de cooperación. Por lo tanto, va a ser valiosa la experiencia que han tenido en otros países en cuanto a apoyo a las pyme”.
Transparencia y corrupción
La transparencia y la corrupción también son analizados en el acuerdo, pues se señala que se debe promover la integridad de los funcionarios, esto quiere decir, el cómo se establecen los procesos de selección y capacitación en cargos vulnerables.
Al respecto Sahd plantea que “el TPP pide que haya medidas para identificar y gestionar los conflictos de interés en los funcionarios del sector público. También habla de una participación más activa del sector privado en la sociedad civil, estableciendo programas de control interno, ética en las asociaciones gremiales, ONG e instituciones sin fines de lucro”. Sin embargo, aclara que el acuerdo no señala los cargos que están más expuestos a estas situaciones.
Finalmente y en cuanto a comercio electrónico, afirma que “el Estado debe fortalecer sus facultades en materia de seguridad informativa y tecnologías de la información para que vayan a la par con el crecimiento electrónico”. En esto dice que los esfuerzos deben ir en dirección a la protección de datos que manejan las agencias públicas.
Concluye que todos estos puntos son un incentivo para que el Estado se modernice en aquellas áreas que están más atrasadas.
