TTIP: El trampolín del sector transgénico hacia Europa
TTIP: El trampolín del sector transgénico hacia Europa
Por Pepe Ruiz Osoro, 9-9-15
Sus planes no han salido como deseaban. Cuando la industria agroquímica decidió abrir nuevos mercados y dar el salto al ámbito biotecnológico, no esperaba encontrar las barreras legales, sociales y políticas que le están dificultando el camino. Tras conseguir que sus fertilizantes y plaguicidas derivados del petróleo se constituyeran como elemento de uso común en la agricultura intensiva, debían de pensar que no resultaría difícil repetir la misma hazaña con los organismos genéticamente modificados (OGM). Sin embargo, hoy por hoy la anunciada próxima revolución verde todavía no ha llegado. Dos décadas después de que se comercializaran las primeras semillas transgénicas en Estados Unidos y Canadá, los datos reflejan una implantación sustancialmente inferior a la que Monsanto, Syngenta o Bayer podrían haber imaginado.
Si nos acercamos a los informes elaborados por centros vinculados al sector biotecnológico, podemos constatar el escaso y desigual peso que tiene la agricultura transgénica en la producción mundial de alimentos. Según el International Service for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA), en 2014 los cultivos transgénicos ocupaban una superficie de 181,5 millones de hectáreas, con 18 millones de personas productoras trabajando en ellos. Aunque la consigna dentro del sector sea vender estas cifras como un éxito sin precedentes, resulta difícil hacerlo si situamos los datos en perspectiva: el 96,3% de la tierra agrícola en el mundo permanece libre de cultivos transgénicos y más del 99% de la población campesina no se ha visto seducida por las promesas de la industria agrobiotecnológica. No se trata sólo de una implantación escasa, incluso marginal, sino también altamente dependiente de un puñado de países aliados. El 90% de las hectáreas con OGM se concentra en tan sólo 5 países: Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. A pesar de los cuantiosos esfuerzos del sector agrobiotecnológico, más de 160 países en el mundo se mantienen libres de transgénicos y de los 28 que los cultivaron en 2014, 19 representaban menos del 1% del total de superficie cultivada.
En este escenario mundial de recelo frente a los transgénicos, cuando no de confrontación, llama la atención la decepción que ha supuesto para la agroindustria la postura de la Unión Europea a lo largo de estas décadas. Sus cultivos transgénicos representan menos del 1% total mundial sembrado en 2014 y sus 79 autorizaciones de OGM con destino alimentario quedan muy lejos de las 172 aprobadas por Estados Unidos. En palabras de la Fundación Antama, organización pro-transgénica con importante presencia de la industria en sus cargos internos: “Europa se ha aislado en la apuesta por la tecnología agraria”. De hecho, la tensa relación llegó incluso a los tribunales en 2003. La moratoria de facto que vivió la Unión Europea contra el cultivo de nuevos alimentos OGM fue contestada con una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a instancias de países como Estados Unidos, Canadá y Argentina, países que sí han cumplido con creces las expectativas del sector biotecnológico. Tras recibir el correspondiente toque de atención por parte de la OMC, la Comisión Europea ha sido el órgano que ha aprobado la práctica totalidad de los nuevos transgénicos autorizados, a la vez que ha abierto la puerta a que sean los Estados miembros los que individualmente decidan si permiten o prohíben los transgénicos a cambio de no bloquear las decisiones de otros países ni su comercialización a nivel europeo. Este desmantelamiento de una política europea común frente a los transgénicos ha dejado entrever la distancia existente entre los pasos dados por la Comisión Europea y los intereses de la mayor parte de los países miembros. De los 22 países que no cultivan OGM, Alemania, Francia, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Polonia y Bulgaria han formalizado la prohibición de su cultivo, mientras que de los seis países que producen sólo España presenta extensiones considerables.
A pesar de los guiños ofrecidos por la Comisión Europea y de tener bien controlada a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la apertura de los mercados europeos a los OGM sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para el sector transgénico. Más allá de conseguir que la Unión Europea se sume a la locomotora de producción de OGM, los esfuerzos se están destinando a que al menos su regulación no suponga una barrera de entrada a la importación de variedades no autorizadas. Su mercado depende de ello. Como apunta la Revista El Ecologista en su nº 84, no es casualidad que tras la introducción en 1995 de variedades transgénicas en suelo estadounidense, las importaciones europeas de maíz y soja desde este país cayeran en picado. De ahí que la lucha por la desregulación comercial europea sea la clave. Y en esa lucha, el proceso de negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos es visto como una ventana de oportunidad que permitirá acabar con esas molestas regulaciones que se han mantenido precariamente en el viejo continente.
Durante mucho tiempo, los negociadores europeos del TTIP han negado que el tema de los transgénicos estuviera encima de la mesa, sin embargo, los documentos filtrados y los precedentes de otros acuerdos regionales de libre comercio apuntan a un claro interés por resquebrajar el sistema regulatorio europeo en esta materia. La armonización normativa que busca el TTIP supone una desregulación hacia el mínimo común denominador: las normas menos restrictivas serán las que se apliquen puesto que lo contrario se entendería como una discriminación a las importaciones, al ir en contra de los principios del libre comercio que pretende defender dicho acuerdo. Para hacernos una idea del nivel de desprotección que supondrá aceptar el sistema de regulación estadounidense basta con nombrar su principio de equivalencia sustancial por el que se concluye que no existen diferencias significativas entre los alimentos convencionales y los transgénicos por lo que éstos últimos no requieren de un proceso de autorización específico ni de un etiquetado especial. En todo este tijeretazo normativo podemos imaginar dónde quedará el ya de por sí frecuentemente olvidado principio de precaución. Aún hay más: todo este proceso no acabaría con la firma del acuerdo, puesto que éste prevé un proceso de revisión permanente de la legislación europea para que las partes interesadas (léase, los grandes lobbies comerciales) puedan recomendar cambios en el futuro y de existir resquemores estos siempre podrían ser resueltos en el anunciado Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados donde las grandes empresas podrán disparar contra aquellas medidas que incidan en lo que ellas llaman pérdidas del negocio esperado.
Todo parece indicar que se anda preparando el asalto perfecto. En los 20 años de resistencia europea a los transgénicos la ciudadanía ha visto cómo para conseguir sus fines el sector agroindustrial ha hecho uso incansable de medidas como puertas giratorias, confusión mediática, presiones políticas, decisiones tomadas en órganos alejados de la voluntad popular o resoluciones de tribunales comerciales. Ahora pretende intentarlo de nuevo, dando el salto desde el trampolín del TTIP, que es un poco la suma de todas las anteriores.
