Altercom.- El Tratado de Libre Comercio propuesto por Estados Unidos al Ecuador y a otros países del Continente, después del fracaso de las negociaciones del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y de la Organización Mundial del Comercio, no es un tratado únicamente de comercio; abarca todos los campos de la vida económica, política y cultural de nuestros pueblos. No es un tratado más, sino una supranorma que se colocaría por encima de la Constitución Política y que regiría el destino de nuestra patria durante al menos los próximos veinte años: se trata de universalizar las normas vigentes en Estados Unidos.
Esta propuesta no puede ser tratada con prisa y sin juicio. Al estar en juego el futuro de trece millones de ecuatorianos y ecuatorianas y de las próximas dos generaciones, lo primero que se exige es el estudio sereno en que participen todas las instituciones del país, la consulta al pueblo y la construcción de un acuerdo nacional.
El tratamiento ha sido secreto y excluyente. Hasta ahora nuestro país no cuenta con un texto en castellano del proyecto, y los textos no son accesibles a la ciudadanía. En la ronda de Lima, Estados Unidos impuso tres condiciones: la reserva, la exclusión del tratamiento de los subsidios agrícolas y la urgencia de los plazos.
El comportamiento del Gobierno del Ecuador ha sido riesgoso para los intereses del país, según varias organizaciones sociales de ese país, entre las que figuran la Asociación Latinoamericana de Farmacéuticos; Cámara Nacional de la Microempresa; Comité Interuniversitario contra el ALCA-TLC; Comunidades Eclesiales de Base; Confederación de Barrios del Ecuador; Consejo Latinoamericano de Iglesias; Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios y Politécnicos; Coordinadora de Movimientos Sociales; Federación Nacional de Judiciales del Ecuador; Federación de Trabajadores de Petroecuador; Foro Ecuador Alternativo; Frente Nacional de Defensa de los Jubilados; Jubileo 2000; Junta Nacional de los Artesanos y Servicio Paz y Justicia.
Según el colectivo, los voceros, empezando por la Ministra de Comercio, no sólo han proclamado la urgencia de la firma, sino que han celebrado las bondades de las ofertas de libre cambio: representan el interés de un reducido grupo de mercaderes, importadores y banqueros que serían beneficiados a cambio del dolor de la mayoría de los sectores productivos y sociales.
El régimen, en lugar de generar un espacio sano de debate y acuerdo, ha desarrollado una estrategia de silenciamiento y secreto; de cooptación de uno o dos representantes por sector para proclamar el respaldo ciudadano, pretendiendo dividir a los sectores productivos y sociales del país; y de negociación sectorial, impidiendo la visión y el tratamiento de los intereses nacionales.
Las organizaciones están conscientes de que se requiere una respuesta firme y unitaria de las organizaciones productivas, sociales y cívicas frente a un gobierno débil que cuenta apenas con el 4% de respaldo.
“Debemos partir de un primer acuerdo: el Tratado de Libre Comercio no puede ser resuelto por el Gobierno y el Congreso a espaldas del pueblo; cualquier decisión final debe ser tomada en una CONSULTA POPULAR. Nuestro primer acuerdo es que el ECUADOR DECIDE: frente al libre comercio está la libre determinación de nuestro pueblo. El primer paso para el desarrollo es la defensa de la soberanía”, manifiestan las organizaciones.
Frente al TLC, una integración equitativa
Algunas organizaciones sociales en Ecuador creen en la necesidad de una integración regional que sea provechosa para todos nuestros países y pueblos. El antiguo sueño de Bolívar sigue vigente: la unidad económica, política y cultural de nuestra América es la condición para poder participar en el concierto mundial. El objetivo tiene que ser el desarrollo, el bienestar y la libertad de nuestros pueblos.
Los principales objetivos de Estados Unidos son: acceder a la propiedad de los bienes y servicios de nuestros países; eliminar la soberanía del Estado ante las demandas de las transnacionales norteamericanas; eliminar los controles sociales y ambientales; y lograr la total apertura de nuestros mercados a sus bienes y capitales, a cambio de aperturas comerciales reguladas para determinados artículos de los sectores primarios de la economía. El intento de apropiación y control ya no se dirige sólo a los bienes tangibles, recursos naturales y propiedades estatales, especialmente telecomunicaciones, petróleos y minería; sino también a los bienes intangibles y servicios, propiedad intelectual y saberes originarios, biodiversidad, agua, salud, educación, seguridad social. Pretende convertir en mercancías todo lo existente, para luego colocarlas bajo el control de sus normas.
La estrategia que las organizaciones propone contra el TLC parte del fortalecimiento de la soberanía nacional y del mercado local, y de la construcción de una integración regional equitativa, mediante la participación activa en la Comunidad Andina y el MERCOSUR, como fundamento y condición previa para integraciones hemisféricas y mundiales. Los tiempos deben ajustarse a estos pasos, para avanzar en el tratamiento de las desigualdades y la construcción de una integración económica y política de Sur América. La urgencia está en la unidad latinoamericana, y no en el sometimiento al poder norteamericano.
¿TLC? No, gracias
Si el TLC se instaura afectará la vida y la producción: generará nuevas alzas del costo de la salud y los medicamentos, como resultado del monopolio de las patentes y de la propiedad intelectual y de la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social; elevará el desempleo y el subempleo, como resultado de la destrucción de la base productiva del país, especialmente de la agricultura, la ganadería, la artesanía y la microempresa. Después de un ilusorio control de la inflación por la invasión masiva de productos externos, se impondrán costos según los intereses de los monopolios transnacionales triunfantes. Ahondará la brecha entre pobres y ricos: de un lado, un reducido grupo de beneficiarios, los grandes comerciantes, sobre todo importadores, y banqueros, que podrán acceder a los bienes y servicios privatizados y a costos altos; y de otro, la gran masa de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores y campesinos empobrecidos, de desocupados y excluidos, que no podrán acceder a los bienes y servicios básicos, privados no sólo del pan de cada día, sino de un futuro esperanzador. El TLC pone en riesgo la vida y la esperanza.
Según uno de los voceros del Primer Mundo, el Premio Nóbel Joseph Stiglitz, los tratados de libre comercio constituyen el “cuarto paso al infierno”, después de la eliminación de aranceles, la implantación de precios internacionales y las privatizaciones. El TLC es la continuación de una política que ha fracasado en nuestro Continente.
El espejismo que plantea el discurso neoliberal es: a mayor libertad de mercado, mayor desarrollo. Pero tanto la historia como la realidad actual lo desmienten. El desarrollo de las grandes potencias, incluidos los Estados Unidos, se ha asentado en un fuerte período de protección. Sólo después de haber conseguido grandes ventajas ante sus competidores, los países poderosos predican el libre cambio, pero para los otros.
Una pregunta: ¿por qué los países que actualmente tienen mayores niveles de apertura al libre mercado, según los códigos del Fondo Monetario Internacional, como sucede con los África Subsahariana o Haití, son los más atrasados del mundo? En la actualidad, a pesar de algunas concesiones parciales, los Estados Unidos (y también la Unión Europea) se niegan a eliminar las protecciones y subsidios para sus agricultores y para las ramas en que no son competitivos, como el acero. Entre 1998 y 2000, el subsidio a los agricultores representó el 63% de la renta agraria en Japón, el 40% en la Unión Europea, el 23% en los Estados Unidos y el 18% en Canadá. La propiedad privada intelectual es todo lo contrario de la libertad de acceso a recursos que deberían estar al servicio de la humanidad, sobre todo en el campo de la salud, y que son apropiados por monopolios cada vez más poderosos y egoístas.
Después de diez años de aplicación del TLCAN, los resultados para México han sido negativos: después de la ficción inicial de la creación de 800 mil nuevos puestos de trabajo, por el traslado de las maquiladoras desde Estados Unidos, apenas quedan 500 mil; mientras en la agricultura se han perdido 1,3 millones y en la industria otros 700 mil. En cuanto a salarios, los trabajadores de las filiales norteamericanas en México, ganan el 75% de sus pares norteamericanos. México se ha convertido en importador de su alimento básico, el maíz. Lo que sí ha aumentado es la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su proporción del ingreso nacional, mientras el restante 90% la ha reducido o no ha sufrido cambio.
Ecuador ya ha vivido diversos capítulos de un modelo que se ahondaría con el TLC, y que ha sido un mal negocio: 76% de pobreza, 12.5% de desempleo abierto y 56% de subempleo estructural más 12% de migración externa. El Ecuador no puede competir ni siquiera con los países vecinos, a pesar de los esfuerzos de muchos empresarios: el 62% de las empresas, según la Superintendencia de Compañías, se encuentra en crisis o en quiebra. Sólo el elevado precio internacional del petróleo y las remesas de los migrantes mantienen la ficción de un crecimiento del 4,5% del PIB, mientras se desmoronan las bases del edificio económico.