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Argentina
El acuerdo comercial entre Argentina y Chile ya fue avalado sin debate por el Senado del vecino país. El Congreso argentino lo había aprobado a fines de año pasado.
El TLC con Argentina contempla un mecanismo de defensa de las inversiones que faculta a los inversores a demandar a quienes generen “obstáculos al comercio”. En la hipótesis de que Argentina termine exportando trigo transgénico, la defensa de una marraqueta libre de transgénicos debería imponer en Chile una modificación del Reglamento del Trigo por el derecho a saber qué molineros importan trigo transgénico.
El litigio contra el país es sostenido por Burford Capital. Se trata del mismo fondo que en su momento adquirió también la demanda del grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El Tratado mantiene amplios derechos para los inversores, incluidos algunos de los que usan con más frecuencia para demandar a los Estados: Trato Justo y Equitativo, la Expropiación Indirecta, el Trato Nacional y el Trato de Nación Más Favorecida.
El Ciadi, la corte de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, ha resuelto que el Estado argentino debe abonar una indemnización de 225,69 millones de dólares (unos 200 millones de euros) más intereses por la resolución anticipada de los contratos de gestión de aguas en la ciudad de Santa Fe.
Declaración “Argentina aprobó el Tratado de Libre Comercio con Chile”. La nueva era de los Tratados de Libre Comercio para Argentina
“No estamos en contra de los acuerdos comerciales, sí en la forma poco transparente en que se están alcanzando y en los contenidos”, expresó Carmona al rechazar su aprobación. Y apuntó sobre algunos capítulos en particular del tratado.
La Argentina y Japón suscribieron, en los márgenes de la Cumbre del G20 y tras más de dos años de intenso trabajo, un acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Foros, talleres, actos culturales y políticos, ferias populares y una gran marcha final a nivel nacional ocupará la agenda popular de Argentina en rechazo y respuesta al G20.
El Tribunal de Arbitraje insta a ambas partes —Casinos Austria y el Estado argentino— a tomar "todas las medidas necesarias para el desistimiento de los procedimientos nacionales relacionados con la presente controversia".
Por primera vez la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recomendó no aprobar un tratado de libre comercio, entrando en conflicto con La Moneda.
Guillermo Carmona, diputado argentino, indica que “estos acuerdos no son estrictamente acuerdos comerciales sino que son principalmente acuerdos de desregulación económica”
Cuestionó advertencia del holding minorista controlado por Horst Paulmann de acudir al CIADI y no descartó llevar el caso a la Corte Suprema.
No se presentaron estudios de impactos de este TLC sobre la vida de las mujeres.El TLC no reconoce las interconexiones entre la transformación económica estructural y los derechos humanos de las mujeres vastamente explicitadas en varios espacios y debates gubernamentales.
Si se acoge la recomendación sería un punto de inflexión muy significativo en el camino que han tenido los TLCs en el parlamento.
El tratado de libre comercio (TLC) firmado entre Chile y Argentina solo le otorga atribuciones a las empresas transnacionales y no debe ser ratificado, dijo a Sputnik el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca.
Para este jueves 4 de octubre está en tabla de la Cámara de Diputados la aprobación del Acuerdo Comercial entre Chile y Argentina.
Hace unos meses se firmó un Tratado de Libre Comercio TLC entre Chile y Argentina, que busca ratificación en ambos parlamentos, ya que viene a resolver asuntos tributarios y de aranceles, pero sobre todo entrega mayor protección a las inversiones para las transnacionales mineras que, entre otras cosas, pretenden continuar destruyendo la alta cordillera de ambos países.
El TLC no reconoce las interconexiones entre la transformación económica estructural y los derechos humanos de las mujeres vastamente explicitadas en varios espacios y debates gubernamentales.
El grupo chileno impulsa proyecto inmobiliario por U$S 600 millones. El conflicto es por un terreno público en San Isidro que la empresa compró en 1996 por u$s22 millones y que el Estado pretende recuperar sin pagar.
