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litigios inversionista-estado | ISDS
Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) se refiere a una manera de manejar los conflictos en virtud de acuerdos internacionales de inversión mediante el cual a las empresas de una de las partes se les permite demandar el gobierno de otra parte. Esto significa que pueden presentar una queja y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Muchos TBI y los capítulos sobre inversiones de los TLC permiten esto si las expectativas de beneficio de un inversionista se han visto afectadas negativamente por alguna acción que el gobierno anfitrión tomó, como por ejemplo el cambio de una política pública. La disputa normalmente se maneja no en un tribunal público sino a través de un panel arbitral privado. Los lugares habituales donde estas actuaciones se llevan a cabo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial), la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
El ISDS es un tema candente en estos momentos, ya que está siendo cuestionado fuertemente por los movimientos ciudadanos en el contexto de las negociaciones del TTIP UE-EE.UU, las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y el acuerdo CETA entre Canadá y la UE.
En el 2020, los inversionistas extranjeros presentaron en el CIADI del Banco Mundial al menos 55 demandas conocidas exigiendo enormes sumas a los gobiernos, mientras éstos combaten la pandemia del coronavirus.
Tras la negativa del Ministerio de Obras Públicas a indemnizar a ADP y Vinci por las pérdidas causadas por la pandemia del COVID-19, las dos empresas francesas iniciaron una demanda contra Chile ante el CIADI.
El canciller Felipe Solá y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quieren revisar los acuerdos de protección de inversiones que determinaron la solución de diferendos en tribunales extranjeros o en el Centro Internacional de Arbitrajes del Banco Mundial.
El banco informó al ejecutivo, fiscalía y corte suprema que de no obtener respuesta a una solicitud de Amparo en el caso que perdió ante José Salaverría, iniciará un proceso contra el país.
Crystallex ha obtenido el visto bueno de un juzgado de los Estados Unidos para proceder con la venta de las acciones de Citgo, la subsidiaria estadounidense de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
CIADI rechaza demandad de hermanos Francisco y Carlos Ríos en contra del Estado de Chile por falencias del Transantiago.
El laudo del arbitraje entre la compañía eléctrica alemana RWE y España ha sido emitido el pasado 18 de diciembre de 2020 por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
En medio de la creciente preocupación de que el TCE obstaculiza la acción urgente por el clima, las empresas que lucran con el acuerdo, la Secretaría del TCE y otros actores están difundiendo propaganda y promoviendo falsedades, como que el tratado atrae inversiones limpias y que “modernizarlo” resolvería sus defectos. Nuestra guía para derribar estos y otros mitos te permitirá ver más allá de la retórica y entender el mundo de la energía sucia, la estafa y los abusos corporativos que promueve el TCE.
Sabemos que las mujeres solo son propietarias del 1% a nivel mundial, mientras realizan las dos terceras partes del trabajo por un 5% del salario.
España ha solicitado a un tribunal estadounidense la suspensión del procedimiento de ejecución presentado por Watkins Holdings del laudo de 77 millones de euros obtenido ante un tribunal internacional en enero de 2020 relacionado con las reformas energéticas de las renovables.
En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 150 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, entre ellas Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, en representación de más de 85 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.
201 personas de la comunidad científica piden a la UE y a los 52 países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) que lo abandonen de inmediato para cumplir con los objetivos de la transición energética.
Venezuela pagará 48 millones de dólares a ConocoPhillips tras una larga lucha por el laudo del arbitraje relacionado con el proyecto petrolero en alta mar Corocoro.
Un tribunal internacional del CIADI ha rechazado los argumentos de Colombia en el intento por declarar falta de jurisdicción en el arbitraje que mantiene con la minera canadiense Gran Colombia Gold y que invoca el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (TLC).
Asimismo, dentro de esta categoría, también debemos mencionar que el Estado dominicano ha ratificado tratados bilaterales de libre comercio como el DR-CAFTA, los cuales contienen disposiciones relativas a la protección de las inversiones y los mecanismos de resoluciones de controversias
La patronal de las compañías aseguradoras estadounidenses ha advertido a Chile del posible recurso a mecanismos incluidos en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Chile ante el cambio de la normativa que influye a las compañías de seguros que trabajan en el mercado chileno.
Los tratados de libre comercio nos condenan a producir y exportar en forma permanente cobre, frutas, maderas y otros pocos recursos naturales con escaso grado de manufacturación, y adquirir en los países socios los bienes manufacturados de más alta tecnología y productividad, lo cual inhibe su producción local.
La empresa inició conversaciones con el Estado peruano para tratar de resolver las sanciones que fueron impuestas a la compañía. De no llegar a un acuerdo, el caso sería revisado por la CIADI.
Empresa de capital colombiano ganó en el 2009 la licitación del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica para construir y operar 866 kilómetros de red de transmisión.
El Ministerio de Finanzas Públicas del Gobierno de Guatemala comunicó el embargo de 15,75 millones de US dólares en el marco del arbitraje con Teco Energy, por el que se condenó al país centroamericano al pago de 35,4 millones de dólares.
