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litigios inversionista-estado | ISDS
Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) se refiere a una manera de manejar los conflictos en virtud de acuerdos internacionales de inversión mediante el cual a las empresas de una de las partes se les permite demandar el gobierno de otra parte. Esto significa que pueden presentar una queja y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Muchos TBI y los capítulos sobre inversiones de los TLC permiten esto si las expectativas de beneficio de un inversionista se han visto afectadas negativamente por alguna acción que el gobierno anfitrión tomó, como por ejemplo el cambio de una política pública. La disputa normalmente se maneja no en un tribunal público sino a través de un panel arbitral privado. Los lugares habituales donde estas actuaciones se llevan a cabo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial), la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
El ISDS es un tema candente en estos momentos, ya que está siendo cuestionado fuertemente por los movimientos ciudadanos en el contexto de las negociaciones del TTIP UE-EE.UU, las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y el acuerdo CETA entre Canadá y la UE.
Se trata de dos demandas por plantas fotovoltaicas y activos hidroelétricos.
El acuerdo de Asociación Económica Integral Regional socavaría las normas de protección del medioambiente en Asia.
La firma de este tratado de libre comercio obstaculizaría las acciones que apunten a cualquier transformación estructural.
El CIADI aceptó la conformación del panel arbitral que conocerá la demanda contra el Estado de Guatemala planteada por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates, por la suspensión del proyecto minero Progreso VII Derivada El Tambor.
El CIADI del Banco Mundial determinó que el país islámico deberá desembolsar 5.840 millones de dólares tras denegar ilegalmente la licencia minera para el proyecto Reko Diq.
Las conclusiones se plantean a través del estudio de 38 demandas de arbitrajes bajo el actual sistema de arbitraje de inversiones.
El informe “Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y El Caribe“, realizado por el Transnational Institute analiza la situación de los países de estas regiones en relación con el arbitraje de inversiones
Un material audiovisual imperdible realizado por la televisión pública alemana a propósito de un tema clave en medio de la discusión del TPP-11: de qué manera las transnacionales demandan a los estados cuando sus políticas públicas pueden afectar sus expectativas de ganancia
El 31 de mayo el Estado español fue condenado a pagar 41,8 millones de euros a la sociedad radicada en Luxemburgo 9REN Holding tras perder el arbitraje de inversiones interpuesto ante el CIADI.
Argentina tiene decenas de litigios pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una oficina de arbitraje del Banco Mundial. Burford Capital, un estudio jurídico que funciona como fondo buitre, compró a Marsans el juicio por la estatización de Aerolíneas Argentinas, para luego revenderlo.
El fondo reclama por la manipulación del INDEC en la operación de los dividendos del Cupón PBI correspondiente al ejercicio 2013 que debía liquidarse en 2015. Se espera que esta semana presenten pruebas.
La compañía panameña Latin American Regional Aviation Holding S. de R.L. presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Uruguay por la expropiación de la antigua aerolínea uruguaya Pluna Líneas Aéreas Uruguayas ante el CIADI.
El país perdió un millonario juicio por la expropiación de la empresa Aerolíneas Argentinas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, se informó hoy. Por consiguiente, deberá pagar 320 millones de dólares.
Uno de los clientes preferenciales de Appleby es la Suiza Glencore, que según los datos filtrados lleva décadas utilizando paraísos fiscales para encubrir tratos lucrativos y desviar millones de dólares.
Una jueza federal de Estados Unidos confirmó un fallo del Ciadi, emitido en 2015, a favor del fabricante de envases de vidrio Owens-Illinois.
¿En qué sentido el TPP-11 cambia los derechos de las transnacionales y limita la soberanía nacional de los Estados? ¿Es solo un mito que este tratado aumenta el poder de las transnacionales?
8.000 millones de euros es lo que España podría estar pagando si pierde —como ha empezado a hacerlo— las 43 demandas interpuestas por multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión en las instancias de solución de controversias de estados e inversores, ISDS, por su sigla inglesa.
Si hay algún caso que evidencie la ofensiva de las empresas transnacionales contra la vida y la democracia ese es, sin duda, el caso Chevron.
22 de los 42 países en la región ya han sido demandados a través del sistema de arbitraje de inversores (ISDS). El 73,8% de las demandas fueron hacia Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú.
Para la campaña “No a los tratados de comercio e inversión” resulta inaceptable que exista un sistema de justicia paralelo al que las multinacionales puedan acudir para desafiar una decisión de un parlamento o gobierno por supuestamente perjudicar sus expectativas de ganancias.
