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‘Investor-State Dispute Settlement’ as a new avenue for climate change litigation |
litigios inversionista-estado | ISDS
Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) se refiere a una manera de manejar los conflictos en virtud de acuerdos internacionales de inversión mediante el cual a las empresas de una de las partes se les permite demandar el gobierno de otra parte. Esto significa que pueden presentar una queja y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Muchos TBI y los capítulos sobre inversiones de los TLC permiten esto si las expectativas de beneficio de un inversionista se han visto afectadas negativamente por alguna acción que el gobierno anfitrión tomó, como por ejemplo el cambio de una política pública. La disputa normalmente se maneja no en un tribunal público sino a través de un panel arbitral privado. Los lugares habituales donde estas actuaciones se llevan a cabo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial), la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
El ISDS es un tema candente en estos momentos, ya que está siendo cuestionado fuertemente por los movimientos ciudadanos en el contexto de las negociaciones del TTIP UE-EE.UU, las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y el acuerdo CETA entre Canadá y la UE.
El próximo 1 de Julio, el gobierno de Mauricio Macri participará como “país observador” de la Alianza del Pacífico.
A raíz de este proceso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está revisando todos los procedimientos relativos a las autorizaciones ambientales con la finalidad de actualizarlos.
De aprobarse los tratados de libre comercio TTIP, CETA y TISA estas demandas se podrían multiplicar y dar un mayor poder a las multinacionales.
Ayer se celebró en Madrid un debate con representación de los 4 partidos políticos mayoritarios para hablar sobre la posición de sus partidos frente a los tratados de libre comercio, como el TTIP, CETA y TISA, que Europa está negociando con Estados Unidos y Canadá
La empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua) amenaza hoy con colocar una demanda contra el Estado de Guatemala tras verse obligada a suspender sus operaciones por decreto de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con el fin de incidir en la campaña electoral y a una semana del Consejo Europeo que afrontará la polémica negociación del TTIP, se presenta el informe ’Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado’
El Acuerdo Transpacífico o TPP representa un sofisticado instrumento jurídico orientado a maximizar los beneficios de empresas transnacionales que operen en los países adheridos a él.
Un elemento clave es el capítulo sobre protección de inversiones que otorga a grandes empresas de Mexico y de la UE el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, aun cuando estas buscan proteger el interés publico
La enmienda del ya existente Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y México establecerá controvertidos que forman parte de su similar transatlántico TTIP, reportó hoy la prensa alemana.
Manifestamos nuestro rechazo al reciente anuncio de que la Argentina pagará el dinero reclamado por empresas transnacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
El ministro de Industria y Comercio, José Del Castillo Saviñón, consideró histórico el fallo que por primera vez obtuvo República Dominicana a su favor en un arbitraje internacional de inversión DR-Cafta por US$ 100 millones en contra del Estado dominicano.
¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados?
Estamos asistiendo a una lucha de poder, otra vez. El TTIP es un peligro para la democracia, los intereses de las corporaciones avasallan los derechos de la ciudadanía.
Aunque el CETA crearía un mercado mucho más pequeño que el que se pretende crear a través del TTIP, se trata de un comercio agresivo y supone el incremento de privilegios y poderes para las grandes empresas e industrias.
Debido a su gran parecido, el CETA también es conocido como ’el TTIP canadiense’, el ’Acuerdo Integral de Economía y Comercio’ entre la UE y Canadá.
Tras tres años de negociaciones, a duras penas los españoles empiezan a ser conscientes de esta realidad donde se están poniendo en juego sus derechos y salvaguardas sociales
La reciente demanda contra Panamá registrada ante el CIADI por una empresa minera norteamericana constituye una nueva señal sobre la peligrosa deriva del arbitraje inversionista-Estado en América Latina.
Un documento al que ‘Público’ ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto.
En Colombia, dos empresas mineras de Estados Unidos y Canadá quieren imponer la minería de oro en un parque nacional en la región Amazónica.
Por cuenta de la globalización en el comercio, muchas cosas han cambiado en los trámites del país y buen número de entidades estatales no se ha percatado de ello.
