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litigios inversionista-estado | ISDS
Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) se refiere a una manera de manejar los conflictos en virtud de acuerdos internacionales de inversión mediante el cual a las empresas de una de las partes se les permite demandar el gobierno de otra parte. Esto significa que pueden presentar una queja y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Muchos TBI y los capítulos sobre inversiones de los TLC permiten esto si las expectativas de beneficio de un inversionista se han visto afectadas negativamente por alguna acción que el gobierno anfitrión tomó, como por ejemplo el cambio de una política pública. La disputa normalmente se maneja no en un tribunal público sino a través de un panel arbitral privado. Los lugares habituales donde estas actuaciones se llevan a cabo son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Banco Mundial), la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
El ISDS es un tema candente en estos momentos, ya que está siendo cuestionado fuertemente por los movimientos ciudadanos en el contexto de las negociaciones del TTIP UE-EE.UU, las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y el acuerdo CETA entre Canadá y la UE.
Un tribunal holandés confirmó en apelación la condena a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares en indemnizaciones a los accionistas del antiguo grupo petrolero ruso Yukos, hoy desmantelado.
Perú comunicó que no aceptará la propuesta de la empresa OLI Lux (perteneciente al Grupo Odebrecht) de iniciarle un proceso arbitral ante el CIADI por la cancelación en 2017 del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En 2018, Colombia fue el país más demandado ante tribunales de arbitraje privados por parte de corporaciones transnacionales.
El arbitraje entre la minera estadounidense Renco Group y Perú relacionado con el yacimiento metalúrgico La Oroya se abrió de nuevo, a instancias de la minera.
Odebrecht ofrece la suspensión del procedimiento de arbitraje si se garantiza el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado.
La compañía portuguesa Mota Engil reclama un total de 25 millones de dólares al estado paraguayo por el fallido contrato del proyecto Metrobús.
Odebrecht presentó la demanda de arbitraje contra el Perú ante el CIADI, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
En enero, Colombia recibió una notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones por parte de Uber y su filial colombiana por suspender el servicio en el país.
La Argentina y el Ciadi tienen un historial nutrido de conflictos, pagos y disputas pendientes. Hoy, el país es el más demandado del mundo.
Eco Oro dice que al no poder hacer actividad allí, pese a tener título, se afectaron sus finanzas.
El empresario español Raimundo Santamarta, uno de los propietarios de la farmacéutica SM Pharma, ha presentado una notificación de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela bajo el Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela.
La compañía española Unión Fenosa Gas presiona a Egipto ante tribunales estadounidenses para que cumpla el laudo del arbitraje por la planta de Damietta, por el que debe afrontar el pago de 2 billones de dólares
El artículo 135, de forma tramposa condiciona las demandas sociales al exigir el respeto a los tratados de libre comercio.
Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados, las más de 685.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.
El Gobierno ha recibido una reclamación en EEUU después de aprobar un decreto ley para frenar el alud de arbitrajes por los recortes a las renovables.
El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones permite la transferencia libre de capitales y acceso al arbitraje internacional para la solución de controversias.
La corte arbitral del Banco Mundial dicta un laudo que obliga al pago de más de 80 millones más intereses. La reclamación se elevó por el recorte de ocho instalaciones eólicas de 333MW.
Con la delimitación del Párama de Santurbán en el 2014, la multinacional minera no pudo ejecutar su proyecto Angostura con el que pretendía extraer oro y plata.
En Colombia, Uber se atribuyó la facultad de imponer tarifas por encima de la autoridad competente, violando el Código Penal y también leyes del transporte.
La compensación concedida a Luksic y Barrick ascendía a 4.087.000 millones de dólares por la denegación del arrendamiento minero, más intereses hasta la fecha de la adjudicación de 1.753.000 millones.
