UE-Canadá (CETA)

En marzo de 2009 comenzaron formalmente las negociaciones referentes al Acuerdo integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) entre Canadá y su segundo socio económico más grande, la Unión Europea. El grupo de presión ubicado en Toronto, la Mesa Redonda sobre el Comercio de Canadá, con el apoyo de 60 ejecutivos de empresas Europeas y de Canadá, han estado impulsando este tratado cuyos principales partidarios vocales en Europa eran Sarkozy de Francia y Merkel de Alemania. El acuerdo se firmó en septiembre de 2014 y actualmente se encuentra en proceso de revalidación.

El CETA es un tratado de amplio alcance que incluye el comercio de bienes, propiedad intelectual, inversión, las barreras técnicas al comercio, la cooperación regulatoria, las medidas sanitarias y fitosanitarias y la política de competición.

Durante las negociaciones, ciertos concejos municipales en Canadá, lo que incluye el concejo de la ciudad de Toronto, expresaron su posición y votaron para exigir que se los excluya de dicho tratado, citaron problemas sobre su capacidad para tomar decisiones, en particular, en relación a las compras gubernamentales, uno de los principales intereses de la UE.

Muchos se preocupaban por el mecanismo propuesto de resolución de controversias entre el estado y el inversor (ISDS, por sus siglas en inglés) del tratado, que brinda a las corporaciones de ambos lados del Atlántico el derecho de demandar al estado si existen nuevas leyes o reglamentos que afecten de manera negativa los beneficios esperados o las posibles inversiones.

Ante la protesta de los grupos de la sociedad civil de Europa, la Comisión Europea diseñó un nuevo procedimiento de arbitraje, armó un "sistema judicial de inversiones", para reemplazar la ISDS. En febrero de 2016, la Comisión anunció que el mecanismo de ISDS se había incluido en el tratado. Sin embargo, muchas críticas de ambos lados del Atlántico expresan que este nuevo sistema constituye en gran medida una artimaña para tratar de mejorar las apariencias, que no aborda la base del problema detrás de las medidas de controversias entre el estado y el inversor y se continúan oponiendo a la ISDS en cualquiera de sus formas.

La ISDS se ha descrito también como una amenaza clara para todas las medidas que tienen como objetivo afrontar el cambio climático. Los niveles de gases de efecto invernadero del petróleo de la arena bituminosa de Canadá son 23 por ciento más altos que los del petróleo convencional. Dado que el CETA liberalizará el comercio transatlántico de energía, esto causará un aumento en la producción del petróleo de la arena bituminosa para el mercado europeo. Cualquier gobierno que intente restringir el flujo de petróleo de la arena bituminosa en respuesta al calentamiento global podría enfrentar una demanda de ISDS de una corporación petrolera.

Como parte de las negociaciones, los delegados de la UE buscan el reconocimiento de las indicaciones geográficas (GI, por sus siglas en inglés) europeas tal como el queso feta y los embutidos. Los campesinos encargados de la producción láctea se preocupaban por que las demandas de la UE les impidiesen usar ciertos nombres en los quesos. Finalmente, el acuerdo reconoció las 173 indicaciones geográficas europeas, excluyendo los vinos y las bebidas alcohólicas de alta graduación.

En general, el impacto del CETA en los campesinos tiene un interés particular. Se otorgará a las corporaciones transnacionales de semillas una nueva autoridad de gran magnitud para aplicar la ley a fin de que mantengan el control de las semillas. Lo peor, el acuerdo eliminará casi en su totalidad los derechos de los campesinos de guardar, volver a usar y vender las semillas. Además, quitar los aranceles sobre los productos agropecuarios provocará la pérdida de los ingresos de los campesinos y solamente beneficiará a las grandes empresas agropecuarias exportadoras.

La sección "Comercio Internacional de los Servicios" liberaliza la movilidad de la mano de obra. Se pueden emitir permisos de trabajo temporal a trabajadores de ciertas profesiones de un país firmante que desean trabajar en el territorio de la otra parte. Con el tiempo, esto significará menos trabajos permanentes, dado que aumentará la tendencia a los contratos temporales, y salarios más bajos, a causa de que existen más trabajadores que compiten por el mismo empleo.

Asimismo, el CETA institucionaliza la convergencia regulatoria entre las partes, lo que implica una futura cooperación en todos los reglamentos sobre el comercio de bienes y servicios. Se pretende que la Comisión Conjunta y el Foro de Cooperación Regulatoria se ocupen de la coordinación, el reconocimiento mutuo o la evaluación de conformidad de los reglamentos de ambos lados, ya sea planeados o en ejecución, a fin de superar las discrepancias que limitan el comercio. Este mecanismo restringiría el derecho de los estados de regular y otorgar autoridad regulatoria extendida a los accionistas (por ejemplo, las corporaciones) que están incluidos en el proceso. Además, el principio cautelar, un elemento principal de la política regulatoria europea, prácticamente está ausente en el CETA.

El 21 de septiembre de 2017, CETA entró en vigor provisionalmente, tras de haber sido ratificado por el Parlamento Europeo y haber recibido Consentimiento Real en Canadá e 16 de mayo de 2017. Casi todo el acuerdo está en vigor ahora, pero los parlamentos nacionales —y en algunos casos los regionales por igual— e los países de la unión Europea requieren de aprobarlos para que pueda desplegar sus plenos efectos. El controvertido mecanismo de arbitraje de disputas inversionistas-Estado (ISDS) solo se implementará cuando el acuerdo entre plenamente en vigor.

última actualización: febrero de 2018
Fóto: M0tty/CC BY-SA 4.0