EEUU-Chile

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile entró en vigor el 1º de enero de 2004 y es el primer TLC amplio firmado entre los Estados Unidos y un gobierno sudamericano.

El TLC entre Estados Unidos y Chile es un acuerdo que impone compromisos que trascienden las disposiciones de la OMC y el TLCAN. Apuntó a dar impulso a las negociaciones del ALCA y ayudar a los exportadores de los Estados Unidos a lograr mayor acceso a otros mercados en la región.

Las disposiciones en materia de propiedad intelectual van más allá que los ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC, limitando severamente los fundamentos para permitir el uso de licencias obligatorias de medicamentos, y ampliando efectivamente el plazo de 20 años de los monopolios de patentes de las empresas de medicamentos a cinco años más, lo cual constituye una amenaza para el acceso a medicamentos a precios accesibles, en especial a los medicamentos para el VIH/SIDA. El TLC también establece un precedente al aplicar el principio de que los primeros poseen prioridad (“first-in-time, first-in-right”, el primero en pedirlo se lo lleva) en la apropiación de las marcas registradas y las indicaciones geográficas (placenames, en inglés) aplicadas a los productos.

Esto significa que al primero en solicitar una marca de fábrica se le concede el primer derecho a utilizar ese nombre, frase o nombre del lugar geográfico. Esto se utilizará en foros como la OMC para oponerse al enfoque de la Unión Europea, que concede prioridad a las indicaciones geográficas (por ejemplo, parmesano, feta, roquefort, pilsner y Burgundy) por encima de las marcas registradas existentes. (Los ADPIC definen los indicadores geográficos como identificaciones del país o región donde la calidad, reputación u otra característica de un producto es atribuible esencialmente a la región geográfica).

El TLC entre Estados Unidos y Chile impone nuevas limitaciones alarmantes al uso de los controles de capital. En una declaración conjunta de ONGs, la Alianza Chilena para el Comercio Justo y Responsable (ACJR) y la Alianza para el Comercio Responsable (ART, Alliance for Responsible Trade) declaran:

“El ‘encaje’ de Chile, por el cual los inversionistas extranjeros depositaron un parte de sus inversiones en el Banco Central, fue un factor clave para proteger a la economía chilena de la debacle provocada por la crisis del “peso” en México en 1995. No obstante, este mecanismo fue eliminado ante la insistencia de la administración Bush. El nuevo tratado bilateral impediría que el gobierno chileno aplicara esos controles salvo una vez comenzada la situación de emergencia. Aún dentro de esas circunstancias limitadas, los inversionistas extranjeros tendrían derecho a entablar juicio reclamando compensaciones hasta un año después de la aplicación de la medida. Esto aumenta la presión sobre las autoridades para demorar la aplicación de controles a la fuga de capitales, quizás cuando ya resulte demasiado tarde”.

Estados Unidos presionó con éxito a Chile para que suprimiera su sistema de banda de precios agrícolas, que Chile había logrado mantener en acuerdos bilaterales con la Unión Europea y Canadá. Este mecanismo está destinado a estabilizar los costos de importación de productos agrícolas básicos a través del ajuste de aranceles sobre tales productos. Así, basado en el precio internacional de los productos básicos —trigo, harina de trigo, aceite vegetal y azúcar— los aranceles o bien se aumentan para defender un precio mínimo, o bien se reducen para defender el precio máximo.

Argentina, apoyada por los Estados Unidos, había entablado una controversia ante la OMC por este sistema y una normativa de la OMC exigió a Chile que modificara el sistema para hacerlo compatible con sus obligaciones dentro de la OMC. Estados Unidos ha estado acosando el sistema de banda de precios de Chile con el argumento de que es proteccionista. Pero al mismo tiempo no tiene problema alguno en asignar gigantescas subvenciones a su agricultura nacional (mayormente empresarial). La eliminación del sistema de banda de precios enfrenta a los pequeños agricultores chilenos, quienes generan más del 60% de la producción agrícola del país, con el sector agroindustrial altamente subvencionado de los Estados Unidos.

Tal como declarara el agricultor chileno Nicolás García al Washington Times (17/07/03), “Es el más grande que se come al más chico. Simplemente no podemos competir con las subvenciones agrícolas de los Estados Unidos”.

El TLC entre los Estados Unidos y Chile también encierra compromisos más drásticos en materia de obstáculos técnicos al comercio (que comprende normas de etiquetado de alimentos) y contratación pública. Contiene definiciones de inversión amplias tipo “TLCAN plus” que dejan la puerta abierta para que los inversionistas descontentos presenten una demanda ante un tribunal de controversias.

En mayo del año 2011 el Senado chileno ratificó el Convenio UPOV 91 sobre semillas que conforma parte de los compromisos que el país asume por el TLC. Esta aprobación despertó un fuerte rechazo de amplios sectores de la sociedad y fue asumido por los estudiantes movilizados en defensa de la educación pública.

última actualización: mayo de 2012

Foto: Luigi Bosca / CC BY-SA 3.0