Ausencia de trazabilidad, deber de vigilancia urgente: frente a los impactos de los acuerdos UE-Marruecos
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23 de julio, 2025
por Tomate sahraouie
La creciente liberalización del comercio de productos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea, en particular en lo que respecta al tomate, ha dado lugar a la aparición de un modelo agroexportador intensivo con graves consecuencias sociales y medioambientales. Este mismo modelo, que Marruecos aplica desde la década de 2000 en el Sáhara Occidental (territorio bajo control militar y administrativo desde 1975), se impone ahora con aún más fuerza con la aplicación de la estrategia Generación Verde 2020-2030. El tomate es así el símbolo de una explotación económica sinónimo de servidumbre para el Sáhara Occidental.
Sin embargo, los tomates marroquíes, como los cultivados en el Sáhara Occidental, ocupan los estantes de los grandes supermercados sin que los consumidores sean conscientes de los retos sociales, políticos y medioambientales que ello conlleva. Ante esta opacidad, ¿podría un boicot informado convertirse en un acto militante? ¿Cómo se puede conseguir que las grandes cadenas, que además se jactan de sus prácticas de RSE, garanticen la transparencia en las cadenas de suministro?
Los retos sociales y medioambientales que tiene en cuenta el deber de vigilancia
El deber de vigilancia puede mitigar los efectos negativos de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, en particular los problemas relacionados con el uso del agua, las condiciones laborales, la agricultura intensiva y la dimensión política en torno al Sáhara Occidental.
La ley francesa n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017, obliga a las grandes empresas (con al menos 5000 empleados en Francia o 10 000 en todo el mundo) a establecer, publicar y aplicar un plan de vigilancia. Este plan debe incluir un mapa de riesgos, procedimientos de evaluación, medidas de prevención, un mecanismo de alerta y un dispositivo de seguimiento, con el fin de prevenir graves violaciones de los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medio ambiente. Esta obligación abarca sus actividades directas, así como las de sus filiales, subcontratistas y proveedores con los que mantienen una relación comercial estable, regular y significativa, ya sea formalizada por contrato o no.
Aplicar el deber de vigilancia a las relaciones entre las marcas francesas y los proveedores marroquíes de tomates implica identificar los riesgos en toda la cadena de suministro. Esto ilustra también un cambio profundo en la responsabilidad comercial internacional. Las marcas y sus proveedores ya no pueden limitarse a una simple lógica comercial: deben integrar criterios sociales y medioambientales. Esto afecta en particular a los grandes grupos agroindustriales marroquíes que dominan la producción de tomates en Marruecos y el Sáhara Occidental, como Azura, Idyl o Les Domaines Agricoles.
La ley sobre el deber de vigilancia transforma así las prácticas de abastecimiento de la gran distribución francesa, al tiempo que se convierte en una poderosa herramienta jurídica para las ONG y asociaciones que denuncian los acuerdos comerciales injustos. El deber de vigilancia encarna la creciente presión de la sociedad civil, que exige más transparencia y responsabilidad por parte de los actores económicos para promover un comercio más ético.
Ya no hay nada que ocultar: la gran distribución ante las exigencias
Algunos dirán que la aplicación del deber de vigilancia es una quimera, ya que las marcas francesas pasan por sus centrales de compras europeas. De hecho, estructuras como Eurelec Trading SCRL (E.Leclerc/Rewe, con sede en Bruselas) o Eureca (Carrefour, con sede en Madrid) negocian las compras a escala europea, lo que crea una distancia geográfica y jurídica con los proveedores marroquíes y una opacidad cierta para los activistas que tratan de denunciar este sistema. Sin embargo, aunque la aplicación de las obligaciones de vigilancia es más compleja, esta deslocalización de las negociaciones no exime a las marcas francesas.
Otro problema importante es la falta de transparencia de la gran distribución sobre el origen de los tomates procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental. Entre las numerosas referencias que se ofrecen en los lineales, solo Carrefour menciona explícitamente dos productos procedentes del Sáhara Occidental. Sin embargo, la cadena también comercializa tomates etiquetados como «Marruecos», con el mismo envase Azura que los productos saharauis, a pesar de que el productor opera en ambos territorios. Por su parte, Coopérative U va más allá en la opacidad al vender tomates saharauis sin indicar su origen, lo que plantea serias dudas.
En general, las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Coopérative U, E.Leclerc, Intermarché, Lidl o Auchan) tienen dificultades para identificar claramente el origen de los tomates marroquíes que venden en sus estantes, especialmente cuando proceden del Sáhara Occidental. Más preocupante aún es que, en muchos casos, desconocen las condiciones reales de producción y el impacto social y medioambiental que estas conllevan. Sin embargo, esta falta de claridad en torno a la trazabilidad abre la puerta a numerosas irregularidades: violaciones de los derechos humanos, explotación desenfrenada de los recursos hídricos y diversas violaciones medioambientales. ¿Se trata de una simple falta de información o de una voluntad deliberada de no saber? Las cadenas, lejos de actuar, parecen preferir mirar hacia otro lado. Por lo tanto, ¿qué valor tiene su comunicación en materia de RSE, si no es una forma de hipocresía?
Ante tal opacidad en numerosos aspectos, existen palancas de acción. De hecho, si bien la ley obliga a las grandes empresas a prevenir los riesgos sociales y medioambientales en sus cadenas de suministro, la movilización ciudadana puede aportar más transparencia y responsabilidad. No hay que olvidar que estas deficiencias son también una consecuencia directa de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos.
Así, una marca francesa que tenga relación comercial con un proveedor de tomates de Marruecos —incluidos los territorios ocupados— debe integrar estos riesgos en su plan de vigilancia. Está obligada a adoptar medidas concretas para prevenirlos o mitigarlos, incluso imponiéndolos a su proveedor.
Sobre todo, los principales proveedores marroquíes de tomates, como Azura, Idyl o Les Domaines Agricoles, tienen filiales en Francia y también están sujetos al deber de vigilancia, ya sea en virtud de la legislación francesa o de la futura directiva europea. Además, estas filiales no son insignificantes. Así, Disma International (filial de Azura, gran productor de tomates y líder mundial del tomate cherry) cuenta con una base logística en Perpiñán, eslabón central de la cadena de suministro europea del grupo. Situada en la zona del Grand Saint-Charles, esta plataforma de 11 000 m² totalmente refrigerada se encarga de la recepción, el almacenamiento y el envío de productos procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental. En ella trabajan unos 150 empleados en funciones de apoyo (logística, comercio, recursos humanos, etc.). Cada año se exportan 180 000 toneladas de tomates a Francia, Alemania, Reino Unido y otros países. Con 18 000 empleados en todo el mundo, Azura registró una facturación de 475,1 millones de euros en 2024, de la que Perpiñán es una pieza clave.
Las empresas francesas y marroquíes que se benefician de la explotación económica del Sáhara Occidental están al alcance de la mano. ¡Pidámosles cuentas!
