Colombia: negociando de rodillas, firmando de rodillas y... renegociando de rodillas
Aurelio Suárez Montoya
El 22 de noviembre se firmó protocolariamente el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Por la parte colombiana lo hizo el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, antes de posesionarse como funcionario del Banco Mundial. Por la norteamericana lo suscribió el segundo al mando de la Representación Comercial, John Veroneau. Este acto es prerrequisito para la aprobación o el rechazo del TLC en el Congreso; el cual, en Estados Unidos a su vez, estaba sujeto al visto bueno sobre los textos negociados por parte del Comité Consejero para Política y Negociaciones Comerciales (ACTPN, por sus siglas en inglés), que es el mayor órgano asesor, que “representa los sectores económicos claves afectados por el comercio”.
La opinión del ACTPN, conformado también por otros comités consejeros, intergubernamental, ambiental y laboral, seis del sector de agricultura y 16 de distintas ramas de industrias y servicios, señala que “el TLC con Colombia equipara o excede los alcances negociados de otros acuerdos recientes, incluyendo el de Perú y el de Centro-América y República Dominicana”. Dentro de esos “excesos” destaca los mecanismos de arbitraje obligatorio, para las disputas inversionistas - Estado, que “cubre tanto las inversiones futuras como las existentes”, recomendando que se convierta en estándar para acuerdos futuros.
Los conceptos de los otros comités, resumidos en documento central, no son menos “elogiosos”; “ofrece un excelente marco para futuras negociaciones de libre comercio en el sector agrícola”; destaca “el compromiso de Colombia para reconocer como ‘equivalente’ el sistema (sanitario) de inspección de carne...lo cual ayudaría a eliminar problemas en futuros acuerdos”; resalta “la negociación por ‘lista negativa’ del capítulo de Servicios que permite el acceso las empresas prestadoras con limitadas excepciones específicas”; “ provee nuevos accesos a las firmas de Estados Unidos” en Compras Estatales y, en cuanto a Propiedad Intelectual, que cubre marcas registradas, patentes, indicaciones geográficas, nombres de dominios de Internet, y trabajos de copyright, afirma que “conserva altos estándares”, con cláusulas que mejoran “la protección de secretos” y “criminalizan” la piratería. En criterio de los miembros del Comité, donde hay representantes de Intel, Dell, National Pork Producers, Missouri Farm Bureau, National Association Manufacturers y USA Chamber of Commerce, el TLC con Colombia sirve en muchas materias como nuevo marco legal para satisfacer apetencias imperiales a escala global en otros acuerdos, es un prototipo. Hay algunas glosas de los sectores de textiles y vestuario en relación con Normas de Origen y de la mayoría de los azucareros que quisieron ver excluido del todo del Acuerdo a tal producto, ni siquiera una cuota para Colombia.
Veroneau y Botero no tuvieron escollo para anunciar, como dijo el primero, que "la puerta está abierta para las discusiones, y para ver qué se requiere para obtener el apoyo bipartidista” y, también el segundo expresó: “cualquier inquietud del sector demócrata estamos dispuestos a analizar y considerarla". Esto es, Colombia firmó el TLC a sabiendas que podría ser punto de choque dentro de las disputas internas entre republicanos y demócratas; no preocupó al gobierno de Uribe volverse comodín de tales disputas ni jugar con la dignidad de Colombia, en un ensayo, un pulso, firmando un Tratado sujeto a cambios, que podría no ser el texto definitivo.
El grupo civil Public Citizen, al analizar la firma, ha comunicado que “sin prestar atención a las exigencias de los Demócratas... el gobierno de Bush dejó claro que está más interesado en fomentar peleas con los Demócratas, que aprobar nuevos acuerdos comerciales...”. Al referirse a esas “exigencias” menciona, entre otras, “ una mejora en los estándares laborales y ambientales”, la supresión de la “protección de datos de prueba,” “que inflan a los costos de los medicamentos”, “un cambio en las reglas en el TLC sobre compras publicas, para salvaguardar a las leyes salariales y las políticas pro-medioambiente y anti-maquiladora”; la “revisión de las reglas frente a la privatización obligatoria de servicios como agua, salud, seguro social, y otros sectores sensibles” y la revisión de las cláusulas “agrícolas, que podrían causar desplazamiento de millones de campesinos”. Lo sucedido con la firma el TLC reitera una constante de todo el proceso: se ha hecho con el protagonismo del gobierno de Estados Unidos mientras el de Colombia ha sido actor de reparto, de rodillas. En la eventual renegociación, sin duda, adoptará la misma humillante posición.
