Colombia: un Congreso admirable
Germán Umaña Mendoza, Bogotá, 22 de junio de 2007
Este acuerdo es en esencia un tratado de protección de inversiones a la inversión extranjera directa estadounidense en lo pertinente a bienes, servicios, capital de portafolio, conocimiento (propiedad intelectual) y deuda pública, sin que exista ni siquiera una cláusula de salvaguardia cuando se produzca una crisis en la balanza de pagos.
Su seguridad jurídica es impresionante. No solo se protege al inversionista contra la expropiación directa sin indemnización, lo que es lógico y hasta se encuentra establecido en la Constitución colombiana, sino también contra la extraña figura de la expropiación indirecta y la anulación o menoscabo de las expectativas de beneficios futuros (propiedad intelectual), lo que aunado a la eliminación de requisitos de desempeño, no significa otra cosa que limitar de manera importante la aplicación de políticas públicas hacia el futuro a riesgo de ser demandados en los tribunales internacionales.
Como si lo anterior fuese poco, los foros internacionales, como el del Centro Internacional de Solución de Controversias -Ciadi, serán los naturales para interponer las demandas en el caso de conflictos tanto entre estados como entre inversionistas y Estado. Se privatiza la justicia, no en tribunales supranacionales internacionales interestatales, sino en aquellos conformados por expertos de la burocracia o la meritocracia internacional. Bastaría preguntarles a los países en desarrollo cómo les ha ido en esos conflictos, especialmente a los argentinos, para conocer los resultados y la magnitud de lo que han tenido que pagar por haber suscrito de manera irreflexiva multitud de acuerdos de protección de inversiones.
Es el paraíso para el inversionista norteamericano. Es tan conveniente que los funcionarios y negociadores de ese país se retiran de sus cargos para asesorar a las empresas multinacionales en sus demandas a pequeños países (léase Regina Vargo, líder de las negociaciones por parte de los Estados Unidos en los tratados con los países de Centroamérica y con Colombia y Perú, asesora de la denuncia contra Guatemala).
No sorprende, entonces, que en la penúltima de las tantas visitas del presidente Uribe a los E.U. su principal y más importante compañía fuera la de los presidentes de las compañías multinacionales afincadas (literalmente) en Colombia. Ante la debilidad de nuestras instituciones de control de la competencia y un Congreso tan cuestionado tendrán casi una ’patente de Corso’ para operar en nuestro país con total seguridad y desarrollar las prácticas anticompetitivas que consideren necesarias.
Mientras tanto, en el Congreso de nuestro socio, el TLC se encuentra en veremos o por lo menos aplazado, sujeto a la formulación de nuevas exigencias o cambios en sus textos. ¿Cómo explicarse la urgencia de la aprobación por parte de nuestro Legislativo ante la presión del Ejecutivo? Tampoco hay que engañarse en este aspecto: el TLC ya fue presentado al Congreso norteamericano. Unicamente falta la votación. Si se reabrieran las negociaciones, nuevamente tendría que ser suscrito y firmado por los dos gobiernos. Para el Gobierno de nuestro país esto había que evitarlo a toda costa, por ello se encuentra dispuesto a aceptar cualquier cambio, sin medir el costo.
Si la autorización al ejecutivo de los E.U., conocida como Fast Track, no se renueva este semestre, éste no podrá firmar acuerdos sin intervención directa del Congreso. No sería el caso de nuestro TLC que ya está en la agenda de esa institución y podría ser votado en cualquier momento de los próximos semestres o años. Mientras tanto se formularán nuevas condiciones y exigencias y sobre el país penderá la espada de Damocles, lo que obligará al Ejecutivo a mantener la cabeza baja, esperando pacientemente que no le apliquen el ’golpe de gracia’.
