Cómo se negoció de rodillas el capítulo agrícola del TLC
Un análisis del marco de la negociación y un ejercicio comparativo entre la oferta que Colombia había hecho en 2005 de los llamados productos “sensibles”, cuando dejó de funcionar a cabalidad la mesa agrícola, con los términos en los cuales se cerró la negociación permite concluir que los buenos oficios de facilitación de Uribe fueron, antes que otra cosa, servicios en favor de Estados Unidos que ahora trata de justificar con una estrategia oficial fundada en falacias.
Introducción: El mundo entero conoce que tanto Estados Unidos como Europa exportan sus géneros agropecuarios a precios por debajo del costo de producción, lo que se conoce como “dumping”, una práctica comercial ilegítima condenada en la misma OMC. Por consiguiente, desentenderse de esto y eliminar tarde o temprano para esos productos los impuestos de entrada a un país no es más que legalizar esa espuria práctica. El IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) estimó para 2002 el porcentaje en el cual Estados Unidos exporta algunos géneros por debajo del costo de producción así: 40% para el trigo, 25% para el maíz, 30% para la soya, 57% para el algodón y 20% para el arroz. Además, la Universidad de Tennessee ha mostrado los ingentes beneficios que ese tipo de comercio ha traído a las empresas pecuarias estadounidenses, que adquieren en su mercado interno a la barata el alimento para sus especies. El núcleo central de esa política son las cuantiosas ayudas internas que el gobierno entrega como subsidios directos al sector y que el investigador de Heritage Foundation, Brian Rield, ha calculado entre 12 mil y 30 mil millones de dólares anuales y que el Departamento de Agricultura evaluó en 24.065 millones para 2005, en 15.680 para 2004 y estima en 19.805 para 2006.
Tampoco se desconocen los daños que sufren los agricultores de los países receptores de esas exportaciones subsidiadas, tanto por la pérdida de su propio mercado interno como por la inviabilidad de exportar hacia los externos donde competir se vuelve una utopía. Cifras del Banco Mundial indican que si se eliminaran la protección y todos los subsidios, cuyo valor anual es seis veces superior al de la ayuda externa, 439.808 millones de dólares en 2003, hoy las exportaciones de las naciones pobres serían 24 por ciento más altas y sus ingresos rurales superiores en 60.000 millones de dólares y éste no será el caso del TLC, donde la negociación no incluyó la eliminación de ningún tipo de subsidio interno a su sector por parte de Estados Unidos. La labor de exterminio del ingreso de los agricultores y campesinos, que viven del cultivo de los mismos bienes agropecuarios de exportación de las potencias, contradice el supuesto acceso a “comida barata” con el cual se valida este tipo de libre comercio. El director de la FAO, Jacques Diouf, repitió en Buenos Aires en 2004 la posición de esa agencia contra los subsidios y medidas proteccionistas aplicadas por EEUU y la Unión Europea, a las que señaló como ’una de las causas determinantes de que más de 800 millones de personas en el mundo padezcan hambre”. Así se crea más hambre que el que eventualmente se puede curar.
Finalmente, los subsidios a productos para el arroz y el algodón y otras materias primas, como lo observa un editorial del New York Times del 27 de octubre de 2005, fueron introducidos como rubro presupuestal hasta 2011 con lo cual no quedan sometidos a discusión de ninguna política específica. Se consigna de hecho una ayuda permanente a las firmas comerciales como Cargill, ADM y Zen Noh que mercadean hacia el exterior, como en caso del maíz, el 80% del volumen o a empresas como la Arkansas Riceland que percibe 110 millones de dólares anuales de ayudas estatales; la mitad de lo que el gobierno ha prometido a todo el sector agropecuario colombiano como soporte anual para defenderse del TLC.
Durante 21 meses de negociación, el gobierno, con el ministro Andrés Arias a la cabeza, prometió defender productos a los que llamó “sensibles”. Al final, tan especial clasificación apenas se concedió al arroz, al maíz y a los cuartos traseros de pollo, cuando inicialmente se habló de 14 cadenas productivas que incluían soya, leche, sorgo, algodón, entre otros. Un recuento del proceso negociador de estos renglones permite juzgar si de verdad el tratamiento que se les brindó en la negociación obedeció a la categoría particular que se les había asignado, especialmente en la fase final dirigida por el presidente Uribe.
Por mucho tiempo el gobierno sostuvo que persistiría el Sistema Andino de Franja de Precios con el cual ahora está protegida la agricultura, luego advirtió que lo cambiaría por uno de Salvaguardias Especiales Permanentes, que consistirían en dejar entrar sin el pago de aranceles cantidades reguladas de producto que, de sobrepasarse, bien por excesos de volumen o bien por exageradas rebajas de precio, recibirían arancel de castigo; después dio a conocer que esas salvaguardias no operarían permanentemente, sino por un tiempo, luego anunció que tampoco operarían si el precio internacional descendía mucho y que para importar géneros agropecuarios en el TLC no se exigiría como requisito haber comprado la cosecha nacional. Poco a poco, como en un strip tease, el gobierno fue despojándose de uno en uno de los instrumentos de protección mientras Estados Unidos conservaba los suyos. Las discusiones entonces versaron sobre los términos en los cuales se iba a concretar el holocausto agrícola de Colombia y, aun en este plano, las concesiones hechas a Estados Unidos para el cierre de la negociación fueron más humillantes. Veamos los casos de esos productos “sensibles”.
El caso del arroz. En junio de 2005 la oferta de Colombia era permitir el ingreso sin aranceles de 27.000 toneladas de arroz blanco, imponer 80% como arancel de castigo para cantidades mayores, permitir que esa cantidad de arroz libre de impuestos creciera a un ritmo de 3,5% por año hasta durante 20 años al cabo de los cuales de todos modos quedaba un impuesto para las importaciones del 25%, que se conoce como arancel residual. Para el cierre, después del periplo de Uribe, el monto inicial de toneladas libres de impuestos subió a 79.000, más de tres veces lo ofrecido hace 4 meses, el ritmo de crecimiento anual de esa cantidad pasó al 5%, el plazo para llegar al pleno comercio, con arancel del 0%, bajó a 19 años y, pese a que el arancel de castigo se mantuvo, solamente operará para los primeros diez años en tanto el arancel residual del 25% también se entregó.
El caso del maíz. Si lo del arroz es triste, lo del maíz es patético. De un ofrecimiento de ingreso a Colombia de 500.000 toneladas de Estados Unidos libres de impuestos en septiembre de 2005, se pasó a una cifra final de 2 millones. En septiembre de 2005 también se ofreció aprobar que esa cuantía sin aranceles creciera año por año al 3,5%, después del viaje de Uribe se cedió hasta el 5% y el impuesto con el que se castigarían las importaciones mayores a la cuota permitida que antes se había puesto entre 70% y 60% bajó al 25%, que es una suma igual al porcentaje al cual se vende el grano gringo por debajo de su costo, lo cual hace que en la práctica el efecto real de tal gravamen sea nulo.
El caso de los cuartos traseros de pollo. Colombia en julio de 2005, con el ánimo de excluir con un truco este producto del TLC, había ofrecido una concesión a Estados Unidos de 1.000 toneladas anuales fijas de libre ingreso, en una mercancía que en el Norte se cataloga como desperdicio. Si “nuestro socio” quería exportar se sometería a los aranceles que están consolidados ante la OMC, entre el 70% y el 209%. Luego de la intervención de Uribe, la suma libre de tributo se incrementó a 26.000 toneladas y ya no sería fija la cantidad sin aranceles sino que crecería a un ritmo del 4% anual. Se determinó en 164% el arancel de castigo para exportaciones estadounidenses de este “desperdicio” mayores a la cuota permitida, porcentaje que llegará a cero en 18 años.
El caso del algodón y el fríjol. Estos dos productos que generan empleo e ingreso rural y campesino no pudieron ser peor negociados. Para el primero de ellos, en julio de 2005, se había fijado para las fibras que más se producen en el país, larga y media, que toda importación tendría un impuesto del 10% que se llevaría a cero en cinco años disminuyendo de manera proporcional en ese lapso. Después del desplazamiento de Uribe a Washington se negoció su ingreso libre en cualquier volumen desde el primer año de vigencia del TLC, así como ya se había hecho con el trigo y la cebada. Y, con el fríjol, las 6.000 toneladas libres de arancel que se habían ofertado en junio de 2005 se volvieron 15.000 en febrero de 2006 y el plazo de 20 años, que se había contemplado para llevar a cero el arancel del 60%, se convino en la mitad, en 10 años.
Porcicultura. En septiembre de 2005, las partidas de productos de porcicultura se ofrecieron con algunas salvaguardias, y se hablaba de desgravaciones desde el 70% a 15 y 20 años. Con la visita de Uribe este plazo se volvió de apenas cinco años y el máximo arancel quedó en el 30%, aunque es conocido que la carne de cerdo de Estados Unidos es precisamente un 30% más barata. Ante esta negociación, Freddy Velásquez, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, dijo: “El sector porcicultor tiene un sentimiento de frustración por lo negociado en carne de cerdo con Estados Unidos...los efectos negativos sobre la producción nacional se podrían observar a partir del año tres...”.
Oleaginosas. Igualmente en septiembre de 2005 se había ofrecido que las grasas y aceites tendrían aranceles de 40% y que se desgravarían proporcionalmente en 20 años para los más vulnerables y para los otros entre 15 y 5 Para la torta de soya se ofertó una cuota de 55.000 toneladas. Cuando Uribe fue a destrabar la negociación, con excepción del aceite crudo de soya, los demás productos de la cadena quedaron con arancel entre el 23% y el 26% que desaparecerá en cinco años y la cuota de torta de soya quedó extendida al máximo posible desde el primer año sin impuestos.
Está así demostrado que las gestiones en Washington del presidente Uribe ampliaron las concesiones ya otorgadas por los técnicos y que eso fue lo que permitió cerrar el TLC. Es un atentado no solamente contra las ramas agrícolas y pecuarias mencionadas sino contra el sector en su conjunto debido al alto grado de sustitución que hay entre unos y otros.
Pese a lo visto, el gobierno insiste en que el TLC en agricultura es un acuerdo ganador ya que, a pesar de las concesiones hechas en el mercado nacional, Colombia consiguió acceso real para sus productos “en el mercado más grande del mundo”. Como dicho “acceso” estará condicionado más por las barreras no arancelarias que por los aranceles, el promocionado “acceso real” está supeditado a las primeras y, en especial, a las normas sanitarias y fitosanitarias. El ministro, Andrés Arias, sostuvo en reciente escrito que el acceso real está garantizado porque “Colombia logró la conformación de un mecanismo permanente de consultas, coordinación y reglas de juego transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria. Ello agilizará el acceso efectivo de nuestros productos agrícolas al mercado norteamericano”. Afirma esto aunque, como se anunció públicamente el 21 de febrero, Colombia “dejó de insistir en el comité de trabajo para superar los impedimentos al ingreso de productos agroindustriales al mercado de Estados Unidos sustentados en MSF innecesarias”.
No obstante, lo que Arias presenta como un instrumento expedito de acceso no es tenido como tal por el negociador de la mesa de normas sanitarias, Juan Lucas Restrepo, quien reiteradamente advierte que el capítulo, con todo y mecanismos, constituye tan sólo un 20% de posibilidades de acceso y que el resto, el 80%, depende de el sometimiento del país a planes de trabajo en materias de sanidad animal y vegetal acorde con los estándares estadounidenses. Ya se han destinado 100 millones de dólares para ello y, con certeza, tales planes estarán supervisados por oficiales de Estados Unidos, asesorados por consultores contratistas de ese país y redundarán en la compra de tecnología estadounidense. Al final, el capítulo sanitario se convertirá en un filón de negocio para las firmas de Estados Unidos que se desempeñan en ese campo alimentado por las manías exportadoras de algunos colombianos.
Digamos de antemano que las normas de salubridad respectivas en Estados Unidos tampoco son la panacea. Varias organizaciones civiles respetables como Public Citizen, Food and Water Watch o Community Nutrition Institute han hecho estudios y pronunciamientos públicos poniendo en tela de juicio la labor del Food Safety Inspection Service a quien acusa de usar una táctica inmoral que flexibiliza las normas a las importaciones animales y vegetales solamente cuando están controladas desde el país de origen por comercializadoras norteamericanas como la subsidiaria de cárnicos de CARGILL, la empresa Excel.
Y aun así. La redacción del capítulo no otorga plenas garantías de acceso. Los renombrados mecanismos, como “el comité de consultas y concertación que resolverá demandas de acceso” y “podrá tener en cuenta evaluaciones técnicas hechas en Colombia”, por el mismo leguaje melifluo con el que se definen sus propósitos permite recordar esta frase de un político colombiano: “si quieres envolatar una decisión, conforma un comité”. Del mismo tenor es la figura del funcionario de la oficina de la Representación Comercial de USA que atenderá, se presume que con diligencia, las solicitudes que presente Colombia a las autoridades sanitarias.
Como algo lamentable debe consignarse el que como en Colombia el sistema sanitario calificado de entrada como deficiente, la reciprocidad en el control no se dará. De ahí se deduce que los excedentes de productos agropecuarios como vísceras, arroz partido, residuos de trigo y cebada, transgénicos, que no estarán regulados por el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, desperdicios de la industria azucarera, residuos sólidos de grasas, granos en calidades inferiores, lactosueros, y otras bazofias por el estilo entrarán como “Pedro por su casa”. No se requerirá de productos de gran calidad para sentenciar contra al agro y a sus productores colombianos.
Aunque con este esquema el gobierno asegura que Colombia podrá exportar frutas y hortalizas, pese a que Estados Unidos de todos modos conservará la potestad para imponer “los límites de tolerancia sobre la presencia de pesticidas” en este sector, y también aceite de palma, flores, azúcar, bioetanol y biodiesel, un estudio prospectivo del Banco de la República, con relación a las exportaciones agropecuarias entre 2007 y 2010 en el TLC, asevera que sólo crecerán 191 millones de dólares. Este cálculo se hizo creyendo que Colombia alcanzaría una cuota azucarera, que incluye panela, productos con alto valor agregado de azúcar y azúcares, de 100.000 toneladas, cuando a la postre obtuvo una de 50.000 y que las ventas de tabaco y aceite y grasas de palma se duplicaran. Con relación al primero apenas se alcanzó una cuota adicional de 4.000 toneladas cuando se aspiraba a 13.000. De tal manera que los 191 millones serán en realidad algo menos de 100.
Con relación a los productos tradicionales como banano, flores y café, el TLC admite que las exportaciones ya ganadas no decaerán pero, a la vez, que su crecimiento esperado será cero. Y, con relación al café, a nuestro país podrá ingresar café procesado de Puerto Rico y Hawai sin aranceles pese a lo cual no se logró que hubiera un reconocimiento geográfico de marca para el Café de Colombia, lo cual se sujetará a lo que decida un grupo de trabajo creado con tal fin.
Como colofón debe saberse que Colombia aceptó que solamente empresas comercializadoras, y no los productores o procesadores, serán quienes realicen las exportaciones. De tal modo que quienes producen deberán sacrificar márgenes de ganancia en aras de que los intermediarios puedan colocar las mercancías a precios competitivos. Y, de igual forma, como la cláusula más humillante, el presidente Uribe y los negociadores colombianos acordaron conceder a Estados Unidos la cláusula NMF, por la cual todo lo que se negocie en otros tratados por encima de las prerrogativas ya otorgadas a Estados Unidos se le extenderá automáticamente a este país; valga la pena decir que Estados Unidos no hizo la concesión recíproca.
Conclusión
De lo aquí anotado pueden sacarse las siguientes conclusiones.
Colombia, al renunciar a la protección arancelaria y al permitir exportaciones de Estados Unidos a precios por debajo el costo de producción, legaliza el dumping.
Al entregarse así al monopolio estadounidense el comercio de cereales y oleaginosas, se sacrifica la seguridad y la soberanía alimentarias y se violan los derechos colectivos consagrados en el artículo 65 de la Constitución que establece la debida protección a la producción de alimentos.
No sólo lo anterior sino que, a cambio de entregar un mercado masivo estratégico como el de la dieta básica, Colombia no recibe sino ilusiones en la posibilidad de competir contra otros países pobres en mercados marginales, de nicho, en géneros tropicales. No hay garantía de acceso real. Y, cuando lo haya, los productores deberán sacrificarse en aras de los comercializadores, como ya pasa en el café.
A esa iniquidad debe sumarse la no reciprocidad en la cláusula NMF. Constituye un delito de menoscabo de soberanía nacional.
El Banco de la República estima, con cuentas que pueden ser el doble de la realidad, que las exportaciones agropecuarias de Colombia a USA, entre 2007 y 2010, crecerán 191 millones de dólares; en tanto las importaciones de bienes agropecuarios norteamericanos de Colombia, en el mismo lapso y con un cálculo conservador, subirán en 570 millones.
