Costa Rica: Gobierno apurará leyes de TLC para evitar nuevo referendo
Posible consulta popular sobre dos leyes de agenda de implementación
Costa Rica: Gobierno apurará leyes de TLC para evitar nuevo referendo
30-12-07
Rodrigo Arias critica intención de opositores, pues ‘solo quieren atrasar’. Autorización dada por el TSE solo sería viable si Congreso no ha aprobado planes
El Gobierno intentará dar más celeridad a la aprobación de la agenda de implementación del TLC, con la intención de evitar un nuevo referendo.
Así responderá el Ejecutivo tras conocer la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que un grupo de opositores del TLC recoja unas 130.000 firmas y haga posible la organización de una consulta popular adicional a la del 7 de octubre, en la que triunfó el SÍ.
“Esas leyes se van a aprobar. Dentro del trámite que llevan, esperamos que se puedan aprobar en enero o la primera quincena de febrero. La solicitud (de los opositores) no va a surtir efecto, porque una consulta sobre leyes aprobados no tendría mucho sentido”, declaró ayer el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, desde su casa de descanso en Guanacaste.
El 21 de diciembre, el TSE dio luz verde a tres organizaciones ambientalistas para que pidan apoyo popular a un nuevo referendo, ahora sobre el proyecto de “Ley de Protección de Obtenciones Vegetales” y el convenio internacional UPOV, sobre el mismo tema.
Ambos son expedientes que están en la corriente legislativa como parte de la agenda de implementación de 12 proyectos que, según el Gobierno, debe estar aprobada antes de marzo para que Costa Rica quede dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Los proyectos de obtenciones vegetales cambiarían las reglas sobre quién sería el dueño de los diversos tipos de semillas.
Si ambos proyectos se aprueban en el plazo que pretende el oficialismo, la solicitud respondida por el TSE no tendría ninguna validez, explicó el magistrado del órgano electoral Max Esquivel.
“La ley nuestra no impide que un proyecto de ley se siga tramitando en la etapa inicial de un proceso de referendo”, explicó Esquivel.
Los impulsores del nuevo referendo tendrían entonces que plantearlo de modo diferente. El dilema ya no sería si aprobar o rechazar ambos expedientes legislativos, sino si mantener o derogar las leyes que estarían aprobadas. El primer tipo de referendo se llama “constitutivo” y el segundo, “abrogativo”.
Un departamento del TSE debe atender la orden de los magistrados de elaborar los formularios para empezar a recoger firmas (el 5% del padrón nacional).
Los interesados deberán recolectar las firmas an un plazo de nueve meses, prorrogable a diez, según los establecido por la Ley de Regulación del Referendo para un proceso por “iniciativa popular”.
Así se empezó a abrir la puerta para el primer referendo en la historia del país, el 7 de octubre, con la diferencia de que el Gobierno no quiso esperar todo ese tiempo y decidió convocar el referendo, pese a que antes rechazó la idea.
Rodrigo Arias evitó ayer hacer un pedido a los ciudadanos sobre la actitud para cuando les pidan una firma para el nuevo referendo. Estimó, sin embargo, que los temas de obtenciones vegetales son muy técnicos y deben ser tramitados en el Congreso. “Preferiría que no den su firma. No hace falta”, manifestó Arias.
