Costa Rica: TLC y Constitución
ANEP, 12-5-07
1- La atinada decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de admitir para su estudio la Consulta de Constitucionalidad del TLC, presentada el 27 de abril anterior, por la señora Defensora de los Habitantes de la República, la Dra. Lisbeth Quesada Tristán, constituye a ojos de la amplísima y diversa coalición opositora a ese tratado, el mayor desafío de toda la historia de la Sala IV, por la trascendencia de su pronunciamiento.
2- Tal desafío está determinada por una de dos posibilidades, completamente excluyentes la una de la otra. Por un lado, la determinación de inconstitucionalidades en el TLC, ayudaría a restaurar la confianza en el sistema republicano de división de poderes, seriamente lesionado en los últimos tiempos por el asunto del TLC y otros temas estratégicos de gran conflictividad social, como la reelección presidencial.
3- Es tan grave el crecimiento de la percepción ciudadana de la perversión del concepto de división de poderes, que ya alcanzó al propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con su cuestionado fallo a favor del "referéndum express" que quieren los hermanos Arias Sánchez, en este asunto del polémico "tratado comercial" con Estados Unidos.
4- Si la sensación de "compadre hablado" que se ha percibido en fallo del TSE que rechazó el referéndum sobre el TLC bajo el principio de Iniciativa Ciudadana, se repite en el caso de la Consulta de Constitucionalidad de la Defensoría; se habrá dinamitado irreparablemente lo poco que queda de solidez en la confianza en la institucionalidad republicana vigente. En consecuencia, amplios sectores de la ciudadanía verán, seguramente, en el Derecho a la Desobediencia Civil, una respuesta a la creciente asfixia a la democracia que representa la estrategia política de "tiranía en la democracia", la dictocracia, que ha venido imponiendo el régimen de los hermanos Arias Sánchez.
5- Por otro lado y el contrario, si la Sala IV encuentra inconstitucionalidades en el TLC, halladas ya por prestigiosos juristas de alto calibre intelectual, de fuerte solidez académica y de enorme prestigio en el foro nacional, libres todos de la más mínima sospecha de simpatías con los movimientos sindical y social opuestos al TLC; se abrirá la senda para la construcción nacional de un escenario de reencuentro de la sociedad costarricense, en donde todas las fuerzas sociales, cívicas y políticas de todas las procedencias, procedamos a conformar y a debatir sobre la necesaria agenda de desarrollo que, basada en el bien común, devuelva a nuestro querido país por la senda de la inclusión, la equidad, la solidaridad, la movilidad social y la paz que tanto valoramos.
6- Además, el Gobierno de la República podrá demandar ante su homólogo estadounidense la reapertura de un proceso negociador, ya no solamente con carácter bilateral (Costa Rica-Estados Unidos), sino que, con base en dos elementos estratégicos. Por un lado, invocando los principios del comercio justo entre naciones de una sideral disparidad asimétrica en cuanto a desarrollo económico y social.
7- Por otro, teniendo presente el nuevo escenario político en el congreso estadounidense, donde la mayoría democrática ha bloqueado otros tratados en proceso de tramitación, precisamente por contener verdaderos atentados a los derechos humanos como los tiene el que le han querido imponer a nuestro querido país.
8- El país queda en espera. Pero las fuerzas sociales, cívicas y políticas opuestas al nefasto TLC, no se detendrán ni un minuto, no solamente en su proceso organizativo para la sepultura del mismo en las urnas en el referéndum anunciado para setiembre; sino para la nueva alternativa de movilización ciudadana vía Referéndum de la Calle, en pro de las históricas demandas de saneamiento republicano de la institucionalidad pervertida, por medio de la pérfida concepción de "tiranía en la democracia"; la dictocracia, demandas que incluyen la necesidad de una igualdad de condiciones para la consulta democrática de setiembre sobre el TLC.
San José, 12 de mayo de 2007.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
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