El chantaje de la Unión Europea obliga a Bélgica a lograr un acuerdo para desbloquear la firma del CETA

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El chantaje de la Unión Europea obliga a Bélgica a lograr un acuerdo para desbloquear la firma del CETA

Comunicado de la Campaña NoalTTIP, CETA TiSA

27 de octubre de 2016

A unos pocos días de las declaraciones del Primer Ministro belga, Charles Michel, relativas a la imposibilidad por parte de Bélgica de firmar el CETA y de la cancelación de Cumbre UE-Canadá, prevista para hoy 27 de octubre, en la que la se esperaba firmar el acuerdo, llega la noticia que el Gobierno federal de Bélgica y los Ejecutivos regionales del páis han aclanzado finalmente un acuerdo para dar al gobierno federal belga luz verde para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá y de facto desbloquear la firma del tratado.

Una copia del acuerdo (una declaración entre el gobierno federal y los regionales) fue enviado a los embajadores de los 28 Estados miembros, que se reunirán en breve en la formación del COREPER (el Comitato de Representantes Permanentes encargado de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea) para discutir si aceptar la oferta belga.

Recordamos que varios gobiernos regionales belgas se habían posicionado en contra de la autorización de la firma del CETA: Valonia, la Federación de Valonia – Bruselas y Cocof (la comunidad francesa), mientras el gobierno federal, la comunidad alemana y la flamenca respaldan el ‘si’ a la autorización. Bélgica es el único país que atribuye a sus parlamentos regionales el poder constitucional de oponer veto a los acuerdos internacionales de comercio antes de la autorización de su firma.

El ‘acuerdo’ belga no aporta modificaciones relevantes al texto del tratado UE-Canadá. Se trata más bien de una declaración conjunta entre el Gobierno federal y los gobiernos regionales que, bajo ciertas condiciones, han autorizado a la firma del CETA.

La declaración recoge algunas condiciones relativas a diferentes aspectos:

Los jueces del Sistema de Tribunal de Inversión que el CETA crearía, tendrían que ser “jueces profesionales“, algo que no recoge el tratado CETA y por lo tanto es improbable que se cumpla esta condición del acuerdo belga.

Se pide el reconocimiento de unas garantías para que las PyMEs puedan acceder al sistema de arbitraje. Se trata en este caso de una pretensión tramposa ya que las PyMEs no serían capaces de costear estos procesos, debido a sus altos costes (varios millones de euros). Investigaciones académicas muestran que en el 95% de todas indemnizaciones concedidas en los casos judiciales de arbitrajes internacionales privados, los grandes ganadores de estos casos fueron grandes corporaciones (de más de US-$ 1.000 millones en ingresos anuales) e individuos súper ricos (con más de $ 100 millones de riqueza).

Quedan incluidas cláusulas para consumidores y agricultores para activar una mayor protección y apoyos económicos específicos, pero como tales cláusulas no están integradas en el tratado CETA, tendría que ser el propio gobierno belga quien asuma las medidas. Mientras en el CETA no hay ninguna obligación para las empresas transnacionales y los actores financieros especulativos, sí hay una legislación contundente que garantiza los beneficios de dichos actores corporativos en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías sociales.

Se afirma el deseo de excluir los servicios públicos del CETA, pero es una declaración de buenas intenciones ya que está demostrado que los servicios públicos no están excluidos del CETA. Es más, de firmarse el CETA, los servicios públicos sufrirían una profundización en los procesos de privatización y externalización. El CETA además, impide las re-nacionalizaciones.

Las presiones y chantajes feroces de la Unión Europea, de la patronal europea y de algunos gobiernos europeos como el alemán y francés han surtido efecto: han logrado asestar otro golpe a la democracia, similar al que hemos vivido contra el pueblo griego en julio del 2015 con la imposición del tercer memorando , causa de más endeudamiento ilegítimo, privatizaciones y recortes en Grecia.

También ha habido una presión inaceptable por parte del gobierno belga, de corte derechista y ultraliberal a los gobiernos regionales como el de Valonia, amenazando con recortes en subvenciones y otras consecuencias políticas y económicas.

Las presiones ejercidas por la Comisión Europea son especialmente graves, ya que violan la soberanía democrática y parlamentaria y rensponden únicamente a los intereses del gran capital y de las asociaciones empresariales.

Igual de grave es el chantaje del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz que, sin ningún mandato, ha interferido en los procesos soberanos de Bélgica.

La declaración de Bélgica recoge la posibilidad para los parlamentos regionales de no ratificar el CETA y la obligación para el Gobierno federal de informar a la UE de la eventual no-ratificación. Esta posibilidad podría paralizar la aplicación provisional del acuerdo, otro elemento anti-democrático que será abordado en el Consejo de la UE.

El impasse que se ha creado es sin lugar a dudas una pequeña victoria del movimiento internacional de lucha contra los tratados CETA, TTIP y TiSA y que se reflejó en la másiva movilización del pasado 15 de octubre en todo el territorio español, que vio la participación de miles de personas.

Llegados a este momento no podemos parar la lucha.
Desde la Campaña NOalTTIP seguimos denunciando las políticas comerciales de la Unión Europea y hacemos un llamado en apoyar la Movilización Continental de Latinoamérica los días 4 y 5 de noviembre, organizando acciones de protesta en los diferentes territorios.

Todas y todos, desde los diferentes lugares del planeta debemos seguir luchando para conseguir desmantelar y transformar el regimen internacional de comercio e inversión, la arquitectura de la impunidad y el poder de las empresas transnacionales. Por esto es cuanto más importante seguir en la lucha.

source: No al TTIP