El impacto de los TLC y el poder de las transnacionales en Colombia
El impacto de los TLC y el poder de las transnacionales en Colombia
Por Enric Llopis, 3-6-14
Entrevista a Iván Forero, sociólogo y activista por los derechos humanos
En 1998, el sociólogo e historiador colombiano Iván Forero Robayo coordinaba el proyecto de investigación “Colombia nunca más. Crímenes de lesa humanidad”. Con más de 38.000 casos incluidos en su base documental, las fuerzas armadas allanaron la sede de la ONG “Justicia y Paz”, que acogía los registros. A partir de ese momento, comenzó la persecución y el exilio (durante 16 años) del activista, quien, actualmente en el estado español, forma parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Iván Forero ha explicado los efectos de los Tratados de Libre Comercio en Colombia, y los paralelismos con otros países, singularmente México, en las Jornadas por la Paz y la Reconciliación organizadas en Valencia por la ONG Entre Iguales. Además, ha analizado los intereses y conexiones con el poder político de las transnacionales presentes en el territorio colombiano.
-¿Qué suponen los Tratados de Libre comercio como el suscrito entre Estados Unidos y Colombia?
Los Tratados de Libre Comercio arrancan de una nueva concepción geopolítica, tras la caída del Muro de Berlín, en la que se impone la hegemonía neoliberal de Estados Unidos y la Unión Europea, fruto del Consenso de Washington desde 1989. Aunque antes Estados Unidos ya venía trabajando en un proyecto global para todo el continente cuyo propósito era construir un área de libre comercio para todo el continente, el llamado Área de Libre Comercio de las Américas ALCA. En 1994 se firma el NAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, primer paso en esta dirección. Este acuerdo constituye un punto de inflexión. Después vendrían otros Acuerdos. El 10 de octubre de 2011 el Congreso norteamericano aprueba el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, que entra en vigor el 15 de mayo de 2012. Las negociaciones empezaron mucho antes, en 2007. Pero lo importante es que Estados Unidos trabaja en las dos vías, con los acuerdos comerciales regionales y en los bilaterales, de país a país.
-¿Pueden observarse regularidades, pautas o efectos que se repitan en los Acuerdos de Libre Comercio?
Una constante de los TLC es la promoción del ajuste estructural que impone modificaciones profundas, con cambios constitucionales, que se traducen en pérdidas de soberanía. Por ejemplo, sobre los recursos naturales del país, como ocurrió en México con el NAFTA y también en Colombia. Para Estados Unidos el TLC es un tratado, pero para el otro país suscriptor es un marco que obliga más que la constitución, o que incluso puede obligar a que se modifique el texto constitucional. Se cede, en definitiva, soberanía política, económica y cultural. En México, por ejemplo, se liberalizó la propiedad ejidal (tierras de las comunidades indígenas y campesinas), uno de los motivos del levantamiento en Chiapas. En Colombia ocurrió lo mismo. Además, y esto sirve para cualquier TLC, a continuación llegaron las grandes inversiones transnacionales en minería extractiva. Otra cuestión importante es que los territorios (en Colombia, México, América Central) ya no dependen tanto del estado central como de los gobiernos locales y las relaciones que establecen con las transnacionales.
-¿Puedes poner algún ejemplo de los principales impactos de estos tratados?
Canadá y Estados Unidos trasladaron a la frontera con México sus industrias maquiladoras, que producen bienes manufacturados con recursos naturales baratos, mano de obra casi esclava y leyes en materia ambiental muy laxas (y eso que son industrias altamente contaminantes). La propia dinámica de las maquilas hace que la producción se vaya desplazando territorialmente, al tiempo que se sobreexplotan personas, recursos naturales y comunidades. En el caso colombiano, hay territorios en los que se han fortalecido las “zonas francas”, incluso con una legislación ambiental y laboral específica favorable a las multinacionales, gracias a las llamadas leyes de protección de la seguridad jurídica de las empresas y el llamado tratamiento nacional, con lo que se liberan en gran medida del pago de impuestos.
A todo esto se agregan los megaproyectos que explotan los recursos naturales. Pero en Colombia el TLC implica, además, la “reprimarización” de la economía (como en los siglos XVII, XVIII y XIX), al situar en el centro los proyectos minero-energéticos para la exportación, en los que se ha especializado el país. Este orden de prioridades deja del lado el desarrollo interno. Asimismo, se trata de iniciativas que en ningún caso revierten en las comunidades autóctonas, profundizando el empobrecimiento y la violencia, el desplazamiento forzado, hoy más de 7 millones de personas en esta grave situación humanitaria.
-Estableces, por tanto, una relación directa entre los megaproyectos mineros y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia.
El TLC les ofrece amparo a los megaproyectos. Por ejemplo, a las concesiones para los grandes proyectos de extracción de oro. Se ha hecho entrega de títulos de extracción minera a transnacionales para que operen en el Chocó, la Orinoquía, el Sur de Bolívar o el nordeste antioqueño, entre otros departamentos. Hay 151 municipios de 25 departamentos afectados por la minería ilegal, más de 9.000 unidades de producción minera sin títulos y licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por grupos armados. Se calculan unos 15.000 mineros informales. Es cierto que ha subido el precio del oro en el mercado internacional. Pero históricamente el oro en Colombia se ha basado en la minería artesanal y en los pequeños extractores, que incluso podían combinar esta actividad con la agricultura y la ganadería. Colombia exportó hasta septiembre de 2012 51 toneladas de oro por 2.331 millones de dólares. Con la irrupción de la “gran minería”, sobre todo de la mano de transnacionales sudafricanas y canadienses, la tecnología pasa a ser de carácter “extractivo” , más contaminante, favorecida además, por el nuevo código minero que desde 2001 se les impuso a los mineros informales, dejándoles en la ilegalidad y criminalizándolos. De hecho, hay zonas donde la contaminación de las aguas y la muerte de los ríos han forzado desplazamientos de población (por ejemplo, en el Sur de Bolívar).
-¿Tiene que ver la presencia de multinacionales en el territorio con los “puntos calientes” del conflicto armado?
Las zonas mineras convergen con áreas de conflicto. El estado colombiano ha favorecido (mediante el paramilitarismo) el despojo de territorios. Cuando se “cruza” la realidad de zonas con recursos naturales y presencia del conflicto armado, se observa que la guerrilla de las FARC y el ELN, desde los años 80, se implantaron en esos territorios con la idea de proteger los recursos naturales. Es decir, mantener la soberanía sobre los recursos. Desde 1998, la época de Pastrana en adelante, entra en escena el “Plan Colombia”, que se “vendía” (en la misma línea que el TLC) como una fórmula para acabar con los cultivos de coca, pacificar el país e impulsar el despegue económico. Pero en realidad el “Plan Colombia” fue un plan estratégico contrainsurgente, profundizando aún más la degradación del conflicto, agudizando la crisis de derechos humanos, dando mayor margen de ganancia al ilegal pero creciente negocio del narcotráfico.
-¿Qué efecto ha tenido todo ello en las poblaciones campesinas?
Un claro ejemplo es el departamento de Guainía (en la frontera con Brasil y Venezuela), donde tradicionalmente se ha trabajado en la minería. Pero con la explotación (más recientemente) del oro y del coltán (para celulares y aparatos electrónicos) se ha puesto contra la pared a las poblaciones indígenas, afectando gravemente la frágil geografía de la Orinoquía y Amazonía colombianas. El estado, además, en el marco de la guerra contrainsurgente, ha favorecido la entrada de grupos paramilitares (financiados con el narcotráfico) y de las transnacionales (también en connivencia con las fuerzas armadas y los paramilitares). La misma connivencia se ha producido en otras zonas, como el departamento petrolero de Arauca. Esto explica la política de exterminio sistemático de líderes sindicales. Colombia es, de hecho, el país del mundo con más dirigentes sindicales asesinados, particularmente de sindicatos energéticos como la Unión Sindical Obrera. Para 2013, se reportaron por parte de la Escuela Nacional Sindical (ENS) unos 27 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, y 13 detenciones arbitrarias.
-Además de la minería, ¿se han dado estos procesos en otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo rural?
Actualmente se repite en Urabá lo que ocurrió con la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928, y de la que García Márquez habla en “Cien años de soledad”. En la época, la industria bananera se encontraba en manos de la United Fruit Company; en Urabá, hoy, predomina la Chiquita Brands. Se da, además, la misma connivencia con los grupos paramilitares. De hecho, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que da cuenta de esta situación. Es decir, la connivencia entre Chiquita Brands International, paramilitares y estado colombiano. Hay, por ejemplo, una relación directa entre los barcos de Chiquita que comercializaban bananos, armas y drogas, a cambio de exterminios de población y la liquidación de sindicatos bananeros en Urabá. Chiquita Brands International pidió a una corte federal de apelaciones el jueves que desestime las demandas iniciadas contra la gran productora multinacional por familiares de miles de colombianos muertos en una cruenta guerra civil, alegando que las cortes estadounidenses no son las que deben entender en el caso. El abogado de la empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo a un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito que cualquier acción legal emprendida por los familiares debe proceder en Colombia y no en Estados Unidos. Fueron exterminados más de 50.000 sindicalistas y campesinos bananeros de la región. En esa región de casi 20 municipios, había sido fuerza mayoritaria la Unión Patriótica. Pues bien, en muchos de los municipios, como Apartadó, los alcaldes de la Unión Patriótica fueron liquidados.
-En tu conferencia has citado también el ejemplo de la palma aceitera.
La palma aceitera lleva muchos años explotándose en el mundo (desde los años 60 en Indonesia). En aquella época se utilizaba, por ejemplo, para productos de belleza, pero hoy su usa principalmente para los agrocombustibles. En Colombia, desde los años 70, hay zonas de producción de palma aceitera en el departamento del Cesar y el norte de Santander, con dos municipios muy destacados (San Alberto y Aguachica), donde en los 80 se produjo un exterminio de líderes sindicales. Pero a finales de los 90 y en los 2000, se intensifican otras dos vías. En primer lugar, favorecer las exportaciones hacia la zona Pacífica (por ejemplo, el puerto de Buenaventura y Tumáco); además, hay un proyecto de un nuevo canal interoceánico entre Panamá y Colombia. A ello se le agrega la explotación del Occidente colombiano (por ejemplo, el Chocó, departamento muy rico en recursos naturales y biodiversidad, que alberga 2.800 especies de flora y fauna endémicas). Después, con la necesidad de explotar los recursos naturales, se producen bombardeos indiscriminados sobre la población, desplazamiento forzado de amplios territorios de población afrodescendiente e indígenas, territorios con titulación colectivos que serán plantados con Palma.
-¿Con qué efectos?
Se generaron grandes desplazamientos de población, la mayoría población negra e indígena, que habitaban en tierras colectivas. En esos territorios de Occidente, los mismos paramilitares van a plantar la palma aceitera (se siembran casi 200.000 hectáreas en la región). La planta de la palma aceitera se “chupa” 20 litros de agua diarios; además, para que sea productiva han de utilizarse sustancias químicas, que contaminan el agua y destruyen el territorio; también destruye insectos y dificulta la polinización. Todo ello, en la selva intertropical más rica en biodiversidad por metro cuadrado del planeta, mayor incluso que la de la Amazonía.
Pero lo más grave es la sistemática violación de los tratados internacionales que obligan al estado colombiano a garantizar el derecho a la consulta previa y debidamente informada para poder expresar el consentimiento de las comunidades a este tipo de explotaciones y megaproyectos.
-Por último, te has referido a los acuerdos comerciales con Estados Unidos. ¿Tienen las mismas características los que se rubrican con la Unión Europea?
A diferencia de los tratados con Estados Unidos, tratados bilaterales, los que suscribe la Unión Europea son birregionales, en este caso, el Acuerdo de Asociación entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones. Viendo las condiciones leoninas del Tratado, Venezuela, Bolivia y Ecuador se retiraron de las negociaciones, que continuaron con Colombia y Perú. El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas.
Sin embargo, ahora mismo continúan las discusiones sobre un Tratado que incluye más de 250 cláusulas comerciales, dado que no se ha cumplido el trámite regular de la aprobación por parte de todos y cada de los países miembros de la UE y Perú y Colombia, y sin embargo de manera ilegal, se acordó dar inicio a apartados del tratado.
Su sentido es, en última instancia, situar en el centro a las multinacionales europeas, y sus inversiones en Colombia y Perú. Como siempre, esto se “vende” como la necesaria internacionalización de la economía.
Los Acuerdos de Asociación firmados con la UE a diferencia de los TLC con Estados Unidos, tienen tres pilares: diálogo político, cooperación y libre comercio. Este último contiene cláusulas sobre acceso a mercados; reglas de origen; asuntos aduaneros y facilitación del comercio; obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias; defensa comercial; servicios, establecimiento y movimiento de capitales; compras públicas; propiedad intelectual; competencia; solución de diferencias, asuntos horizontales e institucionales; comercio y desarrollo sostenible; y asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. Entre estas se incluyen cuestiones vinculadas a la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, así como compromisos sobre derechos laborales y protección ambiental.
No obstante, este proceso ya de por sí ha socavado el proceso de integración regional de la Comunidad Andina, y es evidente que tendrá graves efectos negativos socio-económicos y medioambientales.
Hace algunas semanas la Corte también declaró inconstitucional el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico aprobado por el Congreso colombiano porque tenía vicios de forma, entre ellos que le faltaban dos artículos, lo que obligará al Gobierno a presentar de nuevo esta iniciativa. Y ahora, este pasado 15 de mayo, La Corte Constitucional de Colombia declaró "inexequible", es decir, que no procede, el decreto 1513 expedido en 2013 por el cual "se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Bruselas el 26 de junio de 2012.
Así las cosas, en el nuevo contexto electoral, y en el marco de las mesas de la Habana, en los diálogos con las FARC, si efectivamente se quieren superar las causas estructurales del degradado conflicto colombiano se tendría que parar definitivamente estos TLCs que no hacen otra cosa que profundizar la grave crisis humanitaria de millones de campesinos, indígenas, sindicalistas, pobladores urbanos, y alejando cada vez más la posibilidad de una verdadera Colombia en Paz con justicia social.
