En Costa Rica piden nuevamente que se declare inconstitucional TLC con EEUU
14/06/07
El representante de la Coordinadora Nacional de Lucha contra el Tratado de Libre Comecio (TLC), Jorge Coronado, y uno de los líderes de la manifestación que recorrió las principales avenidas de San José y finalizó en la sede de la Sala Constitucional de Costa Rica, instó a los magistrados a declarar inconstitucional el acuerdo comercial con EEUU.
Según diputados del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad Sin Exclusiones, el TLC contiene quince articulados que van en contra de los principios establecidos en la Carta Magna.
Entre ellos señalan los relacionados con la propiedad intelectual, solución de controversias entre inversionistas y el Estado, servicios de telecomunicaciones, de salud, ambiente, aspectos laborales, territorio y soberanía.
Prensa Latina destaca que una investigación de la Universidad de Costa Rica coincide con esos partidos opositores, que entregaron a la Sala, en mayo último, un documento de 130 páginas en el que exponen sus argumentos.
El texto está actualmente en estudio. De confirmarse los roces con la Constitución, el referendo programado para el 7 de octubre próximo quedará cancelado.
El Tribunal Supremo de Elecciones acogió una solicitud del gobierno de Oscar Arias, para realizar una consulta popular que decidirá si se ratifica o no el TLC.
Previo a estos movimientos legislativos, el ex diputado del Partido de Liberación Nacional, José Miguel Corrales había promovido la consulta, pero sobre la base de la Ley de Regulación del Referendo, la cual establece la recopilación del cinco por ciento de las firmas de los quienes componen el padrón electoral.
El TLC aprobado por el anterior Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) ha estado casi dos años en discusión legislativa, debido al fuerte rechazo que genera.
Sectores políticos opositores al Gobierno, sindicatos y organizaciones sociales se oponen al Tratado porque aseguran que daña la soberanía del país, beneficia sólo a los ricos, afecta legislación laboral y privatizará instituciones estatales.
