Para proteger la Amazonía, Colombia debe salir del arbitraje inversionista-Estado
La Silla Vacía | 22 de Noviembre, 2025
Para proteger la Amazonía, Colombia debe salir del arbitraje inversionista-Estado
Por Tim Hirschel-Burns y Fiorella Paredes.
La semana pasada, durante la COP30, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, declaró la sección de la Amazonía colombiana como zona libre de gran minería e hidrocarburos. Colombia se ha convertido en el primer país en hacer esta declaración.
Aunque las actividades hidrocarburíferas y mineras a gran escala no son la única causa de la deforestación de la Amazonía, hay una lógica clara detrás de esta decisión. Estas actividades han contribuido a la deforestación mediante el desmonte de bosques, la construcción de carreteras que fragmentan los hábitats, y los derrames de petróleo. Además, hay un incentivo económico detrás de esta decisión: la demanda del petróleo sigue bajando y la reserva colombiana se disminuye, pero la Amazonía continuará siendo central para la salud y el futuro de los colombianos. Esta decisión también le ha dado a Colombia la oportunidad para continuar su liderazgo ambiental internacionalmente.
Sin embargo, nuestra investigación encuentra un obstáculo en este plan para una Amazonía libre de actividades extractivas: la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Incluida en los acuerdos de inversiones internacionales de Colombia, este mecanismo otorga a los inversionistas extranjeros—tales como empresas petroleras y operando en la Amazonia—un derecho especial para demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales cuando consideren que alguna acción o inacción gubernamental ha generado daños al valor de sus inversiones. Proteger la Amazonía requerirá limitar la actividad económica destructiva, pero la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados implica que tales acciones conllevan el riesgo de costosas demandas.
Si el gobierno quiere solidificar su legado de protección amazónica, debería asegurarse de que Colombia no se vea obligada a actuar con una espada colgando sobre su cabeza. Esto requerirá deshacerse de los compromisos de Colombia con la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados.
La semana pasada publicamos una nueva investigación en la que identificamos la magnitud del riesgo que plantea la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados en el sector de gas y petróleo en los países amazónicos. Mediante nuestra investigación, descubrimos que 218 proyectos de gas y petróleo, que en conjunto contienen una suma de 26,5 mil millones de barriles de petróleo, están cubiertos por los mecanismos de protección a la inversión extranjera.
Esto significa que, a medida que los países implementen medidas para proteger la Amazonía hay un riesgo significativo de que empresas petroleras extranjeras, cuyos modelos de negocio dependen de la deforestación, presenten demandas en los mecanismos de protección a la inversión extranjera que podrían costar miles de millones de pesos.
El nuevo anuncio de Colombia sobre la Amazonía es un caso clásico de este riesgo. Colombia es el país con más proyectos de petróleo y gas expuestos a la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados entre todos los países amazónicos, con más de la mitad del total. Algunos de estos proyectos se encuentran en Putumayo, uno de los departamentos bajo el nuevo plan ambiental.
Por ejemplo, el lote Costayaco de petróleo y gas está ubicado al lado del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande, hogar de comunidades indígenas Kofán y de especies de plantas y animales poco comunes. Las comunidades indígenas han protestado contra el proyecto, incluyendo un incidente en el cual se reporta que fuerzas públicas dispararon contra los manifestantes, y la muerte de un joven de 22 años. Las comunidades también han reportado derrames de petróleo.
Este contexto sugiere que el lote Costayaco representa una amenaza para el bosque y las comunidades locales. Sin embargo, al pertenecer a la empresa canadiense Gran Tierra Energy y estar protegido por el tratado de libre comercio que incluye mecanismos de protección a la inversión extranjera, limitar o detener la producción de Costayaco podría resultar en una demanda de la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Lo mismo ocurre con los demás proyectos en Putumayo propiedad de Gran Tierra, así como con el campo petrolífero y gasístico de Apaganto, propiedad de una filial de la empresa china Sinochem (el tratado bilateral de inversiones entre China y Colombia también incluye la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados).
Este riesgo probablemente fue un factor que contribuyó a la decisión del gobierno de limitar su prohibición únicamente a nuevas actividades de hidrocarburos y minería, permitiendo que las actividades existentes continúen hasta el final de sus contratos. De hecho, Vélez declaró en la COP30 que los mecanismos de protección a la inversión extranjera son una restricción sustancial en la capacidad de Colombia de implementar políticas justas en la transición energética. Esta es una muestra clara de cómo los mecanismos de protección a la inversión extranjera limitan la voluntad regulatoria del gobierno.
Las autoridades colombianas saben mejor que nadie que las demandas de la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados pueden interponerse contra medidas ambientales: después de una decisión de la Corte Constitucional del 2016 que impidió a una empresa canadiense llevar a cabo actividades de megaminería en el Páramo de Santurbán, la empresa presentó una demanda. En Italia, tras la prohibición gubernamental de la perforación costa afuera, el Estado se vio obligado a pagar 830 mil millones de pesos a una empresa petrolera que lo que lo demandó por dicha medida.
En el largo plazo, la magnitud exacta del riesgo de los mecanismos de protección a la inversión extranjera asociado con la reciente declaración del gobierno dependerá de cómo se definan las nuevas actividades de minería e hidrocarburos. También de si empresas como Gran Tierra adoptan una interpretación amplia de sus derechos bajo los tratados de inversión de Colombia (debe ser tomado en cuenta que aún faltan pasos para que el gobierno formalice la decisión).
Pero el gobierno no debería verse obligado a considerar el ejercicio legítimo del poder público contra el riesgo de demandas arbitrales que cuesten miles de millones. Sin las disposiciones de la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, las empresas extranjeras aún tendrían acceso a la justicia, a través de los tribunales nacionales, tal como las empresas colombianas.
Abandonar los mecanismos de arbitraje de inversión no debería generar mayor impacto en la economía colombiana. No hay evidencia sólida de que los tratados de inversiones internacionales realmente estimulen la inversión extranjera, y Brasil, siendo el quinto mayor receptor de inversión extranjera directa en el mundo, nunca ha firmado ningún acuerdo con la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados.
Colombia debería seguir el ejemplo de Sudáfrica y retirarse de los tratados de inversión que incluyen la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Idealmente, los socios comerciales que compartan el interés en la protección de la Amazonía y en enfrentar el cambio climático cooperarían, pero si no, Colombia podría retirarse unilateralmente.
Proteger la Amazonía y gestionar la transición energética ya es suficientemente difícil sin el riesgo de tener que pagar miles de millones de pesos a empresas de los países más responsables de la crisis del cambio climático. El gobierno colombiano ha demostrado su compromiso con proteger la Amazonía de actividades extractivas destructivas. Al deshacerse de la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, podría garantizar que los gobiernos futuros no tengan que preocuparse de continuar con esta política sin asumir un costo financiero enorme.
