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Podcast: Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales

Ilustración: TNI

TNI - RadioUChile | 23 de Mayo, 2025

Podcast: Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales

En un mundo marcado por incendios, sequías y fenómenos climáticos extremos, la humanidad busca implementar una transición energética hacia fuentes renovables. Sin embargo, esta transición está generando nuevos desafíos, conflictos eco-territoriales y amenazas para las comunidades del Sur Global. ¿Es esta la transición que necesitamos, o solo otra cara del mismo modelo de explotación? ¿Estamos dispuestos a cambiar el sistema que provoca esta crisis?

Para abordar estas preguntas, el Transnational Institute (TNI) y Radio Universidad de Chile presentan la serie “Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales”, que analizan las tensiones entre la crisis climática, el extractivismo y la lucha de los pueblos por una transición justa.

La serie explora temas clave como la explotación del litio y el cobre, el rol de los acuerdos comerciales en la profundización del extractivismo, los impactos territoriales de la transición corporativa y las alternativas construidas desde los pueblos.

A continuación, presentamos tres capítulos relacionados a los Acuerdos comerciales y de inversión, Sistema de protección de inversiones y Demandas de arbitraje Inversionista-Estado (ISDS).

CAPÍTULO "Acuerdos comerciales, transición energética y extractivismo en América Latina". Cómo los acuerdos comerciales afectan nuestra soberanía en la transición energética? En esta cápsula, exploramos el vínculo entre tratados de libre comercio y extractivismo.

TEXTO:

Bienvenidos y bienvenidas a la serie, "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.

Nuestro capítulo de hoy: Acuerdos comerciales, transición energética y extractivismo en América Latina

En las últimas décadas, las potencias globales como Estados Unidos, China y la Unión Europea, están trabajando para consolidar su acceso a materias primas críticas de América Latina a través de acuerdos comerciales e inversiones estratégicas. Este enfoque, caracterizado por un profundo desequilibrio en los términos de intercambio, perpetúa un modelo extractivista que saca recursos vitales para las industrias tecnológicas y energéticas de estos países, dejando a la región con escasos beneficios económicos y un alto costo socioambiental.

La transición energética y la digitalización global han intensificado la demanda de ciertos minerales y recursos, como el litio, el cobre y otros minerales esenciales para la fabricación de baterías y la tecnología digital. América Latina, con sus vastas reservas de recursos, se ha convertido en un objetivo clave de las economías desarrolladas que buscan asegurar el suministro de estos materiales para consolidar su hegemonía en las industrias tecnológicas y de energías renovables. En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea han utilizado tratados comerciales y de inversión para favorecer sus propios intereses, convirtiendo a América Latina en un proveedor seguro de recursos críticos a un bajo costo.

Pero, ¿qué encierran estos acuerdos comerciales y de protección de inversiones?

La respuesta es sencilla. Los tratados de libre comercio y los acuerdos de protección de inversiones, otorgan a las empresas transnacionales derechos para explotar recursos en países en desarrollo, reduciendo sus responsabilidades en los territorios donde operan. Estos acuerdos incluyen cláusulas de "protección de inversiones" que permiten a empresas extranjeras demandar a los gobiernos anfitriones en tribunales de arbitraje internacional cuando sienten que las políticas locales afectan sus beneficios. En el caso de América Latina, esta dinámica es especialmente notoria en la industria minera, donde países como Perú, Bolivia, Chile y Colombia han experimentado demandas de arbitraje por empresas extranjeras, que presionan a sus gobiernos para detener sus regulaciones ambientales y laborales.

Se trata de un sistema que otorga a las multinacionales un poder de veto sobre las políticas soberanas de los países y, en muchas ocasiones, desincentiva la implementación de normativas que busquen proteger los recursos naturales o los derechos de las comunidades locales. Diversas investigaciones del Instituto Transnacional documentan la forma en que el mecanismo de arbitraje inversor - estado se ha utilizado para presionar a países para que renuncien a ciertas regulaciones ambientales, convirtiéndose en un "paraíso" para las empresas contaminantes que buscan evitar medidas de mitigación de daños ambientales.

En síntesis, los tratados de libre comercio y de inversión, limitan la capacidad de los Estados para implementar regulaciones ambientales y de protección de derechos en sus territorios. Al mismo tiempo, estos tratados restringen cualquier medida que afecte el suministro de estos minerales hacia los países que los procesan, eliminando las barreras a la exportación de materias primas y políticas de precio diferenciado para favorecer el procesamiento por parte de las empresas nacionales. Un ejemplo de estas cláusulas se encuentra en el recientemente aprobado tratado entre Chile y la Unión Europea. Observamos que estos tratados tienden a perpetuar una dependencia en la exportación de recursos naturales, reduciendo el potencial de América Latina para desarrollar una industria que agregue valor a sus materias primas.

Frente a esta situación, ¿qué se debería hacer?

El sistema de acuerdos comerciales actuales presenta importantes implicaciones para América Latina, debido a que perpetúan un ciclo de dependencia económica, en el que países del Sur Global se ven obligados a explotar recursos básicos y a asumir los costos ambientales, mientras que las ganancias de la transformación y la venta de productos de alto valor agregado se quedan en los países industrializados del Norte Global, pero también de China, que también busca asegurar su acceso a los recursos críticos provenientes de países como América Latina.

China avanza en su propia versión de tratados comerciales y asociaciones regionales, y su influencia desafía el dominio estadounidense y europeo en la región. China ha puesto en marcha iniciativas que fortalecen su red de alianzas y le están permitiendo crear nuevas rutas para la expansión de sus empresas tecnológicas en mercados emergentes, desafiando la preeminencia de las potencias occidentales.

La estrategia de las potencias globales de asegurar materias primas críticas en América Latina a través de acuerdos comerciales representa un desafío para los países de la región, que buscan equilibrar su soberanía con las demandas del mercado global. Los mecanismos de arbitraje y las cláusulas de inversión que protegen los intereses de las empresas transnacionales, limitan la capacidad de estos países para controlar sus recursos. En un contexto de transición energética y digital, es crucial que América Latina avance hacia modelos de desarrollo que garanticen no solo el acceso soberano a sus recursos, sino también la capacidad de transformar sus economías en beneficio de sus pueblos, protegiendo a la vez el ambiente y la biodiversidad.

Ante esta situación, muchas organizaciones internacionales como el Instituto Transnacional recomiendan revisar los acuerdos comerciales y de inversión firmados por los países de la región, y promover una mayor cooperación regional para fortalecer el desarrollo de industrias locales en América Latina, escuchando siempre a las comunidades que viven en los territorios.

Fuentes:

CAPÍTULO "Transición energética y soberanía en disputa". ¿Qué pasa cuando los países del Sur quieren dejar de exportar solo materias primas? Se enfrentan a reglas impuestas por acuerdos comerciales y presiones corporativas. ¿Quién decide cómo se usa el litio, el cobre o el níquel?

TEXTO:

Bienvenidos y bienvenidas a la serie, "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.

Nuestro capítulo de hoy: Industrialización verde y acuerdos comerciales extractivistas

El proceso de transición energética ha puesto en el centro de atención a los minerales necesarios para la generación y almacenamiento de energías renovables. Muchos de estos minerales, como el litio, el cobre y el níquel, se encuentran en países del Sur global, en donde empresas extranjeras, en complicidad con los gobiernos locales, han intensificado su extracción. Esto ha incrementado la dependencia de estos países del extractivismo, generando impactos sociales y ambientales. Algunos países están tratando de evitar la exportación de los minerales en bruto, e intentan avanzar en la industrialización de sus recursos, aunque no han tenido aún mucho éxito.

Salir del extractivismo no es una tarea sencilla. Existen muchos desafíos en el camino para agregar valor a las materias primas en los países del sur global. Algunos de los desafíos son la necesidad de inversiones, acceso a tecnología, pero también la superación de barreras legales impuestas por acuerdos comerciales y de inversión que impiden a los países que extraen minerales, implementar políticas para agregar valor a sus recursos antes de exportarlos. Pese a ello, algunos países del sur están dando pasos importantes.

Un ejemplo de esto es Indonesia, que en el año 2014 implementó una política de restricción a la exportación de minerales sin procesar, como el níquel, con el objetivo de incentivar la construcción de plantas de procesamiento dentro del país. Esta iniciativa generó una disputa internacional sobre la soberanía económica del país y los derechos de los inversionistas extranjeros. Empresas como la minera estadounidense Freeport y otras compañías, dijeron que esta restricción violaba los acuerdos comerciales internacionales que Indonesia había firmado, incluyendo los acuerdos bilaterales de protección de la inversión extranjera. Después de la implementación de estas políticas, las empresas comenzaron a amenazar al país con presentar demandas internacionales de arbitraje, por considerar que esta medida representa una expropiación indirecta de sus inversiones.

Después de las amenazas de demandas y el impacto económico, el gobierno de Indonesia ajustó parcialmente la política en 2017, permitiendo ciertas excepciones para algunas industrias. Las empresas extranjeras que cumplían con los requisitos de procesamiento dentro de Indonesia podrían seguir operando, aunque la prohibición seguía siendo un punto de tensión. Pese a estas controversias, Indonesia ha mantenido su política soberana.

Otro caso importante es protagonizado por la empresa china Ganfeng Lithium, dedicada a la minería de litio. Esta empresa presentó una demanda de arbitraje internacional en contra de México debido a la nacionalización del litio en el país. El gobierno mexicano, a través de una reforma constitucional y una ley de nacionalización del año 2022, determinó que el litio, considerado un recurso estratégico, debería ser controlado exclusivamente por el Estado nacional, prohibiendo su explotación a empresas privadas extranjeras.

Ganfeng, que había adquirido derechos de exploración y explotación de litio en el estado mexicano de Sonora, a través de su participación en una empresa conjunta con Bacanora Lithium, una minera británica, argumentó que las reformas del gobierno mexicano en relación al litio violaban varios acuerdos comerciales y tratados bilaterales, en particular los acuerdos de protección de inversiones que México firmó con China y con el Reino Unido. En junio de 2024, Ganfeng Bacanora Lithium y Sonora Lithium, de origen británico, demandaron a México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones, el CIADI, argumentando que las acciones del gobierno vulneran el trato justo y equitativo establecidos en los tratados que el país firmó.

El gobierno de México ha defendido su derecho soberano de nacionalizar sus recursos estratégicos para desarrollar una industria del litio controlada por el Estado, argumentando que sus acciones fueron legítimas dentro del marco de su política económica y ambiental.

La disputa aún está en proceso, y el fallo arbitral podría tener un impacto significativo en la relación bilateral entre México y China, pero también en las futuras políticas de nacionalización y de atracción de inversiones extranjeras en sectores estratégicos del país.

Esta disputa, sumada a las muchas que se han interpuesto en contra de México, han convertido al país en uno de los más demandados de América Latina. Una de las últimas demandas que el país perdió fue frente a Odyssey Marine Exploration, en un caso relacionado a la extracción de arenas fosfáticas. Odyssey obtuvo concesiones para explorar recursos mineros en aguas de la zona económica exclusiva de México, frente a Baja California Sur, pero el gobierno mexicano reclamó que la operación violaba su soberanía sobre sus recursos marinos. El conflicto escaló a un arbitraje internacional, y un tribunal falló a favor de Odyssey, reconociendo que la empresa tenía derecho a extraer los fosfatos debido a que México no había cumplido con sus obligaciones internacionales con los inversionistas extranjeros.

Estos casos podrían sentar serios precedentes para otros países que poseen minerales estratégicos y que pretenden salir del extractivismo. En nuestra región, Chile, Perú y Argentina, son los países que más acuerdos comerciales y de inversión han firmado. Muchos de estos acuerdos brindan el derecho a las empresas extranjeras a demandar a nuestros países si consideran que las políticas nacionales afectan sus inversiones. Por ejemplo, en el caso de Chile, ya existe una controversia entre la empresa china Tianqi Lithium, SQM y Codelco, que se centra en las negociaciones sobre el litio en el país. Tianqi, que tiene una participación en SQM, afirma que las conversaciones entre SQM y Codelco sobre una posible alianza, está afectando sus derechos como accionista. Tianqi considera que estas negociaciones no se han llevado a cabo de manera transparente y podrían perjudicar su inversión. En ese sentido, Tianqi podría llevar a Chile a un arbitraje internacional si considera que sus derechos como inversionista han sido afectados.

Lo que está sucediendo en Indonesia, México y Chile, es solo una muestra de un intento global de las grandes potencias y empresas extranjeras por controlar los recursos críticos para la transición energética, paralizando las iniciativas gubernamentales a través de acuerdos comerciales y de protección de inversiones. Esto profundiza y perpetúa el extractivismo en los países de la periferia del sur global, y mantiene las relaciones de dominación y dependencia que existen con el centro industrializado.

Ante este panorama, muchos países se han planteado reformar los acuerdos comerciales y de inversiones que les impiden un desarrollo soberano. En la siguiente entrega de este podcast, abordaremos estas alternativas con más detalles.

Fuentes:

CAPÍTULO "¿Podemos salir del sistema de protección de inversiones?". Mientras la transición energética avanza, algunos países del Sur buscan recuperar el control sobre sus recursos. Ecuador, India y Sudáfrica ya dieron pasos concretos para liberarse de tratados injustos.

TEXTO:

Bienvenidos y bienvenidas a la serie, "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.

Nuestro capítulo de hoy: Salidas del sistema de protección de inversiones

En los últimos años hemos visto que la transición energética global depende de la disponibilidad de minerales esenciales para producir y almacenar energías renovables. Esto ha derivado en la profundización del extractivismo en países del Sur global, principalmente América Latina y África. Sin embargo, algunos países han visto en este contexto la oportunidad de industrializar sus recursos antes de exportarlos como materias primas. Es decir, agregar valor a partir del procesamiento de los minerales en sus territorios, para producir componentes de baterías o piezas necesarias para la generación de energías limpias. No obstante, se enfrentan a muchos desafíos, como la necesidad de inversión y tecnología, pero también a las barreras impuestas por acuerdos comerciales con potencias mundiales, a quienes solo les interesa importar materias primas y no generar procesos de industrialización en los países que poseen estos recursos.

Hemos visto el caso de Indonesia, un país que el año 2014 decidió restringir la exportación de níquel y otros minerales sin procesar. Otro caso que vimos es el de México, que nacionalizó su litio el año 2022, dándole la categoría de recurso estratégico bajo control estatal. En ambos casos, se generaron controversias comerciales y amenazas de arbitraje.

En Sudamérica está el caso de Chile, que en el año 2023 anunció planes para una mayor participación estatal en la industria, algo que podría derivar en una demanda si las empresas se sienten obligadas a transferir tecnología o industrializar el litio en el territorio nacional.

Otros países que han firmado acuerdos comerciales y de inversión similares, y que buscan industrializar sus recursos, podrían correr la misma suerte si modifican sus políticas de manejo de sus recursos naturales, pues estos acuerdos facultan a los inversores extranjeros a demandar a un país cuando sienten que las políticas públicas afectan sus intereses. Es decir, estos acuerdos bloquean el camino para que los gobiernos exijan a los inversores extranjeros industrializar los recursos naturales en territorio nacional, o que generen procesos de transferencia tecnológica para mejorar las capacidades nacionales.

Pero, ¿qué se puede hacer ante este panorama adverso?

Algunos países del Sur global ya han dado pasos para eliminar las barreras comerciales que impiden su desarrollo soberano. Por ejemplo, Ecuador terminó todos sus tratados de protección de las inversiones después de que una auditoría integral en 2014 mostrara que las inversiones extranjeras no habían colaborado con los objetivos de desarrollo nacional y que además muchas de éstas habían tenido impactos negativos en los territorios y el ambiente. Un camino similar siguió India, terminando todos su tratados, lo cual no le ha impedido seguir siendo el sexto receptor mundial de inversión extranjera. Por su parte, Sudáfrica renegoció varios tratados de inversión para eliminar las cláusulas de arbitraje que permiten a las empresas demandar a los estados en tribunales internacionales. Estas acciones buscan recuperar soberanía y evitar demandas que limiten sus políticas de desarrollo.

Recientemente, otros países se han sumado a la crítica de los tratados de inversión, como el caso de Honduras, país que se retiró del CIADI en 2024, lo cual le ha valido una avalancha de demandas de inversores. Colombia es otro país en donde se discute la posibilidad de renegociación de algunos tratados de inversión, especialmente con Gran Bretaña y Suiza, países de donde han venido grandes inversiones mineras y petroleras que han generado fuertes daños ambientales y protestas ciudadanas.

A pesar de estos esfuerzos, actores globales como la Unión Europea y sus acuerdos regulatorios, como la Ley de Materias Primas Críticas, intensifican el extractivismo en el Sur global, promoviendo acuerdos que limitan la soberanía e industrialización local. Casos como la disputa con Indonesia sobre el níquel ilustran estas tensiones. Esto refleja un claro patrón colonialista que sostiene el extractivismo e impide una transición energética justa.

¿Cuál es el camino que puede seguir América Latina?

América Latina enfrenta la oportunidad de transformar su papel en la economía global, pasando de un modelo extractivista a uno que incorpore valor agregado a sus recursos de manera sostenible. Esto debería ir además acompañado de una política que insista sobre la necesidad de “minar menos”, es decir, reducir el nivel depredador de extracción que está causando daños en el ambiente y afectando negativamente la vida de las poblaciones que circundan los yacimientos.

Los casos de países que desafían el sistema de protección de inversiones y las iniciativas para avanzar en un tipo de industrialización sostenible, muestran que es posible un camino diferente. Sin embargo, esto requiere de voluntad política y cooperación regional, que incluya la visión de las comunidades y los principios de justicia ambiental en el debate. La transición energética no debe replicar los patrones históricos de dependencia y explotación, sino construir un futuro inclusivo y equitativo.

No es posible tener una transición energética justa con tratados de comercio e inversión, que impiden la industrialización local de los recursos, excluyendo cualquier disposición destinada a garantizar el acceso irrestricto de las potencias globales y sus empresas transnacionales a estos recursos. Por ello, es necesario terminarlos o renegociarlos, promoviendo la transferencia de tecnología necesaria para agregar valor a las materias primas. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la participación popular y de las comunidades locales en estos procesos, con el foco en la protección ambiental y los derechos humanos, que deben primar frente a los intereses corporativos en los acuerdos. En este camino, es fundamental incorporar estándares más estrictos para la consulta de las comunidades.

Finalmente, es importante tomar consciencia de que el actual modo de producción y consumo en el mundo, exacerba la emergencia climática y profundiza las desigualdades sociales. Por esta razón, es necesario reducir la dependencia de la extracción de recursos mediante el reciclaje y la reutilización. Solo así podremos hablar de una transición energética realmente justa, hacia un modo de desarrollo post-extractivista.

En este camino nos preguntamos, ¿en qué consisten estas soluciones justas, y cuáles son las falsas soluciones que se promueven desde una visión corporativa de la transición energética?

Fuentes:


ESCUCHA LA SERIE COMPLETA DE 10 CAPÍTULOS, EN: Nueva serie de cápsulas radiales: Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales

 source: TNI - RadioUChile
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