¿Quiere demandar a Venezuela ? Varias firmas pueden ayudar… por un precio

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¿Quiere demandar a Venezuela ? Varias firmas pueden ayudar… por un precio

Por Reuters | 21-12-18

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Un fondo de inversión estadounidense poco conocido se prepara para ganar mucho en las demandas.

A medida que Venezuela se derrumba, un fondo de inversión estadounidense poco conocido se prepara para ganar mucho en las demandas contra el gobierno socialista del país sudamericano : Tenor Capital Management.

Desde 2012, la firma neoyorquina ha invertido US$76 millones en la minera canadiense Crystallex International Corp, principalmente para financiar una demanda contra Venezuela por la expropiación de una mina de oro.

Ahora, Tenor busca reclamar unos US$800 millones de una compensación por US$1.400 millones lograda en un arbitraje internacional y que Crystallex ha estado tratando de cobrar desde 2016.

El dinero de Tenor permitió a Crystallex forzar a Venezuela a pagar, al buscar una incautación por orden judicial de Citgo Petroleum Corp, firma con sede en Houston y que es la joya de la corona del país en el extranjero.

El caso forma parte de una ola de demandas financiadas por firmas especializadas que proporcionan fondos a los demandantes a cambio de una parte de las ganancias.

Si bien la práctica se remonta a siglos atrás, el negocio ha tenido un auge en la última década, impulsado por fallos judiciales favorables y una búsqueda por parte de los inversores de jugosos rendimientos no relacionados con los mercados de valores.

Entre 2012 y 2016, el dinero destinado a estos casos creció un 40% al año y se espera que supere los US$2.000 millones anuales para 2021, según la firma de financiamiento de litigios Vannin Capital.

Los gobiernos extranjeros se están convirtiendo en objetivos populares, poniendo a los contribuyentes en riesgo de reclamaciones cada vez más grandes. Además de Tenor, otras empresas activas en este nicho son Burford Capital, que cotiza en la Bolsa de Londres, la australiana IMF Bentham Ltd y la también británica Therium Group Holdings Ltd.

Las empresas de financiamiento de litigios suelen buscan retornos de tres a 10 veces su inversión inicial, según actores de la industria. Ahora se está desarrollando un mercado para que estas empresas comiencen a cobrar antes de la conclusión de la demanda vendiendo partes de sus carteras o, incluso, porciones de casos individuales a otros inversores.

Burford, por ejemplo, obtuvo un retorno del 736% al vender por US$107 millones de sus derechos en un caso contra Argentina por dos aerolíneas expropiadas. Burford dijo que invirtió US$12,8 millones en el litigio.

Los críticos temen que esta financiación anime a las firmas a presentar casos más débiles, mientras aumenta la probabilidad de que los países en desarrollo sean demandados por adoptar regulaciones para proteger la salud pública o el medio ambiente.

El dinero de los financistas también desalienta que las empresas mantengan compromisos a largo plazo en mercados extranjeros, según Lise Johnson, directora del Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, Nueva York.

“Con la financiación de terceros hay incentivos para vender una demanda, sacar el dinero e irse”, dijo.

No obstante, las compañías de financiación de litigios argumentan que solo están ayudando a los desvalidos : pequeñas empresas perjudicadas por los gobiernos.

“Es fácil decir que son fondos de cobertura rapaces que intentan poner de rodillas a un país en problemas”, dijo Zachary Krug, ejecutivo de inversiones de la firma Woodsford Litigation Funding en Londres. “Eso no es lo que hacemos”.

MINA DE ORO LEGAL

El caso Crystallex comenzó en 2011, cuando Caracas expropió el proyecto minero de la compañía en Las Cristinas, uno de los depósitos de oro más grandes del mundo, ubicado en el sureste del país sudamericano.

Crystallex solicitó una compensación a través del denominado mecanismo de solución de controversias entre inversores y estado (ISDS, por sus siglas en inglés), presentando un caso de arbitraje en el Banco Mundial. Ante la bancarrota en que incurrió por la pérdida de su proyecto en Venezuela, Crystallex recurrió a Tenor. Ambas empresas no quisieron hacer comentarios.

Documentos judiciales muestran que Tenor aportó US$76 millones para financiar el litigio. A cambio, Crystallex acordó otorgar a Tenor al menos un 70% de cualquier pago que pudiera recibir de Venezuela, una vez que pagara el préstamo y a otros acreedores.

En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) adjudicó una compensación que ha crecido hasta los US$1.400 millones con intereses.

Crystallex dijo en noviembre que ya había recibido US$500 millones. Pocas semanas después, la empresa acusó a Venezuela de incumplir el acuerdo. No está claro si recibirá un pago completo y el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una petición de comentarios.

Cada vez son más las empresas que llevan a gobiernos extranjeros ante el CIADI y otros tribunales, incluida la Cámara de Comercio Internacional y Naciones Unidas.

En la primera década del siglo solía haber unos 40 casos por año, pero desde 2013 el número se ha disparado a un promedio de 69 casos, según un informe de la ONU. Según indicó, la cifra podría ser aún mayor, ya que algunos casos son confidenciales.

Aunque los pagos pueden ser potencialmente impresionantes, los veteranos de la industria destacan que también hay riesgos considerables.

Tres de cada 10 casos son una pérdida total, dijo Mick Smith, cofundador de la firma de financiación de litigios Calunius Capital, que tiene su sede en Londres, en una conferencia en Europa este año. Incluso, hasta los casos exitosos pueden tener retenido el capital durante años.

Un cliente de Calunius, la canadiense Rusoro Mining Ltd, llegó a un acuerdo con Venezuela en octubre con una sentencia en arbitraje de US$1.300 millones, seis años después de que el fondo aportó dinero por primera vez, según un comunicado de Rusoro. El pago final de Venezuela por el acuerdo no se espera hasta dentro de cinco años, agregó la empresa.

Mientras tanto, está creciendo la reacción contra el sistema de arbitraje inversor-estado. Sudáfrica, India, Indonesia y varios países latinoamericanas ya han rescindido tratados de inversión con varios países que contienen estas cláusulas.

source: La República