Ratificado el TLC Unión Europea-Colombia- Perú por el Parlamento Europeo: 486 votos a favor; 147 en contra; 41 abstenciones
Ratificado el TLC Unión Europea-Colombia- Perú por el Parlamento Europeo: 486 votos a favor; 147 en contra; 41 abstenciones
11-12-12
El TLC UE-Colombia- Perú ha sido ratificado hoy (11/12) por el Parlamento Europeo. 486 votos a favor; 147 en contra; 41 abstenciones. Un resultado por supuesto decepcionante, aunque no sorprendente. Aunque sí se logró ganar algunos votos en contra y algunas abstenciones con respecto al panorama que se daba inicialmente. Pero la pelea sigue, ya que el TLC pasa ahora a los 27 Estados miembro de la UE para su ratificación, y en particular a los parlamentos nacionales.
Les enviamos una nota de prensa conjunta que acabamos de publicar con otras redes (en español, inglés y francés) lamentando la ratificación del TLC por el Parlamento Europeo; así como un comunicado al cual nos hemos adherido, junto con muchas otras organizaciones de América Latina, Europa y África.
El Parlamento Europeo da prioridad a los intereses comerciales por encima de los derechos humanos y el desarrollo sostenible
Bruselas, 11 de diciembre de 2012. Al ratificar hoy el Acuerdo de Asociación UE-‐Centroamérica y el Tratado Comercial entre la UE – Colombia y Perú, el Parlamento Europeo manifestó que su prioridad es el comercio, por encima de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Los acuerdos no plantean medidas suficientes para abordar los abusos de derechos humanos en América Latina, y no toman en cuenta las asimetrías entre las dos regiones, según un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil. [1] En octubre 2012, más de 160 organizaciones de la sociedad civil europea y latinoamericana enviaron al Parlamento Europeo una carta pidiendo que no ratificaran el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europa, Colombia y Perú. En junio 2012, 11 redes centroamericanas y 6 redes europeas e internacionales se pronunciaron contra el Acuerdo de Asociación UE – América Central firmado en Honduras el 29 de junio, un día después del tercer aniversario del golpe de estado en Honduras. Estas peticiones se basan en las dramáticas consecuencias que estos tratados pueden tener en los derechos humanos, la soberanía alimentaria de las comunidades, la contaminación del entorno de vida de pueblos enteros, y en la destrucción de sectores de la economía local como el sector lácteo.
Estos acuerdos reproducen e incrementan un modelo exportador de materias primas desde los países latinoamericanos hacia la UE, un modelo que ya ha demostrado, beneficia a las empresas trasnacionales y no contribuye a un desarrollo inclusivo para los pueblos latinoamericanos. Los estudios de impacto sobre sostenibilidad, encargados por la Comisión Europea para evaluar los Acuerdos con Centroamérica, Colombia y Perú, señalan que como consecuencia de éstos, se promoverá entre otros, la producción de agrocombustibles destinados a la exportación, lo cual aumentará la presión sobre la tierra, y por ende, sobre la vida de la población rural, en especial sobre los pueblos indígenas. [2]
La Unión Europa argumenta que estos Acuerdos reforzarán la acción en materia de derechos humanos, en particular a través de la cláusula democrática de los dos acuerdos que permitiría suspenderlos en caso de graves violaciones. Sin embargo, las organizaciones firmantes estiman que estos acuerdos son insuficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos. Según un estudio realizado por la London School of Economics, y encargado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, los dos Acuerdos carecen de mecanismos de seguimiento en materia de derechos humanos, concluyendo que no hay un mecanismo específico para vigilar la aplicación de la cláusula de derechos humanos, ni un Subcomité dedicado al monitoreo de los derechos humanos y cuestiones de la democracia.
Colombia sigue siendo el país más peligroso para sindicalistas en el mundo y recientemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que existe una base razonable para pensar que crímenes de lesa humanidad han sido perpetrados en Colombia tanto por el Estado como por paramilitares y miembros de la guerrilla. En Guatemala fueron asesinados 10 sindicalistas en 2011 y según la ONU, Honduras es uno de los países más violento en el mundo, y el país más peligroso para periodistas y miembros de organizaciones campesinas en el continente[3]. ¿Será que, aun así, los países de las dos regiones cumplen con los criterios de la Unión Europea en materia de derechos humanos?
En noviembre, los Gobiernos de Colombia y Perú presentaron documentos para responder a la solicitud del Parlamento Europeo de elaborar una “hoja de ruta” vinculante y orientada hacia resultados concretos en materia de derechos humanos, ambientales y laborales. Según las organizaciones de la sociedad civil, estos documentos presentados carecen de resultados concretos, y a su vez, no contemplan medidas específicas para mitigar los impactos de estos Acuerdos. Estos Acuerdos Comerciales necesitan ahora ser ratificados por los países miembros de la Unión Europea. Los Parlamentos nacionales deben escuchar el clamor de los pueblos latinoamericanos y europeos y dar prioridad a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Para más información contactar:
Erika González Ramírez: erika.gonzalez.press@gmail.com + 32 479 74 3319
Notas
[1] ALOP, APRODEV, CIFCA, CNCD, FIAN, Friends of the Earth Europe, Grupo Sur, OIDHACO
[2] Para más información ver el informe “Acuerdos comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú: Obstáculos para el desarrollo sostenible” de ALOP, APRODEV, CIFCA, Grupo Sur y OIDHACO http://www.fta-‐eu-‐latinam... “ [3] http://www.igbau.de/Binaries/Binary... http://www.unhcr.org/refworld/docid...
Acuerdos Comerciales - La receta de la UE para la impunidad de las transnacionales
Hoy, 11 de diciembre de 2012, el parlamento europeo aprobó en plenario el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia y Perú y el Acuerdo de Asociación (ADA) con Centroamérica, a pesar de las múltiples denuncias por parte de las organizaciones sociales y sindicatos de las dos regiones (Am é rica Latina y Europa), que han insistido desde el comienzo de las negociaciones en los efectos perjudiciales que este tipo de acuerdos generan para la población de ambos lados del Atlántico, como se expresa en diferentes comunicados conjuntos y en mensajes enviados al Parlamento Europeo desde 2007 en rechazo a estos acuerdos .
Hoy, más de cuatro años después de iniciadas las negociaciones, es más evidente todavía que el modelo de liberalización económica impulsado por estos tratados genera impactos negativos para la población de las dos regiones. En Europa, cada día es más fuerte la crisis financiera y de la deuda, las altas tasas de desempleo, la precarización de las condiciones laborales, el incremento de la pobreza y la desigualdad. En América Latina, súmanse a los conocidos impactos de esto mismo modelo neoliberal, el avance del modelo extractivista de bienes naturales, la pérdida y deterioro de los territorios, la degradación ambiental y la pérdida de soberanía alimentaria. Las consecuencias de la implementación de este modelo se profundizan al tiempo que adquieren un carácter vinculante a nivel internacional con estos acuerdos.
Tanto el ADA como el TLC exigen de los gobiernos latinoamericanos la generación de garantías para la inversión europea, ello significa la apertura a la llegada de empresas transnacionales europeas, sin ninguna condición o exigencia que pueda limitar su actuación. Como constató recientemente la misión de solidaridad en Centroamérica , realizada por Amigos de la Tierra Internacional con la participación del Instituto Transnacional (TNI) y organizaciones locales aliadas, los efectos socioambientales de los proyectos minero-energéticos son devastadores. La misión no sólo presenció la destrucción y contaminación del ambiente como también la criminalización y persecución de las comunidades que defienden sus territorios. El Parlamento Europeo está respaldando este tipo de acciones con la aprobación del ADA, que permite a las empresas europeas actuar sin ningún tipo de responsabilidad, con lo que se configura una arquitectura de la impunidad que garantiza derechos a las transnacionales mientras causa la pérdida de derechos de la población, sobretodo de los trabajadores y tabajadoras y de las mujeres en general, el despojo de las comunidades locales afectadas y la degradación ambiental.
En los casos de Colombia y Perú se pueden constatar también las consecuencias negativas de la acción de empresas europeas que violan permanentemente los derechos humanos como parte de sus actividades. Por ejemplo, uno de los principales productos de exportación de estos países a la Unión Europea serán los agrocombustibles, que se generan a partir de extensos monocultivos de caña y palma africana. Estos dos cultivos están asociados al conflicto social armado, al desplazamiento de comunidades campesinas de sus territorios, generando mayores niveles de pobreza, incrementan la población desempleada en la ciudad, al tiempo que perjudican la soberanía alimentaria.
La persecución y criminalización de sindicalistas y líderes sociales que se oponen a proyectos de empresas transnacionales también es frecuente en Colombia y Perú, como lo demuestra el caso de Miguel Ángel Pabon, ambientalista del movimiento Ríos Vivos que se oponía a proyectos de represas en el departamento de Boyacá y fue desaparecido hace un mes. Lejos de evitar este tipo de situaciones, el gobierno colombiano ha ignorado las denuncias y ha permitido la acción de grupos paramilitares. Con la aprobación de estos tratados, el Parlamento Europeo se ha convertido también en cómplice de esta situación.
Lejos de evitar este tipo de situaciones, el Gobierno Colombiano no ha tomado en serio las denuncias de las comunidades afectadas y de las organizaciones locales quienes les acompañan fomentando el aumento de la impunidad y el incremento de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, continuando en la negación de la existencia de grupos paramilitares vinculados a megaproyectos y grandes intereses económicos, no se han tomado las medidas necesarias para un desmantelamiento real de estas estructuras que siguen operando con la aquiescencia de sectores del Estado Colombiano.
A pesar de que se afirma que la Cláusula Democrática, así como la Hoja de Ruta presentada por los gobiernos de Colombia y Perú, constituyen herramientas para la defensa de los derechos humanos, se trata de instrumentos sin ningún carácter vinculante, que han demostrado su ineficacia en casos anteriores para la garantía de los derechos humanos. Son instrumentos que se contradicen con el contenido de un tratado que en si mismo conlleva a la violación de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los parlamentos nacionales tanto en Europa como en América Latina a no ratificar estos tratados. Desde nuestras organizaciones continuaremos acompañando a las comunidades en resistencia y buscando la responsabilización de las empresas transnacionales por sus acciones en nuestros países.
Firman:
Amigos de la Tierra Internacional Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe Confederacion Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Americas (CSA) Jubileo Sur/Americas Marcha Mundial de Mujeres Movimiento Mundial por los Bosques Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) Seattle to Brussels Network Transnational Institute Américas Alianza Mexicana por la Autodeterminacion de los Pueblos (AMAP) Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento ALEP Asociacion Raxch’och’ Oxlaju Aj AROAJ, Guatemala COECOCeiba, Amigos de la Tierra Costa Rica Colectivo Voces Ecológicas COVEC Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS, COPINH. Consejo de Investigaciones e Informacion en Desarrollo (Guatemala) Ecosistemas – Chile Ecuador Decide Fronteras Comunes, Canada Instituto Equit PAPDA Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres Polaris Institute, Canada Red Brasilera pela Integracao dos Povos (REBRIP) Red Colombiana de Accion frente al Libre Comercio (RECALCA) Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio (RMALC) y REDES – AT Uruguay Europa AITEC Asociación Entrepueblos (Estado español) ATTAC - France Comité pour les droits humains en Colombie "Daniel Gillard" Ecologistas en Accion Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. FDCL (Alemania) Observatorio de la Deuda en la Globalizacion Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (Estado español) Oficina Internacional de Derechos Humanos Accion Colombia Partido de la Refundacion Comunista- Izquierda Europea (Italia) PowerShift - Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V. Solidaridad Suecia America Latina (SAL) War on Want Africa Alternative Information & Development Centre Economic Justice Network SEATINI Zimbabwe South Durban Community Environmental Alliance-Durban South Africa
