"Redoblarán" campesinos lucha por revisión del TLC
Matilde Pérez U.
Consideraron que el señalamiento del BM sirve a la exigencia campesina de que se reorienten las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, y para que se reconozca que la petición de revisar el TLCAN no es sólo una más ni un capricho. En los 12 años de vigencia del tratado se demostró el desastre que ha traído consigo, afirmaron ambos organismos.
Cada uno ha solicitado a la Cámara de Diputados que emita un decreto en el que instruya al Ejecutivo federal para que lleve a cabo la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, basado en un estudio serio y profundo de los resultados que ha dejado en el agro. Las cifras revelan que la apertura acentuó las asimetrías entre los campesinos mexicanos frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, pues los altos subsidios que reciben en aquellos países no pueden ser alcanzados por México.
Advirtieron que el resultado fue caída generalizada de los precios rurales, baja rentabilidad, descapitalización, pérdida de fuentes de empleo, migración y aumento de la pobreza. Por eso, abundaron las organizaciones del CAP, "deben revisarse cuidadosamente las condiciones establecidas en el TLCAN para el sector agropecuario, pues en su contenido existen elementos que pueden ayudar a solucionar algunos de los problemas actuales; dicha revisión debe hacerse simultáneamente con un cambio en la política agropecuaria, considerando el valor de ese sector productivo para la economía nacional".
Corresponde al Legislativo precisaron analizar y proponer alternativas, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 131 de la Constitución, ya que no sólo se trata de abordar el aspecto comercial, sino también los requisitos fito y zoosanitarios, además de atender de forma especial lo relacionado con el maíz blanco y el frijol, los cuales deberían ser prioridad para el gobierno mexicano, acotó el CAP.
La demanda del Conoc no sólo es de revisión, sino que los cambios sean consultados a los campesinos, ya que se trata de la defensa de la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos a producir sus alimentos. Reconocer a las organizaciones campesinas y a los productores como entidades de interés público y agentes de desarrollo, basado en el respeto a la autonomía y en la promoción a los procesos de autogestión y participación, sería un paso en una nueva relación del gobierno con quienes han demostrado un permanente compromiso con el país, señaló el consejo.
