TLC, agua y proyecto de ley
14-10-07
TLC, agua y proyecto de ley
Saludos a todos y todas.
Es nuestro deseo compartir con ustedes un campo pagado que publicáramos el viernes pasado en torno a un tema sumamente delicado como lo es el del agua. Si bien en la discusión sobre el TLC una de las tesis sostenidas por la campaña del SI es que, con la entrada en vigencia del mismo, el agua no se verá afectada, nuestra tesis es que si no nos articulamos para incidir en las políticas públicas en materia de gestión del recurso, éstas van a tender a ser cada vez más el reflejo de esa visión según la cual el agua es una mercancía más, visión que es completamente acorde con la lógica del tratado, para el que no es legislación ambiental aquello que regule la explotación comercial de los recursos naturales.
En estos momentos se encuentra en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende reformar el marco legal e institucional para la gestión de dicho recurso. Dicho proyecto es el No. 14585, y el mismo fue dictaminado afirmativamente en abril de 2005, luego de varios años de discusión. El proyecto es una síntesis de tres proyectos presentados a finales del año 2001: uno presentado por José Merino (cuando era diputado de Fuerza Democrática), otro presentado por el MINAE y otro por la Defensoría de los Habitantes. A raíz de la existencia de tres proyectos sobre el mismo tema, se llegó al acuerdo de hacer un texto único, y de someter dicho texto a consulta entre los diferentes actores vinculados con el tema en diferentes regiones del país, mediante una serie de talleres que fueron avalados por la Comisión de Ambiente de ese entonces (estamos hablando del gobierno pasado).
Luego del proceso de consulta, muchas de las observaciones, recomendaciones e inquietudes de los diversos actores que participaron en el proceso fueron incorporándose al texto. Una vez dictaminado afirmativamente por la Comisión de Ambiente (dictamen que fue posible gracias a que el diputado Libertario, quien venía obstruyendo su tramitación, se retrasó 5 minutos en ingresar a la sala de sesiones) al proyecto le comienzan a salir ’enemigos’. La Nación, haciendo una lectura torcida del texto, publica una portada en la que se afirma que proyecto de ley impediría la agricultura en 75% por ciento del país. (En efecto, existen estudios que señalan que el 75% del territorio nacional tiene características de área de recarga acuífera. Lo que el proyecto establece es que las áreas de recarga acuíferas declaradas como tales por la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, deben protegerse. Si el país decide, a través de un proceso participativo, destinar el 75% de su territorio a la protección del recurso hídrico, estaría tomando una decisión completamente legítima, como lo sería si decide dedicar sólo el 50% o el 25%). Lo importante no es entrar en esa discusión, sino más bien indicar que al proyecto le salieron ’enemigos’.
Para recuperar la viabilidad política del proyecto de ley, el anterior ministro, Carlos Manuel Rodríguez, a solicitud de algunas de las organizaciones que hoy conforman la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), convocó a una mesa de diálogo intersectorial, con el fin de ver cuáles son los aspectos puntuales del proyecto de ley que provocaban el rechazo por parte, principalmente, de algunas cámaras. El proceso fue sumamente interesante y se lograron evidenciar consensos y disensos, con el problema de que ese proceso no puede terminar antes del cambio de gobierno.
Con la llegada de las nuevas autoridades, el proceso se detiene. El ministro Dobles, pese a que se había comprometido a continuar con el mismo y a reconocer los acuerdos que se venían dando, empieza a hacer nuevas consultas (a organismos internacionales y a asesores extranjeros) sin que hasta la fecha se tenga claro cuál va a ser la posición del gobierno en esta materia. De lo que sí se tuvo conocimiento fue de la existencia de un texto que el MINAE ha venido trabajando, el cual elimina aspectos que, para nosotros son fundamentales. De ahí la publicación del campo pagado que se adjunta y que salió publicado el viernes pasado.
Para nosotros es de suma importancia que los actores que se han unido en la lucha contra el TLC (actores que estamos convencidos de la necesidad de construir un país socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, construcción que con el TLC se hace muchísimo más complicada) nos unamos en torno a esta lucha por el agua, igual que como tendremos que unirnos para defender la seguridad social, la educación pública, las telecomunicaciones, el ambiente en general, la agricultura y la producción nacional, los derechos de las comunidades indígenas, etc.. Todas estas luchas tienen que darse articuladas, pero reconociendo la particularidad de cada una de ellas. Al menos desde la ANDA estamos en disposición de seguir trabajando en el tema del agua desde las fortalezas que hemos venido acumulando en este proceso de más de 7 años.
La ley de aguas vigente en la actualidad es una ley de 1942. Estamos convencidos de que el país necesita una nueva ley de aguas. Pero no cualquier ley de aguas. En nuestras manos está que la ley que se apruebe no se convierta en parte de la agenda complementaria del TLC. Además de la ley, el país también necesita que se apruebe la reforma constitucional que declare al agua como bien de dominio público. En Costa Rica dicho carácter se lo otorga al agua la Ley Orgánica del Ambiente, pero no la Constitución. Ese es un vacío constitucional peligrosísimo. Si, desde sus organizaciones o individualmente, quieren sumarse a esta lucha, no duden en escribir a esta misma dirección. Les haremos llegar la información que nos soliciten y que estemos en condiciones de brindarles.
Atentamente,
Esteban Monge Flores
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
Miembro de Junta Directiva de la Federación Costarricense para la Conservación
FECON
