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Agricultura y alimentación

El campesinado, incluyendo la pesca artesanal, la producción alimentaria urbana, la caza, la recolección y el pastoreo, alimenta al 70% de la población mundial. Sin embargo, se enfrenta desde hace décadas a la presión de las élites políticas y económicas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, China, India, Australia, entre otros, en pos de la liberalización de la agricultura. La agenda de dichos gobiernos responde a los intereses de las transnacionales, cuyo poder y concentración es creciente, a la par que se consolidan las alianzas del agronegocio con los gigantes tecnológicos y financieros.

Los principales espacios donde estos actores han operado desde finales de los años 1980 son los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y los acuerdos de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que dieron paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se fue imponiendo así la reforma de las políticas agrícolas, el desmantelamiento de los subsidios agrícolas, la liberalización de los precios y las reglas de inversión, y la eliminación de las “barreras” al comercio internacional de los alimentos. En señal de protesta contra estas políticas que resultaron dramáticas para el campesinado, el líder campesino coreano Lee Kyung Hae se inmoló durante la reunión ministerial de la OMC en 2003.

Los tratados de libre comercio bilaterales o regionales negociados fuera de la OMC constituyen una herramienta aún más agresiva. Suelen incluir capítulos específicos sobre la agricultura, además de otras medidas en paralelo que afectan seriamente a la producción agrícola y al consumo. Entre los aspectos más problemáticos, se ubican:

• La erosión de los sistemas alimentarios locales debido a la importación. Mediante la reducción y eliminación de los aranceles, los tratados de libre comercio permiten que los mercados locales sean inundados por productos importados. Esto daña a la producción local que no puede competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Además, los países más poderosos siguen subsidiando a su propia producción agrícola y continúan con prácticas de dumping (venta de productos por debajo de sus costes de producción). De esa forma, utilizan la liberalización para colocar sus excedentes en los países con los que firman acuerdos comerciales. Es el caso, por ejemplo, de los Acuerdos de Asociación Económica de la Unión Europea con países africanos, que conducen al dumping de los productos lácteos europeos.

• Priorización de las exportaciones. Por definición, los tratados de libre comercio orientan la producción agrícola hacia los mercados internacionales de exportación. Como resultado, los cultivos alimentarios son sustituidos por cultivos comerciales. Este impulso político hacia una agricultura más industrial provoca el agotamiento del suelo y del agua, crea dependencia de las semillas comerciales e impulsa un mayor uso de fertilizantes y pesticidas químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. El comercio agrícola internacional también contribuye significativamente al cambio climático y es especialmente conocido por la explotación laboral. Todos estas consecuencias son visibles, por ejemplo, en el Mercosur, donde el modelo de agro-exportación destinado satisfacer la demanda internacional de soja canalizada por empresas transnacionales, especialmente para China y la Unión Europea ha llevado al ecocidio en el Cerrado. Si se firma el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas sólo por las cuotas de ocho productos agrícolas aumentarán un 34%.

• Privatización y acaparamiento de la tierra. Los tratados de libre comercio consolidan el control corporativo sobre la tierra. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluía cláusulas que permitían el desmantelamiento de las tierras colectivas en México, lo cual constituyó una de las razones del levantamiento indígena zapatista de 1994. Este cambio legal promovió la privatización de la tierra por parte de la agroindustria, provocando el desalojo violento de comunidades. Por su parte, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) propone normas sobre inversiones y servicios que facilitan la transferencia de tierras de las comunidades campesinas a la agroindustria. Empresas como Wilmar y Olam (Singapur), Daewoo (Corea del Sur) y el Grupo Beidahuang (China) ya han adquirido cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas en los Estados miembros de RCEP. Además, los acuerdos UE-Marruecos y Reino Unido-Israel permitieron normalizar el acaparamiento de tierras en el Sáhara Occidental y Palestina.

• Privatización de las semillas y UPOV. El Acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés) de la OMC fijó reglas internacionales sobre derechos privados de propiedad intelectual sobre las semillas. Los tratados de libre comercio van más allá, al requerir patentes y “derechos sobre la obtención vegetal”sobre todas las formas de biodiversidad. La Unión Europea, Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio, y Japón, entre otros, exigen en un gran número de negociaciones comerciales que sus socios adopten leyes conformes a las normas establecidas por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Esta demanda está también presente en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11) y en RCEP. Implementar UPOV implica criminalizar prácticas cotidianas campesinas como el libre uso, conservación, mejoramiento, intercambio y distribución de semillas, lo cual consolida el poder monopólico del agronegocio.

• Sanidad alimentaria corporativa. Los acuerdos comerciales representan un mecanismo central en la expansión de estándares de sanidad alimentaria que responden a los intereses de los países más ricos y de sus transnacionales. Por ejemplo, la Unión Europea protege a sus empresas de la competencia imponiendo altos estándares sanitarios que integran exigencias difíciles de cumplir para las pequeñas empresas agrícolas de los países del Sur. De forma similar, Estados Unidos exige a sus socios comerciales que abandonen las prohibiciones contra los alimentos modificados genéticamente a pesar de la preocupación de los socios comerciales por sus riesgos para la salud y el medio ambiente.

• Impactos del comercio electrónico. La negociación de los acuerdos entre el Reino Unido y México, Australia e India, además del CPTPP, entre otros, integran una agenda comercial digital en beneficio de corporaciones como Google, Amazon, Facebook y Apple. La falta de regulación, la pérdida de control sobre los datos de la producción campesina, y las dificultades de acceso al comercio electrónico para las pequeñas empresas, se encuentran entre las principales amenazas para los sistemas alimentarios locales.

• El sistema de arbitraje de disputas Inversionistas-Estado (ISDS). Se trata de uno de los aspectos más dañinos de los tratados de libre comercio. Brinda a las grandes corporaciones el poder de impugnar políticas públicas de apoyo al campesinado, a los mercados locales, a la salud pública y al medio ambiente. También permite a los inversores extranjeros obtener un mayor control sobre la tierra y los recursos naturales, sin ofrecer ninguna protección a las comunidades locales. Por ejemplo, el gigante estadounidense Amway amenaza actualmente con presentar una demanda contra México en virtud del ISDS por seguir adelante con sus compromisos de reforma agraria.

• La desregulación ambiental. La flexibilización de las normas ambientales es presentada en los tratados de libre comercio como una ventaja para las empresas. Esto ha precipitado una devastación socioambiental de grandes dimensiones en en países como México, tras treinta años de libre comercio. El desarrollo industrial impulsado al amparo de la desregulación se vincula con el derrame de diversos tipos de basura y de sustancias químicas tóxicas, que se añaden a la contaminación por la agroindustria. Todo ello ha tenido graves repercusiones sobre la agricultura campesina, y constituye uno de los principales factores de migración del campo.

Las organizaciones campesinas, entre las cuales se ubica la red internacional de La Vía Campesina, exigen que la OMC quede fuera de la agricultura. Además resisten desde hace años a los diferentes tipos de tratados de libre comercio. Afirman que las políticas públicas se sustenten en los principios de la soberanía alimentaria, para consolidar sistemas alimentarios sostenibles y re-localizados. Sostienen que los países deben tener derecho de proteger y promover la producción local de alimentos, regular los mercados agrícolas y desarrollar el auto-abastecimiento. Reivindican también a la agroecología campesina y la reforma agraria como medios esenciales para la producción sostenible de alimentos, para enfrentar la crisis climática. Es una importante base para confrontar la agenda del régimen de libre comercio.

última actualización: febrero de 2023

Foto: La Via Campesina Asia del Sur


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    Enlaces


  • Agritrade: EPAs
    News & commentary specifically on the agricultural trade negotiations within the EU-ACP Economic Partnership Agreements, run by CTA (English/French)
  • Comparing EU FTAs: Agriculture
    Looks at the agricultural trade provisions of the EU’s seven Mediterranean agreements and the FTAs concluded with South Africa, Mexico and Chile
  • Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
    IATP is a non-governmental organisation based in Minneapolis, MN that focuses on the link between international policy and local action for sustainability in the food system
  • La Via Campesina
    La Via Campesina is an international movement of peasant organisations, farm workers, rural women and indigenous communities. (English, Spanish, French, Portguese)