Aprobada en Les Corts Valencianes una iniciativa para instar al Gobierno central a no autorizar la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
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Aprobada en Les Corts Valencianes una iniciativa para instar al Gobierno central a no autorizar la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
Por NO al TTIP, 23-9-16
Un total de 32 ayuntamientos valencianos, que aglutinan a más de un millón de personas, han rechazado este acuerdo.
Les Corts Valencianes han aprobado, a iniciativa de Podemos, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de España a no autorizar la firma o ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) sin realizar un informe detallado que evalúe sus repercusiones en la Comunitat Valenciana. En contra votaron el Partido Popular y Ciudadanos.
Asimismo, se insta al Gobierno de España a que estudie los efectos de cualquier aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) para exigir que la Comisión Europea tenga que esperar hasta que todos los procedimientos nacionales de ratificación se lleven a cabo, antes de una posible entrada en vigor del acuerdo.
La iniciativa recoge igualmente que el grupo de trabajo que el President de la Generalitat ha constituido para valorar el impacto del TTIP en nuestra comunidad extienda su trabajo sobre el CETA. Asimismo, se plantea que el Gobierno central solicite el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del CETA con los Tratados Europeos.
El diputado de Podemos Daniel Geffner ha recordado que el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, cuyo texto fue cerrado el 26 de septiembre de 2014, no ha sido debatido en el seno del Congreso de los Diputados ni en los diferentes Parlamentos Autonómicos. Tampoco se ha consultado sobre el mismo a la ciudadanía, ni a los sectores productivos, ni a los entes municipales.
Sin embargo, ha afirmado el diputado, “todos ellos se verán afectados enormemente por la aplicación de este Tratado, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general.
Asimismo, ha indicado que los Gobiernos autonómicos tienen el derecho a ser informados sobre los cambios de las normativas que puedan ser acordados a nivel europeo para posicionarse sobre ellos, y este derecho “ha sido obviado hasta la fecha”.
El CETA entre Canadá y la Unión Europea en su versión actual todavía prevé un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados que da la posibilidad a inversores extranjeros de recurrir a tribunales de arbitraje privados que amenazan la soberanía de los Estados y las competencias de los parlamentos nacionales y autonómicos, y puede poner en peligro el derecho a regular y tomar medidas frente a las desigualdades sociales, los desequilibrios territoriales, el cambio climático o la crisis que sufre el mundo rural y muchas explotaciones agrarias, ha defendido el diputado.
La producción normativa presente o futura sobre cuestiones tan importantes para la Comunitat Valenciana como el control del fracking, el control de precios y acceso a los medicamentos, la protección de trabajadores y consumidores o la seguridad alimentaria, pueden ser cuestionadas por empresas transnacionales extranjeras a través de este mecanismo.
También la aplicación de este acuerdo tendría un impacto evidente sobre sectores productivos de nuestra comunidad tan importantes como el agroalimentario o las energías renovables, según ha defendido el parlamentario.
A su vez, numerosos servicios públicos prestados por las Administraciones locales y regionales verían comprometido su carácter de universalidad, equidad o facilidad de acceso por la posible privatización irreversible de los mismos, ya que el tratado incluye un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados que podrían afectar negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular de la Generalitat y de las autoridades municipales.
El CETA podría también restringir la capacidad de los gobiernos autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro, y provocar la externalización de servicios del sector público a empresas privadas. El capítulo sobre el comercio transfronterizo de servicios y los anexos correspondientes, podrían amenazar diferentes competencias autonómicas en los servicios sociales y la sanidad pública.
Actualmente, al menos 11 Estados miembros de la UE (entre ellos España) se han comprometido a liberalizar los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad. Tales compromisos podrían colisionar con medidas de la Generalitat para proteger al sector de salud y de atención social a largo plazo.
