Arranca la sexta ronda de negociación de tratado comercial entre la UE y EEUU
Arranca la sexta ronda de negociación de tratado comercial entre la UE y EEUU
14-7-14
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos entraron hoy en la sexta ronda de negociaciones para un tratado transatlántico de comercio e inversiones (TTIP) con la ambición de avanzar en áreas como permitir al capital transnacional a participar en los procesos legislativos en la UE y en los EEUU y tras cerrarse una consulta pública sobre el instrumento de solución de controversias inversor-Estado.
El equipo negociador, dirigido por Ignacio García Bercero y Dan Mullaney, iniciaron una nueva semana de trabajos en Bruselas centrada en el intercambio de bienes y servicios, reglamentación, mercados públicos, desregulación de la protección ambiental y el desmantelamiento de los derechos de las y los trabajadoras/es, así como una apuesta peligrosa en energía y materias primas.
Este tratado pretende crear la mayor zona comercial del mundo (supondría el 50 % de la actividad económica global) y sentar un peligroso precedente mundial con la armonización a la baja de la regulación europea y la estadounidense.
La UE y EEUU iniciaron la negociación del TTIP en julio de 2013, y un año después están inmersos en los trabajos técnicos en áreas como las tarifas, las inversiones o la contratación pública, un tema muy sensible que afecta a las políticas pública de muchos ayuntamientos y administraciones públicas y que puede costar el empleo a muchas pequeñas y medianas empresas.
Los gobiernos esperan que haya nuevas propuestas sobre la mesa en esta ronda de cara a elaborar un texto de negociación para septiembre sobre estándares, conformidades técnicas y normas sanitarias y fitosanitarias.
Otros temas que se abordarán serán los de comercio y su impacto en el medioambiente, facilitación del comercio en aduanas o energía y las materias primas (para lo que la UE pide que haya un capítulo aparte con la intención de barrer por completo varias políticas y leyes que pretendían frenar el cambio climático y promover energías renovables).
La Comisión Europea indicó asimismo que las partes seguirán hablando de la posibilidad de integrar los servicios financieros en el acuerdo, algo que la UE defiende en nombre de la industria financiera para desregular aun mas -si cabe- el sistema financiero y dar más poder al mismo poder económico que causó la crisis del 2008 y con el fin de repetir estafas financieras como las que millones de personas han sufrido en los últimos años a raíz de los rescates bancarios y de empresas multinaciones.
Uno de los asuntos más polémicos para diferentes sectores es la posibilidad de que el pacto incluya un instrumento de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por su sigla en inglés), que busca ampliar los privilegios y la protección de inversiones (que sólo tienen ellos), sin ninguna obligación para respetar y cumplir con los derechos internacionales de Derechos Humanos o los convenios internacionales de derechos laborales.
Precisamente, el domingo concluyó el plazo abierto por la Comisión Europea para recabar opiniones de todas las partes interesadas sobre si tal mecanismo puede lograr un "equilibrio adecuado" entre la protección de los inversores y del derecho y capacidad de la UE de regular en favor del interés común.
Hoy, la Oficina Medioambiental Europea (EBB, por sus siglas en inglés), la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y la organización Transporte y Medioambiente (T&E) instaron en un comunicado a la Comisión -la institución que negocia este acuerdo en nombre de los Veintiocho- a que excluya ese instrumento del tratado.
Insistieron en que un ISDS permite a las empresas pasar por encima de la justicia de los países y poder demandar a gobiernos directamente a través de paneles de arbitraje especiales por medidas que, a su juicio, pueden "poner en peligro" leyes diseñadas para proteger los intereses públicos.
"Mina el estado de derecho, hace a los ciudadanos pagar por los riesgos corporativos y hace que los gobiernos no se atrevan a legislar por miedo a que (las empresas) les lleven a juicio", señalaron en un comunicado.
Por otra parte, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) dijo al respecto en otro comunicado que "un arbitraje secreto no forma parte en absoluto" de un acuerdo equilibrado entre los intereses públicos y privados.
Además, BEUC hizo hincapié en otro asunto que levanta polémica en la negociación, el de la regulación de los químicos en EEUU.
"Nos preocupa que tratamientos químicos como los que emplean clorina sean la solución fácil para limpiar la carne (...) La UE ha elegido un enfoque que es científicamente sólido", indicó, y por ello pidió que Europa "no sacrifique sus estándares de salud pública y protección de los consumidores a cambio de negociar ventajas en el TTIP".
