Colombia : Declaración del Congreso de Unidad de la Cadena Láctea Nacional
Colombia : Declaración del Congreso de Unidad de la Cadena Láctea Nacional
Bogotá, noviembre 24 de 2010.
La cadena láctea nacional está amenazada y en trance de quedar en la ruina debido a las políticas públicas ajustadas a tratados y compromisos de libre comercio, a la permisividad oficial con los abusos del oligopolio industrial -que controla la pasterización- contra los productores así como a las importaciones y el contrabando de diversos productos, especialmente de lactosuero.
Los 500 mil predios ganaderos colombianos, de los cuales el 65% posee menos de 8 reses, producen 6 mil quinientos millones de litros de leche fresca anual, volumen suficiente para abastecer el mercado nacional. El 47% de dicha producción se entrega a las empresas industriales y el 43% lo comercializa la cadena láctea popular, en forma de leche en cantina, que distribuye diariamente siete y medio millones de litros que consumen 19 millones de colombianos, a través de derivados lácteos de pequeñas y medianas fábricas o hervida en sus hogares ; el 10% restante se destina para el autoconsumo de las fincas.
Las grandes firmas procesadoras están interesadas en quedarse con la producción de la cadena popular. Es también el propósito del gobierno colombiano que las favorece con el argumento de los requisitos sanitarios que exige la OMC en su intento de declarar ilegal el comercio, consumo y transporte de leche cruda. Su propósito evidente es concentrar más el negocio y dejar a los lecheros sin defensa alguna frente a las empresas que pasterizan la leche. Entre estas sobresalen las filiales de las principales compañías de acopio de leche en el mundo tales como Fonterra, Nestlé, Danone, Friesland, Dairy Partners y Parmalat.
La propia FAO ha dicho que estas “grandes compañías están siéndolo todavía más y se ha incrementado la tasa de expansión más allá de las fronteras” y ha descrito “las fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas como el signo de los tiempos”. Colombia está dentro de esos planes y el gobierno los facilita, no sólo con la persecución al comercio popular sino con la negociación de tratados de libre comercio como los ya pactados con Estados Unidos, la Unión Europea, MERCOSUR y Suiza, entre los más relevantes. Esa extensión está garantizada con los subsidios que en Europa suman 16 mil millones de euros anuales y que en Estados Unidos equivalen al 48% del precio de compra al productor. Las ganancias netas anuales por leche y subproductos de las firmas trasnacionales mencionadas, incluidas fusiones y adquisiciones, son ya exorbitantes.
A contramano, los lecheros colombianos ven subir los costos, sometidos a insumos con precios inalcanzables, tarifas e impuestos exacerbados y los precios de venta deprimidos. La decisión gubernamental tomada en los últimos años es convertir a Colombia en importador de leche, aún a costa de sacrificar el ingreso y el empleo de millones de personas en tanto no se podrá resistir la agresiva acometida extranjera. El publicitado documento CONPES, una versión para el sector de Agro, Ingreso Seguro, reconoce este hecho al recomendar la reconversión hacia actividades diferentes de quienes no sean identificados como “productivos de talla mundial”. De concretarse tan funesto propósito, se afectaría el trabajo de al menos cinco millones de personas entre ganaderos, trabajadores rurales directos y profesionales de la rama, comercializadores, fabricantes de insumos y de alimentos pecuarios, transportadores, vendedores, tractoristas, cargadores y ayudantes, entre muchos más. Al sector se la ha trazado la misma senda siniestra recorrida por los cereales, el algodón, la soya, las confecciones y otros más en dos décadas de apertura.
Ante la dimensión de la crisis, el Congreso de Unidad de la Cadena Láctea Nacional se constituye en bastión para defender los intereses del sector, al lado de las fuerzas políticas, gremiales y democráticas, interesadas en hacer causa común para que la seguridad alimentaria nacional y el trabajo de los colombianos prevalezca sobre los negocios de las empresas transnacionales acolitados por las políticas oficiales.
Por consiguiente, llamamos a organizarnos y a movilizarnos por una política pública para el sector sintetizada en los siguientes puntos :
1. Cumplimiento del artículo 65 de la Constitución que protege la producción de leche nacional de suyo autosuficiente y que, en consecuencia, impide las importaciones de lactosuero, leche en polvo y derivados lácteos.
2. La defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria de todos los hogares colombianos.
3. Derogatoria de los decretos que prohíben el comercio y transporte de leche en cantina. Y, por tanto, acompañar una adecuada política sanitaria que garantice la inocuidad y el buen desempeño de esa parte de la cadena principalmente en beneficio de los consumidores de menores ingresos.
4. Apoyo técnico y financiero, con mecanismos efectivos y de fácil acceso, para productores y comercializadores nacionales, sin excepción, dando prioridad a los pequeños y medianos.
5. Fomento del consumo de leche y derivados lácteos nacionales mediante campañas de promoción masivas y a través de redes sociales y compras estatales (ICBF y otras entidades), que garanticen el consumo de la producción nacional manteniendo los programas de nutrición en épocas de abundancia y de vacaciones escolares.
6. Control estatal para que las condiciones de compra de la leche, en precio y calidad, fijadas en las instancias respectivas, sean respetadas por las empresas industriales en toda circunstancia y lugar. El gobierno debe poner en marcha con tales fines una red independiente de laboratorios de certificación.
7. Intervención de los precios de los insumos y del almacenamiento de los excedentes que en determinados momentos puedan presentarse, la creación de incentivos tributarios y la revisión de impuestos y gravámenes que afectan la lechería nacional.
8. La negación por parte del Congreso de la República del TLC con la Unión Europea por las inicuas desigualdades que prescribe en todos las áreas y además demandar la exclusión de los capítulos de comercio agrícola y demás relacionados en los tratados ya aprobados.
