Colombia : El TLC con Estados Unidos profundizó la apertura económica
Por Enrique Daza Gamba | 24-5-22
Colombia : El TLC con Estados Unidos profundizó la apertura económica
Apertura y TLC con EE. UU. son complementarios y han conducido al lamentable estado del país, además de haber perdido su autonomía en política exterior.
En 1990 César Gaviria lanzó el programa de modernización de la economía conocido como apertura económica, que marcó las dos décadas siguientes. Consistía básicamente en disminuir el papel del Estado en la economía, eliminar los controles administrativos a las importaciones y reducir los aranceles, privatizar la mayoría de los bienes públicos, eliminar subsidios al consumo como los de la gasolina, fortalecer el sector financiero como el motor de la economía, flexibilizar las condiciones laborales para abaratar los costos de la mano de obra, facilitar la inversión extranjera y promover las exportaciones. Se argumentó que se buscaba la internacionalización de la economía y someter a la producción nacional a la competencia internacional para mejorar su competitividad. Se arguyó también que el país se insertaría en la economía mundial con productos sobre los cuales teníamos ventajas comparativas.
Pocos años después, en 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, tuvo lugar en Miami la primera Cumbre de las Américas, en la cual se acordó crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, proceso que debía culminar en 2005. Como en todos los países de América, con excepción de Cuba, se venían realizando reformas en la misma dirección de las adelantadas por César Gaviria, el ALCA era un tratado de libre comercio multilateral que abarcaría todo el Continente. La declaración de los presidentes estableció que “Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas. La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico (…) El libre comercio y una mayor integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente. Por consiguiente, decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del ‘Área de Libre Comercio de las Américas’ en la que se eliminaran progresivamente las barreras al comercio y la inversión”.
En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio, que buscaba en el mismo sentido liberalizar el comercio mundial de productos agrarios, industriales y servicios y los derechos de propiedad intelectual, una tarea difícil pues las decisiones de los países miembros debían tomarse por consenso. Estallaron enormes controversias que determinaron que a la postre solo se pudieran hacer acuerdos limitados, comenzando por que se excluyeron las normas sobre inversión y se pactaron unas complejas y tímidas medidas sobre liberalización comercial.
La suerte del ALCA no fue tan promisoria como se preveía y finalmente, en 2005, durante la V Cumbre realizada en Mar del Plata, Argentina, la propuesta se enterró definitivamente. Ya hacía algunos meses que se veía que el ALCA iba a fracasar, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana que acataba totalmente las exigencias de Washington en las negociaciones, exigencias que se negó a aceptar la mayor parte de los gobiernos de América, especialmente los del Caribe y el Mercosur.
Apenas instalado, el gobierno de Álvaro Uribe le solicitó al de Estados Unidos iniciar negociaciones de un tratado de libre comercio, que comenzaron en 2004 y culminaron en 2006. Se buscaba básicamente profundizar las políticas de la apertura económica, eliminar aranceles, dar más garantías a la inversión extranjera hasta el punto de eliminar cualquier condicionamiento a la misma, restringir el papel económico del Estado en actividades que pudieran considerarse “comerciales”, pues se consideraba una amenaza a la libre competencia, y respetar los derechos de propiedad intelectual más allá de lo convenido en la OMC. Unas decisiones de política interna que eran potestativas del gobierno, por malas que fueran, se convirtieron en parte de un tratado internacional y quedó Colombia en el peor de los mundos, obligada a someter aspectos claves de su política interna a las decisiones acordadas con Estados Unidos en el tratado.
La negociación, antes que entre Colombia y Estados Unidos, fue entre el gobierno colombiano y los gremios y actores que dentro del país consideraban que sus intereses podían ser vulnerados, pues ante Estados Unidos, el gobierno de Uribe se limitó a decir sí a todas las exigencias. El tratado se suscribió cuando Uribe doblegó a todos los gremios, ya fuera con promesas o con imposiciones.
Su entrada en vigencia demoró todavía seis años, pues hubo fuerte resistencia en Colombia, tanto en las calles como en el propio Congreso de la República, donde un grupo de senadores dejó oír su voz en defensa del interés nacional. Los sindicatos y otras numerosas organizaciones sociales también se resistieron y los sindicatos estadounidenses, fuerte base social del partido demócrata, denunciaron las violaciones a las libertades sindicales y los derechos humanos en Colombia. Así, el Congreso de EE. UU. no lo ratificó hasta que Colombia no adoptó unas provisiones ambientales y laborales que, aunque incluían unos estándares básicos de protección, básicamente buscaban proteger a Estados Unidos de una eventual competencia desleal por parte de Colombia utilizando los bajos costos salariales y la degradación ambiental como factor de competencia. Las nuevas normas lógicamente solo acabaron aplicándose en los sectores ligados al comercio internacional y no puede asegurarse que hayan contribuido al progreso social y ambiental.
Los efectos de la apertura y del TLC con Estados Unidos son complementarios y han conducido al lamentable estado del país : desindustrialización, pérdida de la soberanía alimentaria, desnacionalización del patrimonio público, concentración del ingreso, pobreza y desigualdad, déficit comercial y pérdida de autonomía en las definiciones de política exterior bajo las presiones de Washington.
