Costa Rica : El TLC atenta contra los derechos humanos
Vinicio Chacón, 1 Abril 2007 0:05
Se trata de organismos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que el año pasado presentaron un informe preliminar sobre las violaciones que en materia de derechos humanos contiene el TLC, ante una audiencia de la CIDH en julio en Guatemala.
En primer lugar, el informe manifiesta preocupación porque el acuerdo comercial ‘no aborda en su profundidad las asimetrías existentes’ entre los países centroamericanos y los Estados Unidos, pero destaca que la ‘principal preocupación’ es que el TLC constituye para los estados signatarios ‘un instrumento internacional vinculante que cuenta con el mismo nivel que los instrumentos y mecanismos de derechos humanos’.
Las organizaciones que elaboraron el documento son la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Comité de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM), de El Salvador ; el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala ; el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Departamento Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA) y la Federación Luterana Mundial.
‘La idea del trabajo fue profundizar sobre los efectos del TLC y hacerlo de manera colectiva regional’, manifestó Rubén Chacón, del Departamento Jurídico de ILCO.
Sobre las asimetrías, Amparo Pacheco, viceministra de Comercio Exterior respondió que por el contrario éstas se dan ‘en un programa de desgravación arancelaria más comprensivo y rápido para Estados Unidos que para los países de Centroamérica’.
‘La apertura del mercado estadounidense para la casi totalidad de los productos centroamericanos (cerca del 99%) se realiza de manera inmediata, mientras que los mercados centroamericanos se abren en plazos que van entre cinco y veinte años para lo que compite con la producción nacional’, añadió.
Problemas puntuales
Esos organismos manifestaron preocupación pues la Ley de Implementación de Estados Unidos ‘establece que las leyes ordinarias federales y estatales prevalecerán sobre el acuerdo’, mientras que los países de la región no cuentan con un instrumento análogo, por lo cual el TLC ’sólo puede ser aprobado o rechazado por la Asamblea Legislativa en todos sus extremos, sin poder hacer modificaciones, reservas ni clarificaciones’.
En materia ambiental, el informe detalla que el TLC ‘atenta directamente contra los derechos de los agricultores a la alimentación porque refuerza el uso de patentes de semillas’, además de que pone en riesgo la diversidad biológica. Lo anterior se fundamenta en la obligatoriedad de suscribir el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocido como UPOV 1991 ; pues ‘prácticamente, los Estados se vuelven guardianes de los propietarios de las patentes’.
La jerarca Pacheco manifestó que ‘el compromiso de Costa Rica es aprobar el convenio UPOV, el cual contiene un sistema para proteger las nuevas variedades de obtenciones vegetales que se desarrollen. Las semillas criollas y todas las que actualmente existen evidentemente no se pueden proteger, por lo que los agricultores podrían seguir usándolas.
En el caso de las nuevas variedades que si se protegerían, UPOV permite una excepción para que los agricultores reutilicen las semillas protegidas para su propia explotación’. Actualmente este convenio se estudia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, donde un acuerdo de los partidos Liberación Nacional , PUSC y Libertarios permitió darle vía rápida.
En el tema laboral, las organizaciones señalaron que el acuerdo comercial no establece mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y que, aunque establece sanciones, éstas son asumidas por los Estados y no por las empresas que violenten estos derechos.
Sobre los capítulos XV referentes a propiedad intelectual, IX de contratación pública, X de inversiones y XI de comercio transfronterizo de servicios, el documento indica generan ‘una fuerte afectación al derecho humano a la salud’, pues encarece las medicinas ‘por la prevalencia de los medicamentos patentados’ y limita la disposición de estas en los hospitales públicos.
Alertan que el TLC estimulará ‘la privatización de los servicios públicos de la salud a través de un sistema de concesiones y se desregula el funcionamiento de las inversiones extranjeras en esta materia’.
Las nueve organizaciones expresaron preocupación pues el Tratado otorga ‘completas garantías’ a los empresarios e inversionistas : ‘Permite la posibilidad de que las empresas puedan demandar a los Estados, quienes renuncian a la aplicación de requisitos de desempeño, cláusulas ambientales y laborales y a la aplicación de una regulación nacional a las inversiones extranjeras’.
El texto critica que todo lo anterior se da a cambio de ‘una inversión cuyo modelo de crecimiento se basa en el agotamiento del capital natural como el medio ambiente, compra de empresas existentes (estatales) y concentrada en el sector exportador.
Destaca que no llega a zonas marginales, no llega al campo y tampoco integra cadenas productivas nacionales.
En este sentido, la Viceministra apuntó que ‘nada en el TLC restringe la potestad regulatoria del Estado en materia de inversión, siempre y cuando la normativa no resulte discriminatoria’. Consideró además que el acuerdo ‘no crea un régimen de inmunidad a favor del inversionista extranjero, el Estado mantiene respecto al inversionista su potestad de exigirle el cumplimiento de la legislación nacional’.
El informe también aduce que, aunque el TLC declara formalmente su adhesión a la vigencia de ciertos derechos humanos fundamentales como el trabajo, el desarrollo y la conservación del medio ambiente y a las normas que les protegen, las disposiciones que contiene ‘despojan a tales derechos esenciales de una real significación’.
Lo anterior se fundamenta en que el TLC ‘provoca una renuncia de los Estados a su capacidad de intervenir’ a través de herramientas propias de la política económica ; como un sistema de aranceles para productos extranjeros que puedan impactar negativamente en la actividad económica de grandes sectores poblacionales, ‘tal es el caso de las nociones de ‘trato nacional’ y ‘desgravación arancelaria contenidas en el Capítulo 3 del DR-CAFTA’.
Al respecto, Pacheco adujo que ‘todos los acuerdos comerciales limitan la libertad de cada país participante para aumentar sus aranceles, pero los países los impulsan por que consideran que ese sacrificio se compensa con creces, al obtener a cambio mercados seguros en el resto del mundo para sus productos, en la medida en que los otros países no pueden incrementar los aranceles a nuestros productos de exportación’.
Disparidades
Estas son algunas de las grandes asimetrías entre Estados Unidos y los países del área puntualizadas por las organizaciones.
– El Producto Interno Bruto (PIB) combinado de los siete países centroamericanos es solo un 0.5% del de los Estados Unidos.
– El ingreso per cápita en Centroamérica fue de $1.822 en el año 2000, mientras que el de Estados Unidos de $34.627.
– El 36% de la fuerza de trabajo en Centroamérica esta ocupada en actividades agrícolas, comparado con 2% en los Estados Unidos.
– El peso agrícola en el PIB de Centroamérica es del 17%, comparado con 2% en los Estados Unidos.
– Los Estados Unidos representan alrededor del 50% al 80% de las exportaciones e importaciones para Centroamérica ; en contraste, la región representa tan solo el 1% del mercado norteamericano.
– Mientras los Estados Unidos ocupan el primer lugar en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial, Costa Rica (el más alto de Centroamérica) ocupa el lugar 43.
– En el índice de desarrollo humano, los Estados Unidos ocupan el sexto lugar mientras Costa Rica (el más alto de Centroamérica) ocupa el 47.
