Costa Rica: elecciones presidenciales y TLC con los Estados Unidos en la hora de la verdad
Qué ha pasado después de las elecciones
Los movimientos sociales y las fuerzas políticas que se oponen al Tratado han consolidado su posición, mientras que los sectores neoliberales no tienen el camino despejado para imponer sus designios a la población, tal como esperaban tras la llegada de su candidato a la Casa Presidencial.
Oscar Arias Sánchez, ex presidente de la República (1986-1990) y Premio Nóbel de la Paz en 1987, pudo postular su candidatura presidencial gracias a un controvertido (por decir poco) voto de la Sala Constitucional, del año 2003, que anuló la norma constitucional establecida en 1969 que impedía la reelección de quienes ya hubieran ejercido antes la presidencia de la República. Este voto de la Sala Constitucional desató fuertes controversias y debates acalorados, señalándose que fue obtenida solo gracias a la influencia del ex mandatario sobre el tribunal constitucional (en el 2000, el mismo Tribunal Constitucional se había pronunciado en contra de la reelección). Incluso, en mayo del 2005, un evento de los movimientos sociales convocado para definir una estrategia frente al TLC declaró la candidatura de Arias como espuria e inconstitucional, llamando a desconocer un eventual mandato suyo.
Sea como fuere, lo cierto es que Arias y su partido (Liberación Nacional), sufrieron un fuerte revés en las pasadas elecciones: durante toda la campaña política las empresas maquiladoras de encuestas (cuestionadas más tarde de sesgar los datos de forma intencionada a favor de Arias), los favorecieron concediéndoles una ventaja de más de 20% de la intención de voto, lo cual condujo a que la campaña arista tuviera un discurso triunfalista y autoritario, donde muy claramente se determinó el apoyo irrestricto de dicho candidato al TLC con los Estados Unidos. Pero, al final, Arias se impuso sobre Ottón Solís (su contrincante más cercano, del Partido Acción Ciudadana), por poco más de 18 mil votos, que representan un raquítico 1,12% de los votos válidos emitidos por la ciudadanía. Además, la Asamblea Legislativa quedó fraccionada en al menos 8 bancadas (dos de ellas mayoritarias, dos de mediano tamaño y cuatro minoritarias), lo cual no asegura un Congreso monolítico en torno al TLC y a otros temas públicos.
Este resultado electoral confirma que no hay en Costa Rica una fuerza política con suficiente legitimidad como para imponer sus decisiones y opciones al resto de la ciudadanía; en términos generales, Arias obtuvo apenas cerca del 25% de los votos de todo el padrón electoral, porcentaje superado con creces por el abstencionismo que este año fue de cerca del 35%. Por otra parte, el resultado de la elección refleja la polarización que vive la ciudadanía en torno al TLC con los Estados Unidos, a pesar de lo cual el nuevo gobierno ya anunció que no dará marcha atrás en este asunto, causa en la cual contará con el apoyo incondicional y eventualmente con la presión de Washington. 1)
Renegociación versus rechazo al TLC: antesala de una crítica de fondo al neoliberalismo
Durante varios meses, el Partido Acción Ciudadana (PAC) defendió la tesis de que era posible una renegociación del TLC con los Estados Unidos, prometiendo encabezar dicha renegociación si llegaba al poder. Esta posición, poco a poco, fue consolidando el apoyo al PAC por parte de la ciudadanía y muchos sectores organizados opuestos al Tratado, sin embargo no resolvía la contradicción de fondo al no representar una verdadera alternativa al “libre comercio”: en realidad, el PAC se ha manifestado siempre a favor de la liberalización comercial, aunque ha condicionado su apoyo a los TLC’s a la modificación de algunos de sus contenidos más perjudiciales para Costa Rica (por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, apertura de las telecomunicaciones y subsidios agrícolas, entre otros).
Aunque esta posición del PAC fue importante para la definición de los resultados electorales, una vez aclarado quién ganó las elecciones, se ha aclarado a su vez que la opción de una eventual renegociación es del todo inviable, quedando como única alternativa la posición que han sostenido los movimientos sociales a lo largo de más de tres años: el rechazo total al TLC. A partir de ahora, la población costarricense volverá a vivir la polarización en torno al TLC de los últimos años, que es en el fondo una polarización en cuanto al modelo económico impuesto durante más de dos décadas al país por parte de los gobiernos de turno, las grandes corporaciones y los organismos financieros internacionales.
En efecto, la oposición al TLC con los Estados Unidos ha propiciado un debate extenso y muy importante en amplios sectores sociales, organizados y no organizados, donde se perfila una crítica de fondo al modelo neoliberal, y se va tomando conciencia plena de la necesidad, urgente por cierto, de encontrar alternativas políticas, económicas y sociales a dicho modelo. Aunque en este momento tampoco existe una fuerza política capaz de representar el heterogéneo mapa de fuerzas sociales alternativas que han ido surgiendo, Costa Rica vive una situación que sin duda alguna guarda relación con el nuevo escenario político latinoamericano, especialmente con lo que está aconteciendo en América del Sur, donde el ascenso de proyectos políticos populares ha minado seriamente la hegemonía norteamericana sobre nuestros países.
Es importante señalar que en los últimos años, han surgido nuevas fuerzas políticas alternativas en el escenario costarricense, algunas de ellas de índole partidaria, otras que se mueven fundamentalmente en el ámbito de la articulación de movimientos sociales no partidarios 2; todas estas fuerzas han encontrado en la oposición al TLC una causa común, que les ha permitido conocerse, articular instancias de coordinación, programar acciones, desplegar planes estratégicos y compartir información, todo lo cual ha ido construyendo importantísimos tejidos político-organizativos al nivel de base, que antes no existían o eran muy débiles y circunstanciales. También ha habido un importante despertar de la intelectualidad y de los sectores culturales ticos, que se ha abocado a analizar con detalle los impactos que el TLC tendría sobre distintos ámbitos de la economía, la institucionalidad y la sociedad costarricense, así como a apoyar los procesos de movilización, lo cual ha sido significativo ya que durante muchos años hubo una gran distancia entre los movimientos de base y sectores de intelectuales y artistas críticos cuyo aporte era escaso y/o muy puntual en los procesos colectivos, siendo que en el momento actual hay una mayor integración que consolida la resistencia frente al TLC.
No significa esto que se haya logrado ya consolidar un movimiento político nuevo, pero sí que se ha puesto en marcha una interesante configuración de redes e instancias que de forma gradual han ido radicalizando su oposición al “libre comercio” y, con ello, han ido construyendo un consenso social distinto sobre el rumbo que debe seguir el país en los próximos años. De todo esto, probablemente, podrá derivarse la construcción de fuerzas sociales capaces de impulsar un proyecto político propio, alternativo y con apoyo popular, lo cual es indispensable si los movimientos quieren pasar de la resistencia a la propuesta y, desde ahí, construir opciones de poder con fuerza y legitimidad para destronar a las viejas oligarquías y élites empresariales que detentan el poder en Costa Rica desde el inicio de la vida republicana durante el primer cuarto del siglo XIX. Sin duda, falta mucho por hacer y el proceso puede experimentar retrocesos y contradicciones, no obstante es necesario tener en cuenta que Costa Rica está cambiando y que ese cambio puede canalizarse hacia un apoyo popular a proyectos nuevos, incluyentes, participativos y centrados en el desarrollo humano integral de la población.
Lo que viene en los próximos meses
Es normal que la llegada de un nuevo gobierno desmovilice parcialmente a la población, quizá por la expectativa del “qué hará” en los meses iniciales de su gestión. Sin embargo, debido a que la lucha contra el TLC viene desplegándose con creciente intensidad en los últimos años, es más que probable que habrá una pauta de continuidad en el conflicto que evitará la desmovilización de los sectores que luchan contra el Tratado.
En los próximos meses, recrudecerá la campaña oficial de desinformación masiva, financiada desde los Estados Unidos 3, para lograr que la población apoye o bien no se manifieste en contra del TLC. El gobierno de Oscar Arias se jugará el todo por el todo en este asunto, ya que el TLC es, desde todo punto de vista, una mega-reforma del Estado de orientación neoliberal, que introduciría en el cuerpo normativo costarricense, al nivel de un Tratado internacional, modificaciones de fondo de la legalidad, la institucionalidad y la economía. Destacan dentro de este panorama la privatización 4 de las telecomunicaciones y la electricidad, de los seguros, de la seguridad social y del agua, entre los recursos y “negocios” más lucrativos que pasarán progresivamente de control público-estatal a control de corporaciones transnacionales y sus socios criollos; si esto llega a cuajar, desgraciadamente Costa Rica se sumaría a la lista de naciones que privatizaron sus mejores y más rentables activos, todo ello en una época en la que el fracaso del neoliberalismo y la privatizaciones es evidente para todo el mundo, menos para quienes saben que sus negocios privados se juegan una partida de vida o muerte.
Por lo tanto, se avizora una clara fractura de la sociedad costarricense frente al TLC, que significa una fractura del consenso social hegemónico desde la guerra civil de 1948 y de su respectivo régimen institucional y jurídico; de hecho, este último será incapaz de canalizar el conflicto interclasista, como lo ha venido haciendo en los últimos 60 años, en términos de mantener el “statu quo” inalterado. Pase lo que pase con el TLC (ya sea que el Congreso lo ratifique o que la movilización popular logre derrotarlo), lo cierto es que todo esto ha creado un gran “parteaguas” en el seno de la sociedad, llevando al límite la capacidad del régimen político de mantener su legitimidad y al mismo tiempo imponer las reformas neoliberales que aspira consolidar.
El escenario de este conflicto será doble: por un lado, la Asamblea Legislativa; por otro, las calles. Ninguno será más importante, y lo que pase en uno determinará lo que pase en el otro. En la Asamblea Legislativa, es posible que la fracción legislativa del PAC (con 17 diputados y por tanto la segunda mayoría del Congreso), ante la inviabilidad de la renegociación, se afiance en el rechazo al TLC, con apoyo de otros sectores políticos minoritarios pero de importante proyección pública, como el Frente Amplio y el Partido Accesibilidad sin Exclusión, con lo cual habría 19 votos en contra del TLC. Por su parte, la fracción del Partido Liberación Nacional (con 25 escaños), tratará de amarrar las alianzas con la debilitada Unidad Social Cristiana (5 escaños), el Movimiento Libertario (6 escaños) y otras fuerzas minoritarias, para asegurarse los 38 votos que posiblemente requiera la ratificación del Tratado.
En las calles, la movilización popular irá en ascenso, comenzando con la marcha del Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, el próximo 1º de mayo. Aunque es difícil saber con exactitud cómo se desenvolverán los hechos, es seguro que instancias como la CNE y la CN, así como las instancias articuladoras de los movimientos sociales, pastorales, gremiales y comunales, tendrán una importantísima función de alentar a sus bases a sumarse a la defensa del país y sus riquezas. En el imaginario colectivo, pesará mucho la lección de la gesta de 1856, cuando el ejército tico derrotó y expulsó la invasión de un ejército mercenario norteamericano, comandado por William Walker, consolidando el proyecto nacional de la entonces naciente república costarricense. Retomado simbólicamente, este elemento sin duda reforzará mucho las aspiraciones del movimiento popular en Costa Rica, que deberá trabajar mucho en la divulgación, la formación y la organización de base si aspira a logra su objetivo de derrotar al Tratado.
Finalmente, cabe acotar que la presión estadounidense también se incrementará, especialmente por la vía diplomática y, eventualmente, por la vía comercial, aunque esto último afectaría principalmente los intereses de los mismos EEUU, por lo que es poco probable que se produzcan sanciones comerciales para Costa Rica ante la no ratificación inmediata del Tratado.
Por ahora, otros aspectos relativos al nuevo gobierno costarricense (su agenda más allá del TLC) han quedado relativamente relegados, ante la importancia primordial que el TLC tiene en la agenda tanto del gobierno mismo como de los movimientos sociales y otras fuerzas políticas. El gobierno de Arias ha heredado del gobierno de Pacheco esta conflictiva situación, y de la forma en que se resuelva dicho conflicto dependerá tanto la legitimidad del gobierno como el desarrollo de proyectos y sujetos alternativos nuevos, capaces de convocar e integrar a la población con una visión amplia e incluyente del desarrollo.
Lo que pase durante este año y el siguiente marcará a Costa Rica, al menos, durante los próximos 50 años, por lo cual no es poca cosa lo que está en juego. Así lo han comprendido los movimientos sociales y por eso su lucha se radicalizará más durante los próximos meses, en franca disputa con los sectores hegemónicos cuyo proyecto de nación es, abiertamente, la no-nación, el no-país: solo un paraíso para las corporaciones, donde las nociones de autogobierno y soberanía pasen a ser reliquias de un pasado que ellos quisieran ya demasiado remoto. Pero, como suele acontecer, la historia puede reventarles en la cara.
1. El periódico La Nación informó, en su edición del viernes 10 de marzo, que el presidente norteamericano George W. Bush, llamó personalmente al presidente electo (Arias), para felicitarlo y al mismo tiempo, para pedirle “agilizar” la tramitación del TLC en Costa Rica. A esto se suma la carta enviada el 14 de marzo anterior a Oscar Arias, por parte de Robert Portman, Representante Comercial de los EEUU, donde se rechaza de plano cualquier posible renegociación del TLC, lo cual había exigido el Partido Acción Ciudadana durante la campaña electoral. El chantaje y manipulación mediática insisten en el próximo advenimiento del caos y la miseria si Costa Rica no ratifica urgentemente el Tratado.
2.Otras fuerzas sociales preexistentes, como algunos sectores del movimiento sindical y gremial, han realizado también importantes aportes en la lucha contra el TLC, participando de forma activa en las instancias de coordinación pluri-sectoriales que se han ido conformando en el seno del movimiento popular, tales como la Comisión Nacional de Enlace (CNE) y la Coordinadora Nacional contra el TLC (CN).
3.Desde hace casi dos años, el grupo de tecnócratas que conformó el equipo “negociador” de Costa Rica con los Estados Unidos, creó un grupo privado (autodenominado Grupo Por Costa Rica), que moviliza recursos millonarios en campañas publicitarias pro-TLC. Ante los reiterados cuestionamientos para que revelen el origen de los fondos, han guardado absoluto silencio; sin embargo, algunas fuentes indican que dichos recursos podrían provenir de las corporaciones farmacéuticas norteamericanas, una de las ramas corporativas más gananciosas de ratificarse el Tratado.
4.Aunque el TLC habla de “apertura” y no de “privatización”, en realidad el primer término es una forma eufemística del segundo; para comprobarlo, basta con analizar el caso de la empresa estatal colombiana de las telecomunicaciones, TELECOM, fundada en 1947 (apenas dos años antes que el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE), que tras ser sometida a un intensivo proceso de “apertura” (léase debilitamiento y entrega al capital transnacional), desde 1989, fue finalmente liquidada en el 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe, con pérdidas multimillonarias para el país y ganancias espectaculares para las grandes transnacionales del ramo.
Gerardo Cerdas
Coordinador para Mesoamérica del Grito de los Exluidos
Integrante del Encuentro Popular de Costa Rica
