Costa Rica: ¡Lo que no pudieron los fusiles, pudieron los dólares!
viernes 5 de septiembre de 2008
Costa Rica: ¡Lo que no pudieron los fusiles, pudieron los dólares!
Ing. Gerardo Fumero Paniagua (especial para ARGENPESS.info)
En 1856, Juan Rafael Mora Porras, presidente de la más pobre de las repúblicas de Centro América, Costa Rica, consciente del peligro de desaparecer como nación libre y soberana, a solo 36 años de su fundación, condujo personalmente la heroica gesta contra del filibustero William Walker, invasor esclavista del sur de los Estados Unidos, EUA, que ya había tomado la hermana República de Nicaragua y amenazaba al resto. Finalmente, con el apoyo de El Salvador, Guatemala y Honduras, logró expulsarlo. Cuenta la tradición que sentenció sin embargo, “lo que no pudieron los fusiles, podrán los dólares”.
1.- Defensa anti colonialista
Al igual que el resto de los países latinoamericanos, Costa Rica no ha escapado a la dominación económica extranjera. En 1871 la Northern Railway Company, empresa de origen inglés, obtuvo un contrato por 100 años, para la construcción y explotación del ferrocarril al Atlántico. Los servicios de telefonía estuvieron en manos de una subsidiaria de la American and Foreign Power a partir de 1925 y los de electricidad, de la Electric Bond & Share, desde 1928, ambas de origen norteamericano.
Sin embargo, Costa Rica ha sido un país un tanto singular, pues no solo expulsó a Walker de Centro América, sino que ha mantenido un largo historial de resistencia al colonialismo. Expulsó en 1941 la Electric Bond & Share y pone los servicios eléctricos en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, en 1949. Nacionalizó la banca en 1948, a la vez que se refunda la República. Nacionalizó los servicios de telecomunicaciones y los entregó también al ICE, en 1963. En 1968 expulsó la Alluminum Company of América, ALCOA, transnacional a quien el gobierno le había otorgado un contrato leonino para la explotación de yacimientos de bauxita en el Valle de El General.
Expulsó en 1994 a Millicom, empresa a la que 7 años antes, el Dr. Oscar Arias Sánchez, en su primer mandato presidencial -constitucional-, le entregó por decreto -no por ley, como hubiere correspondido- las telecomunicaciones móviles del país. La misma Corte Constitucional debió declarar anticonstitucional dicha concesión. Los Estado Unidos amenazaron con retirar al país de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y eliminar la cooperación e inversión norteamericanas. La empresa interpuso una demanda ante un tribunal con sede en el Distrito de Columbia, EUA, por la suma de US $400 millones, que finalmente fracasó, ya que no existía un Tratado de Libre Comercio que amparara tal gestión.
En el año 2002 Costa Rica revocó un contrato para la exploración petrolera en la zona del Caribe, en razón de que no cumplió con la protección ambiental que se le exigía, a una subsidiaria de la estadounidense Harken Energy. A finales del 2003, la empresa demandó al Estado costarricense por US $57.000 millones, ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias por Inversiones, CIADI, organismo adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington. El monto exigido corresponde, según la empresa, al costo de la “expropiación indirecta”, es decir a las ganancias que supuestamente hubiera reportado la comercialización del petróleo, del que no hay ninguna certeza. Hoy esa demanda se libra en un juzgado en el país, dado que no encontró asidero legal afuera, precisamente a falta de un Tratado como el CAFTA que le diera sustento.
2.- Estado Social de Derecho
Nuestro Estado Social se sustenta hoy en la Constitución Política, CP, de 1949. Surge después del último conflicto armado en el país y es producto de un pacto social entre las fuerzas más disímiles: los dos bandos enfrentados, liderados por los próceres de la Patria, Don José Figueres Ferrer (fundador de la Segunda República y del Partido Liberación Nacional, PLN) y el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, (cuya herencia recoge hoy el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), la Iglesia Católica, a través de Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y del entonces Partido Comunista Costarricense, a través del Sr. Manuel Mora Valverde.
En su artículo No. 50 dice la CP “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, y en el 74 “Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (El subrayado es nuestro).
Garantiza además en el artículo No. 78 “La educación general básica es obligatoria. Esta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación”, proscribe el ejército como institución permanente, en el artículo No. 12 y garantiza la prestación de servicios públicos, a través de instituciones del Estado, que operan al costo, sin fines de lucro, en procura del desarrollo y el bienestar del país y de todos sus habitantes.
El modelo de desarrollo sustentado en esos principios constitucionales, ha producido el más universal acceso a los servicios básicos en América Latina, suministrados por instituciones públicas como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, el Ministerio de Educación, MEP, las Universidades Públicas (UCR, UNA, UNED e ITCR) y el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SNAA y el Instituto Nacional de Seguros, INS.
Complementan esas instituciones algunas otras igualmente importantes, aunque disminuidas a partir de los años 80, pero que otrora garantizaron con mucho mayor fuerza, bienestar y atención de las necesidades específicas de los más débiles, residentes de zonas urbano-marginales y campesinos en zonas rurales, tales como el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, el Consejo Nacional de la Producción, CNP, el Patronato Nacional de la Infancia, PANI.
Finalmente, a través del Servicio Nacional de Electricidad, SNE, creado en 1924 y convertido en 1996 en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, se asegura el país que las entidades que brindan servicios en calidad de monopolios, permitidos para el Estado, -no para los privados-, no abusen de su condición; y por el contrario, garanticen una operación al costo y con subsidios cruzados, para hacer posible que todos los habitantes del país puedan contar con servicios básicos e indispensables, como seguridad, salud, educación, agua potable, electricidad, vivienda, telecomunicaciones, seguros, etc., siendo este el medio por el cual un Estado Social de Derecho (en un país como el nuestro), debe materializar sus políticas de bienestar.
El Dr. Carmelo Mesa-Lago, autor del libro Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, analiza 20 variables socio - económicas sobre las tres naciones. Opina que “si bien es cierto no existen los sistemas ideales y cada país es diferente, en Latinoamérica Costa Rica puede servir como guía para las naciones que andan en busca de un modelo económico y social. ...puedo decir que, en conjunto, la experiencia costarricense fue la más exitosa. Innegablemente los chilenos han tenido el mejor desempeño en la parte económica, pero socialmente no presentan los resultados de Costa Rica, y lo más impresionante es que el modelo costarricense se ha dado en medio de un sistema siempre democrático”. (El subrayado es nuestro). El chileno y catedrático Joseph Ramos, comenta respecto al libro, “La editorial Nueva Sociedad acaba de publicar la versión en español de este estudio comparado sobre la evolución económica de Chile, Cuba y Costa Rica en los últimos 30 a 50 años, publicado en inglés por Johns Hopkins University Press en el año 2000. La obra es fruto de al menos una década de investigaciones en terreno por el autor, y, como habría de esperarse del Profesor Mesa-Lago así como de sus colaboradores, es un trabajo completísimo y riguroso, con conclusiones robustas y de gran interés para los demás países en desarrollo”.
Más recientemente, en mayo del 2007, se publica un informe sobre las telecomunicaciones en América Latina, elaborado por 4 expertos, auspiciado por varias entidades, entre ellas el Foro de Reguladores Latinoamericanos de Telecomunicaciones, REGULATEL, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En él se asegura que “Ni Uruguay ni Costa Rica tenían un programa de acceso universal, o siquiera una Ley de telecomunicaciones. Aun así, ambos países han logrado un gran éxito en la provisión de acceso universal, con tasas de penetración de casi el 28% cada uno, las más altas de Latinoamérica, y una cobertura nacional en redes de cerca del 100% a través de subsidios cruzados... En ambos casos, la iniciativa de proveer el acceso universal fue del operador y no del gobierno o del regulador. En ambos países, las tarifas locales son bastante asequibles”. “Esos países, los más exitosos en aumentar la penetración de las líneas fijas, han logrado esto mediante iniciativas con motivaciones socioeconómicas de los monopolios estatales”.
En otros campos también se podrían ilustrar los logros de lo que ha sido la aplicación de una verdadera política de solidaridad social, muchos de ellos documentados en el libro El Estado Solidario frente a la Globalización, (G. Fumero, 2006), y que el actual gobierno del Dr. Arias Sánchez, -en su segundo mandato presidencial-, pareciera empeñado en hacer desaparecer.
3.- Políticas neoliberales
El desarrollo social alcanzado por el país, entre finales de la década de los años 40 y 70, se pone paulatinamente en riesgo a partir de los 80. El país cae, al igual que el resto de países latinoamericanos, en el torrente neoliberal.
Se ponen en marcha nuevas políticas de gobierno, que terminan mermando la capacidad del Estado. Leyes y decretos son dictados para limitar las potestades de las instituciones autónomas y debilitar la labor social. Al menos dos de los artículos constitucionales, el 50 y el 74, están hoy totalmente vaciados de contenido. Muchos otros se violan en nombre de la misma Constitución, por ejemplo, el 132, que prohíbe a los ex presidentes ser reelectos, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, que está para interpretar la CP, no para cambiarla, le permitió al actual presidente volver a ser candidato en el 2006.
Si bien es cierto Costa Rica se defendió de muchas otras pretensiones del capital foráneo -por colonialistas-, como vimos anteriormente, en los últimos 25 años ha entregado muchos de sus recursos y servicios públicos, y se obliga cada vez más un modelo de libre mercado, en donde la competencia sustituye los principios solidarios.
Las reformas han reducido el Estado, liberalizando y privatizando los mercados. Se vendieron al público las acciones de las empresas comerciales del Estado, en ese entonces bajo la cobertura de la Corporación de Desarrollo S. A., CODESA, con el pretexto de “democratizar la economía”, acciones que fueron finalmente adquiridas -a precios ridículos- por transnacionales extranjeras. Se privatizaron empresas estratégicas como Cementos del Pacífico S. A., CEMPASA y Fertilizantes del Pacífico S. A., FERTICA. Se propicia la restricción y se compromete la calidad de los servicios públicos, al extremo de que florecen la educación, la salud y la seguridad privadas, desaparecen o anulan las entidades encargadas de la agricultura y la seguridad alimentaria, de la regulación de los precios de productos básicos, de la vivienda popular, de la reforma agraria, se abren los servicios bancarios y desaparece la banca de desarrollo, (los bancos del Estado se convierten en una opción más entre los bancos comerciales), se privatiza la administración del aeropuerto internacional, la revisión técnica de los vehículos y algunos de los puertos, más recientemente se otorgan en concesión algunas carreteras y se pretende privatizar las cárceles, los parques nacionales y los servicios de agua.
A partir de 1990 no solo se abre hasta un 30% la generación de la energía eléctrica, sino que por ley se obliga al ICE a garantizar su compra, a todas esas plantas privadas (algunas propiedad del ex presidente, Ing. José María Figueres Olsen, hijo de José Figueres Ferrer), ya sea que el país la ocupe o no, a precios tres veces lo que le cuesta al ICE producirla.
En 1996, durante el gobierno de Figueres Olsen, del PLN, se intenta abrir totalmente los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, sin éxito. El gobierno que le sucede, del Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, del PUSC, retomando los proyectos de privatización de tales servicios, del gobierno anterior, (pues ya desde antes los dos partidos tradicionales comparten la misma agenda neoliberal, en lo que se ha dado en llamar el PLUSC, PLN + PUSC), logró aprobar en el año 2000, el histórico “COMBO”: Ley de Reforma del ICE, Ley General de Electricidad y Ley General de Telecomunicaciones. Eso provocó las mayores protestas populares de la última mitad del siglo XX, y finalmente un gobierno que pendía de un hilo, debió enviar al archivo tales proyectos, pero empezó desde entonces una campaña de desprestigio en muchos de los medios de comunicación aliados al gran capital, en contra de las instituciones estatales y los servicios que ellas prestan, especialmente contra el ICE.
4.- El Tratado de Libre Comercio
En el año 2003 se inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos, o CAFTA por sus siglas en inglés. Para los EUA, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana entra en vigencia a partir del 2006. En los EUA, la Cámara de Representantes lo aprobó por 217 contra 215 votos, algunos legisladores se supo luego, votaron afirmativamente gracias al “lobby” -invirtieron más de $3 millones-, de la industria farmacéutica.
Los textos del Tratado se manejaron subrepticiamente y en el más absoluto secretismo, el pueblo costarricense jamás los conoció hasta que estuvieron negociados. Se mintió y engañó a todo el país, por ejemplo, el mismo presidente en ese entonces, Dr. Abel Pacheco de la Espriella y todo su equipo negociador, juró que no se incluirían los servicios de telecomunicaciones y seguros, pero se agregaron al botín en la penúltima ronda de negociaciones.
En ninguno de nuestros países hermanos hubo mayor discusión o análisis de ese documento de más de 2.500 folios, en algunos fue aprobado en un tiempo record de semanas. En Costa Rica se sometió a la mayor discusión nacional de que se tenga memoria. Quienes lo impusieron (gobierno, cámaras empresariales y capital extranjero), acapararon con su dinero los medios de comunicación, invirtiendo más de $10 millones en propagada -no información-. Se gastaron dineros del gobierno -del pueblo-, de las cámaras empresariales, de la Fundación Costa Rica - EUA, CR-USA, de la Fundación de Cooperación Estatal, FUCE, donaciones de entidades financieras internacionales y países “amigos”, administrados a través de las fundaciones y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como si fueran fondos privados, cuando no lo son. En el bando opuesto, el pueblo organizó debates en cada barrio, surgieron cientos de líderes comunales y se organizaron espontáneamente más de 140 “Comités Patrióticos”, se llevaron a cabo infinidad de charlas, foros, publicaciones y emisiones radiales, se publicaron más de 50 libros y folletos.
Finalmente, fue tal la polarización de la sociedad, que no le quedó más alternativa al gobierno, -no por su propia iniciativa, sin embargo-, que convocar a un Referéndum para el 7 de octubre del 2007. El nivel del debate entre los del SI y los del NO al TLC, fue sumamente intenso. Durante los meses previos a ese evento, -primero en la historia del país-, unos en defensa de los poderosos intereses que se esconden detrás de un tratado como este y otros porque consideramos que este Tratado definitivamente transforma para mal nuestro actual modelo de desarrollo. Cambiaría un modelo basado en principios solidarios, (mejor reparto de la riqueza, inclusión social y servicios públicos al costo), por uno regido por los principios del libre comercio, de libre competencia, no solo poniendo freno sino revirtiendo los importantes logros alcanzado por este país en materia social, reconocidos por prestigiados autores y documentados en diversos estudios internacionales.
Se denunciaron muchas irregularidades cometidas durante la campaña del Referéndum, entre otras el gasto millonario del Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, la beligerancia del gabinete de gobierno y del propio Presidente Arias a favor del SI. En sus giras por el país, Arias promocionó el TLC, al extremo de ofrecer un aeropuerto en la zona sur del país y de prometer que el Tratado haría que quienes viajaban en bicicleta cambiarían a motocicleta y quienes lo hacían en motocicleta tendrían un BMW.
Las denuncias fueron planteadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, que terminó justificándolo todo. Incluso se llegaron a dar hechos verdaderamente graves para una democracia. Por ejemplo, en el mes de septiembre del 2007 se filtra a la prensa nacional un documento cuya autoría fue negada en un principio, pero finalmente aceptada por el Vicepresidente, Dr. Kevin Casas Zamora y el sobrino del Presidente y Diputado, Dr. Fernando Sánchez Campos. El primero renunció a su puesto, al segundo no le alcanza todavía la vergüenza para hacerlo.
Ese “Memorando”, que quedará para la historia, como el documento más vergonzoso (Memorando del miedo, se le llamó), recomendaba al gobierno estrategias dignas de adelantados alumnos del mismo Nicolás Maquiavelo; justificaba prácticamente cualquier medio para ganar el Referéndum.
Para el 1 de octubre las encuestas daban 12 puntos de ventaja al NO. Según las leyes electorales del país, debe respetarse una tregua durante los últimos tres días, anteriores a cualquier votación popular. Pero precisamente durante esos tres días, las fuerzas del SI utilizaron todos los medios de comunicación del país, multiplicando sus ataques, mentiras y falacias. Hicieron que muchas transnacionales amenazaran a sus empleados con retirarse del país y dejarlos sin trabajo si no se aprobaba el Tratado, obtuvieron declaraciones que ponían en entredicho la normas diplomáticas de no intervención en asunto internos del país, (del embajador de los EUA en San José, Mark Langdale, y de otras autoridades, como la representante comercial de los EUA, Regina Vargo) y amenazaron con retirar al país de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Aprovecharon la cadena internacional de TV, CNN, para entrevistar a su favor a Ricardo Ernst, de la Georgetown University. Todo con la mayor permisividad, condescendencia y desatención por parte del TSE, de las leyes electorales del país.
Finalmente el Tratado fue aprobado con un 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% del padrón electoral. Poco menos del 30% votó NO y un 40% se abstuvo de participar, pero se había cumplido finalmente la profecía de William Walker 152 años antes: lo que no pudieron los fusiles, lo lograron los dólares.
Hoy tenemos claro que el Referéndum, aparte de la decepción popular, -sirvió para legitimar un fraude mediático-, constituyó la mayor de las tomaduras de pelo para el pueblo, pues el texto del Tratado que se votó, ya había sido enmendado en tres ocasiones, con el consentimiento del gobierno de Costa Rica, pero jamás de los ciudadanos y en consecuencia, no votamos los costarricenses el Tratado vigente, sino un documento que ya había sido modificado y por tanto legalmente ineficaz.
5.- La Agenda de Implementación
El Tratado mismo impone una serie de leyes (Agenda de Implementación), que cada país debe aprobar para hacer consistente la legislación interna con ese documento. El efecto es el mismo que si se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la CP. Pero, para introducir las enmiendas aprobadas al Tratado, fue necesario agregar entonces a esa Agenda (en nuestro caso conformado por un paquete de 12 proyectos de ley, que reforma decenas de otras leyes, y que hoy todavía se tramita en la Asamblea Legislativa), uno más, para “enmendar”, ¡SI ENMENDAR!, lo que el pueblo decidió el 7 de octubre del 2007.
Las decisiones que se aprueban en un Referéndum son sagradas, aunque en este caso obviamente el resultado fue manipulado, adulterado. Sin embargo, 38 diputados se atreverán en pocos días a modificar lo aprobado por el pueblo. Ese grupo de 38 diputados, (del PLUSC, del Movimiento Libertario, ML, y otros independientes que se les unieron, algunos a un alto costo, en promesas a cambio del apoyo), han aprobado ya, en forma sistemática y mecánica, la mayoría de los proyectos de ley de esa Agenda.
Lo que en apariencia constituyó una estupidez de parte del gobierno, haber sometido a votación en el Referéndum la primera versión del CAFTA, sin tomar en cuenta las tres modificaciones -enmiendas-, que ya se le habían hecho para entonces, fue producto de que durante toda la campaña el gobierno juró que era tal la inmutabilidad de ese Tratado, que era más fácil cambiar los Diez Mandamientos.
Las tres enmiendas acordadas por el resto de países son obligatorias para Costa Rica, aunque no hubiera participado de ellas. La primera fue acordada por los EUA y El Salvador, en el 2006, cuando solamente esos dos países habían aprobado el Tratado y por tanto solo ellos podían reformarlo. Cambió esa enmienda la forma en que en adelante entraría en vigencia dicho Tratado para el resto de los países. A partir de ese momento, en vez de depositar cada país ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, los documentos que debían aprobar -lo cual era suficiente para que entrara entonces en vigencia-, sería necesario entregarlos a los EUA para su “revisión”, y cumplir así con el requerimiento de la CERTIFICACION, que exige la “Implementation Act”, una ley interna de los EUA, que demanda tal cosa para aceptar nuevos socios comerciales y que fue emitida con posterioridad a la aprobación del CAFTA.
Durante los 27 meses del gobierno del Presidente Arias, no se ha ocupado la Asamblea Legislativa de ningún proyecto sustantivo, aparte del Tratado mismo (antes de que se decidiera llevarlo a Referéndum) y de los 13 proyectos para reformar nuestra legislación.
El proyecto de ley que hoy se discute, para enmendar la voluntad popular manifestada en el Referéndum, suma al menos dos más a las muchas violaciones a nuestra CP. Violenta por una parte lo que ya el pueblo aprobó, y que solo podría ser modificado mediante otro Referéndum, y somete la soberanía del país a las autoridades de los EUA. Tales violaciones tendrán que ser dictaminadas también por la Corte Constitucional, al igual que lo ha hecho con los demás proyecto de ley de la Agenda y con el mismo CAFTA. Sin embargo, de la misma forma que lo ha hecho el grupo de los 38 diputados, los magistrados de la Corte han justificado en diferentes dictámenes de mayoría, lo injustificable. Todas esas leyes, la mayoría ya aprobadas, y las que quedan por aprobar (antes del 1 de octubre del 2008, fecha límite para cumplir con los trámites del CAFTA, incluida una extensión del plazo que ya se le dio a Costa Rica), al igual que el Tratado que las exige, a criterio de muchos constitucionalistas y catedráticos universitarios, contienen cantidad de roces constitucionales.
6.- Corrupción, pan nuestro de cada día
Hoy se continúan denunciando actos ilegales, y sobretodo inmorales, que se han venido cometiendo en este gobierno. Por ejemplo, en julio del 2008 se denuncia que el Ministro de Vivienda, Lic. Fernando Zumbado Jiménez, desvió una donación de $1.5 millones del gobierno de Taiwán, destinada a construir 600 casas para familias pobres de los suburbios de la capital, para pagar asesorías y otros gastos. Más vergonzoso aún, el Presidente Arias, apenas a meses de esa donación, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, para establecerlas con China Continental. Dicha donación era por $2.5 millones, pero precisamente a raíz del rompimiento, Taiwán no giró el resto. Vale destacar que durante el gobierno anterior, había ese país donado también el puente de la “Amistad”, el más largo del país.
A través de las asesorías se contrataron a allegados, amigos y funcionarios públicos, que tenían absoluta prohibición de recibir otros ingresos profesionales, mientras mantenían sus puestos en el Estado. Se otorgaron incluso algunos contratos a empresas fundadas por el propio Ministro, quien finalmente se vio obligado a renunciar. Aparte de esos dineros, que fueron administrados por el BCIE, pero que por ley debieron de haber ingresado y ser administrados por el Fondo de Subsidios para Vivienda, FOSUVI, se denuncia también que se gastaron otros 2 millones de dólares en asesorías para la campaña del SI, procedente de donaciones externas, canalizadas también a través del BCIE. Donativos similares habrían sido hechos al resto de países del Caribe y miembros del CAFTA, para la tramitación de ese Tratado.
Entre los ligámenes que se descubren con los dineros administrados por el BCIE, está el hecho de que el gobierno contrató al Lic. Jorge Hidalgo Vega, del ML, socio del magistrado suplente de la Corte Constitucional, Lic. Federico Sosto López, quien debió dictaminar varios de los proyectos de ley de la Agenda de Implementación. Más recientemente el magistrado Sosto visitó al hermano del Presidente y Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, en la Casa Presidencial, y ante los cuestionamientos aceptó que los asesora pero gratuitamente. Más grave todavía es que ante tanta denuncia y presión de la opinión pública, cansada de tanta corrupción, la Corte Suprema de Justicia archivó todas las recusaciones contra el magistrado Sosto, ni siquiera intentó investigar, en lo que parece una confirmación y un agravante de tales irregularidades. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, quien escogió a dedo al magistrado Sosto, de entre los suplentes, para dictaminar algunos de los proyecto de la Agenda, cuando la ley establece que tal escogencia debe ser hecha mediante sorteo, llegó a manifestar que él no era un juez ético sino de legalidad.
Todos estos hechos demuestran lo que desde hace ya dos años se percibe, que los tres Poderes del Estado Costarricense están totalmente alineados, violentando de esa forma uno de los más sagrados principios de cualquier democracia, la independencia entre poderes. En este gobierno de plutócratas, los hechos hacer pensar que el Ejecutivo dicta a los demás -Judicial y Legislativo-, cómo y cuándo hacer, qué cosas. Esta fusión de poderes no es otra cosa que la ejecución de un plan ya sugerido por el mismo Presidente de la República, cuando en el 2005, todavía candidato, sentenció que sería necesario, “promover una tiranía en la democracia”.
La corrupción ha sido tal que quienes considerábamos que jamás se presentaría de nuevo algo semejante a los hechos denunciados en el 2004, nos hemos sorprendido. Para entonces, dos ex presidentes de la República, ambos del PUSC, y casi simultáneamente, el Lic. Rafael Angel Calderón Fournier, hijo del Dr. Calderón Guardia y el Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, fueron encarcelados, acusados de recibir millonarios donativos para facilitar cuantiosas adjudicaciones del Estado, el primero por parte de proveedores de la CCSS y el segundo del ICE. El mundo entero conoció tales hechos, pues el Dr. Rodríguez era en ese momento, el Secretario General de la OEA, primer centroamericano en ocupar ese puesto. Se vio obligado sin embargo, a renunciar y regresar a dar cuentas. A su llegada al país fue apresado en el aeropuerto, ante las atónitas miradas de quines seguían en vivo las imágenes de la televisión, que se transmitían al mundo entero.
Definitivamente a los dos partidos que conforman el PLUSC, solo les queda sus nombres, pues los principios “social demócratas” del PLN y “social cristianos” del PUSC, han sido totalmente saqueados por un liderazgo al servicio del capital salvaje; quizá permanezcan algunos costarricenses de buena fe, que no han querido despertar a la realidad o que ingenuamente aspiran a rescatar los fundamentos de esos partidos, hoy convertidos en simples maquinarias electoreras, testaferros del poder económico.
La capacidad de violentar la Constitución y las leyes no ha tenido límites durante este proceso de tramitación del Tratado. El descaro de los diputados, de votar como autómatas todas las leyes de la Agenda de Implementación, muchas de las cuales legislan para otorgar concesiones que van mucho más allá de lo que demanda el mismo Tratado y por tanto de lo aprobado en el Referéndum, no tiene paralelo en nuestra historia. Las reformas a casi toda nuestra legislación, para adaptarla al Tratado, por tener este rango superior a las leyes, solo favorecen a los capitales transnacionales y privados, en perjuicio del pueblo, que permanece todavía, y a pesar del extraordinario movimiento patriótico surgido a raíz del 7 de octubre pasado, inconsciente de sus consecuencias, dado que todavía no han surtido efecto en la práctica.
Mediante el Tratado y la Agenda de Implementación se abrieron los mercados de los servicios de telecomunicaciones y seguros, los que se encarecerán enormemente, pues la apertura implicará a muy corto plazo un enorme rebalanceo de las tarifas básicas, hoy subsidiadas hasta en un 400%. Entre las cosas inaceptables para una Ley General de Telecomunicaciones como la aprobada, está la ratificación (no fue modificada en lo esencial), de la Ley de Radio y TV, vigente desde 1954 y que fijó desde ese entonces los montos de los cánones que todavía hoy pagan esos medios de comunicación por las concesiones de las frecuencias radioeléctricas, -patrimonio del Estado-, en un evidente acto de retribución por los servicios prestado durante la campaña del Referéndum. La legislación sobre patentes impondrá gravosos costos sobre muchos productos, con nefastas consecuencias sobre la salud y la seguridad alimentaria del pueblo. Algunas de las normas aprobadas en el Tratado van mucho más allá de lo que establecen otros tratados y organismos internacionales y pondrán en riesgo nuestros recursos naturales, so pena de demandas millonarias que ahora no podremos rechazar como en las anteriores ocasiones. De igual forma, muchas de las normas aprobadas en las leyes de la Agenda de Implementación, van mucho más allá de las exigencias del mismo Tratado, en beneficio de las transnacionales y en detrimento de los derechos del pueblo.
7.- Una nueva afrenta
Como si todo eso fuera poco, en julio del 2008, el Ministro de Energía, Minas y Telecomunicaciones, MINAET, Dr. Roberto Dobles Mora y el Ing. Pedro Pablo Quirós Cortés, responsables de la coordinación del equipo que redactó la Ley General de Telecomunicaciones, hoy Ministro Rector y Presidente Ejecutivo del ICE, respectivamente, han dado a conocer un nuevo proyecto para abrir totalmente la generación eléctrica. Abriría además, por completo, la comercialización de los servicios. Se le quitarían al ICE, al igual que se hizo con Telecomunicaciones, una serie de responsabilidades como la planificación centralizada, la construcción de los proyectos, el desarrollo social a través de obras con rentabilidad social pero no económica. Pone además en riesgo la satisfacción de las necesidades eléctricas del país, al liberalizar totalmente la producción, venta y compra de la energía, con lo cual un generador podría vender al extranjero su producción, aun a riesgo de dejar al país sin ella. Se desmembraría el ICE, que pasaría a ser -disminuido-, un actor más en el mercado, pero con responsabilidades más onerosas que los demás, al calificar -por ahora-, como el “operador dominante” en la industria eléctrica nacional. Categorización que también le cabe al ICE en el área de las telecomunicaciones, de acuerdo con la Ley ya aprobada, aunque el ICE, en el mercado latinoamericano en que se mueven sus competidores: TELMEX y TELEFONICA, es irónicamente, cientos de veces más pequeño. Muchas de las funciones importantes para el desarrollo eléctrico del país, al igual que lo hicieron en telecomunicaciones, se trasladarían a entidades eminentemente políticas, como ministerios, perdiéndose la garantía que hasta hoy han tenido, de administrarse de manera técnica y profesional, afectando al final, más que a las instituciones públicas, a los servicios y a los habitantes del país que los requieren.
Epílogo
Ese proyecto de ley, que pretende privatizar una vez más los servicios de electricidad en este país, debe constituirse en la motivación del pueblo para reivindicar el movimiento social del COMBO. Llamamos la atención de que es el suministro eléctrico un servicio que -gracias al ICE-, hoy llega a más del 98% de la población y que constituye una necesidad aun más básica que las telecomunicaciones y los seguros recién liberalizados. Se abusa por otra parte del pueblo, hasta los límites de su paciencia, con este nuevo intento en contra de su bienestar, dado que no ha sido objeto esta nueva privatización, de ninguna consulta popular, y las que pudieran interpretarse como tales, han sido enfáticamente rechazados por el pueblo. ¡La dignidad de la Patria está a prueba una vez más! Solo el pueblo será capaz de poner fin a que se siga cumpliendo, lo que 152 años antes sentenció el filibustero.
