Defensoría advierte ignorancia sobre implicaciones del Tratado de Budapest
El Tratado de Budapest, uno de los proyectos que ocupa los primeros lugares de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que tramita aceleradamente la Asamblea Legislativa, tiene profundas implicaciones éticas y en cuanto al futuro de la biodiversidad, que deberían ser objeto de una amplia discusión.
Así lo advirtió la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, y especialistas consultados por UNIVERSIDAD sobre los alcances del Tratado de Budapest para el depósito de microorganismos con fines de patentamiento.
Este es uno de los primeros proyectos de la agenda citada que aguardan aprobación en el Congreso por vía rápida, junto a la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales y el Tratado para la Protección de Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV-91), a los cuales los expertos también les hacen cuestionamientos éticos y de conveniencia para el país.
"La gente no tiene idea de qué es lo que se está aprobando con el Tratado de Budapest", afirmó la Defensora de los Habitantes.
Quesada añadió que incluso duda mucho de que los diputados hayan leído el Tratado en su contenido y hayan hecho una investigación de lo que dicen la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la guía o reglamento, en cuando a las implicaciones para el patentamiento de las diferentes formas de vida que pretende este Tratado.
"Si usted lee el texto del Tratado que está en la Asamblea Legislativa no dice nada, es como una fórmula que autoriza a patentar bichitos, no dice nada de embriones ni preembriones, por ejemplo".
Pero es diferente cuando uno empieza a relacionarlo con lo que dice la OMC y la OMPI, y se da cuenta de que no hay necesidad de decir qué es lo que se está depositando ante una Autoridad Internacional de Depósito (AID), explicó Quesada.
La Defensoría de los Habitantes hizo un amplio estudio sobre los alcances del Tratado de Budapest, relacionados con la ética y los derechos humanos, donde hace hincapié en la necesidad de proteger la vida y la dignidad humana por encima de la investigación y la ciencia.
PROBLEMAS
Uno de los problemas señalados en el documento es que este Tratado está destinado a facilitar el patentamiento de microorganismos, pero no los define.
Esto hace posible que prácticamente se pueda patentar cualquier forma de vida, incluso embriones y tejidos humanos, señaló por su parte el médico Agustín Páez, quien ha estudiado el tema.
La Defensora coincide en que el Tratado lo que hace es facilitar el patentamiento de las diferentes formas de vida, y al material genético se le agregan embriones, tanto de animales como humanos. Esto contraviene la legislación costarricense de patentes y la legislación sobre biodiversidad, advierte Quesada.
Por ejemplo, el artículo 78 de la ley de biodiversidad dice que no se puede patentar secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), plantas y animales, los microorganismos no modificados genéticamente (es decir tal y como están en la naturaleza), procedimiento biológicos para la reproducción de plantas y animales, ni los ciclos naturales en sí mismos (como el ciclo de la lluvia).
Tampoco se puede patentar invenciones esencialmente derivadas del conocimiento de prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público (ejemplo, una planta medicinal descubierta por un grupo indígena) o las invenciones que al ser explotadas monopólicamente puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud de los habitantes.
En relación con el Tratado, "estamos hablando de embriones humanos para la investigación, y nosotros (en Costa Rica) ya nos hemos adherido a un tratado internacional donde protegemos la vida humana desde la concepción. Es decir, desde que un óvulo se une a un espermatozoide, para la legislación costarricense allí ya hay vida humana y por lo tanto se tiene que proteger", dijo Quesada.
Ahí vamos a entrar en problemas legales, pues ¿cómo va a manejar la oficina de patentes de este país, una vez adherido al Tratado de Budapest, a una persona o empresa que venga con un certificado de depósito que quiere pantentar algo que está prohibido en Costa Rica?, alertó Quesada.
La funcionaria reconoce que hay un compromiso del país de aprobar las leyes de implementación del TLC, pero la pregunta es qué pasa si algunas de esas leyes, como el Tratado de Budapest, tiene cuestionamiento éticos, sobre los que los costarricenses aún no se han puesto de acuerdo.
El caso es que todo esto tiene una serie de valores éticos que deben fundamentar lo que se quiere trasmitir a la legislación nacional.
LÍMITES
La Defensora comentó que hay una tendencia mundial muy fuerte a patentar absolutamente todo, y si se va a patentar todo, no va a haber un límite para decir "hasta aquí llegamos."
Sobre el particular, llama la atención el testimonio del científico Jacques Testard, padre de la fecundación in vitro en Francia: "...he decidido parar y acabar con esta carrera enloquecida hacia la novedad científica, porque sé la dirección que curva. Se pretende sacrificar innumerables vidas humanas para construir un hipotético progreso genético: primero se eliminarán los embriones con enfermedades congénitas y posteriormente serán otros los motivos para desecharlos. El sexo, la estatura, el color de los ojos, el color de los cabellos. Mi última aportación ha sido la congelación de embriones humanos, pero no iré más allá..."
Por otra parte, detalló Quesada, hay que ver que la fiebre del oro de hoy y del futuro no va a ser el oro, sino todo lo referente al material genético y a la futura investigación con genes y al conocimiento completo del genoma humano. Ahí es donde va a estar la riqueza del futuro en términos de investigación.
Otro punto importante a tomar en cuenta, según la Defensora, es que este Tratado no puede ser reformado, y no es cierto como se ha dicho en la Asamblea Legislativa, que si algo no gusta se puede arreglar mediante cláusulas interpretativas.
En su criterio, si la sociedad costarricense dice que no le interesan las implicaciones éticas y bioéticas del patentamiento de formas de vida, inclusive humanas, entonces no hay nada que decir, porque eso es lo que quiere como sociedad.
"El problema es que esto no se conoce, no ha sido discutido y los valores que nosotros como sociedad costarricense hoy promulgamos pareciera que entran en contradicción con lo que el Tratado de Budapest facilita para el patentamiento", insiste.
Agustín Páez observó que uno de los inconvenientes es que, al haberse incluido dentro del TLC la obligación de aprobar el Tratado de Budapest, se hace prácticamente imposible salirse de él, pese a que este es un tratado de adhesión, del que en principio el país se podría retirar cumpliendo unos requisitos.
De este modo, "para salirse del Tratado de Budapest hay que sacarse primero el TLC y las consecuencias económicas son enormes, es como ponerse una camisa de fuerza sobre otra camisa", afirmó Páez.
Según Páez, una de las características de los depósitos genéticos que protege el Tratado es que si hay un riesgo, el depositario no tiene obligación de decir que lo conoce.
Además estos depósitos no tienen plazo o vencimiento, y tienen más poder que una patente, porque la protección opera no solo en el país donde se hace el depósito, sino en todos los países donde estos depósitos son reconocidos, a diferencia de la patente, que es local.
Asimismo, el Tratado de Budapest no contempla los requisitos de consentimiento previamente informado, ni el certificado de origen de los materiales que se depositan, lo cual contraviene las regulaciones internacionales y nacionales que protegen la biodiversidad.
Otro punto señalado por Páez es que el Tratado busca eliminar todas las restricciones a la exportación e importación de microorganismos, para que la circulación por el mundo sea lo más liberal posible.
Y como los tejidos humanos están metidos dentro del código arancelario de los órganos, podría darse una facilitación para la circulación de tejidos, porque en el Tratado microorganismo puede ser todo tejido, advierte el médico.
Como agravante, en el TLC hay un código arancelario que permite la importación libre de impuestos de tejidos y órganos humanos, agrega.
De acuerdo con la guía para el depósito de microorganismos, uno puede tener ahí incluso semillas, y esto guarda relación con el convenio para la protección de obtenciones vegetales (UPOV).
"Entonces uno puede depositar ahí una semilla como si fuera un microorganismo y le da una protección a prueba total, en forma secreta, pues nadie sabría", indica Páez, tras subrayar que tampoco escapan los embriones humanos como objeto de depósito al amparo del Tratado.
PRUDENCIA
"Siempre he dicho que esta es una discusión que tiene que dar el país en forma amplia, y no puede ser definida en un acuerdo comercial. ¿Cómo es que en nuestro ordenamiento jurídico interno se puede tomar una persona y depositarla en esa forma?"
"Como dice Arnoldo Mora, doctor en Filosofía, eso es tan monstruoso que ni siquiera en los tratados de ética se analiza esa forma de tratar la vida", anotó Páez.
Por su parte Arnoldo Mora afirmó a UNIVERSIDAD que las implicaciones de la aprobación de este proyecto son particularmente graves.
Esto porque "no solamente el producto o el resultado de una investigación, sino el proceso mismo de investigación se convierte en una mercancía, de la que se apropian las grandes transnacionales. Entre ellas están fundamentalmente las más agresivas en materia de salud, como las de productos farmacéuticos, a las que el Papa Juan Pablo II calificó de genocidas por lo que están haciendo en el África", dijo Mora.
Recordó que ya varios países como Brasil se han opuesto fuertemente a esto.
"Lo grave es el que (el Tratado) nos amarra de una manera definitiva por encima de nuestra legislación actual, y convierte en el objetivo fundamental de ellos (las transnacionales), lo que es una nuestras mayores riquezas, lo que sería el petróleo para otros países, y que para Costa Rica es la biodiversidad."
De acuerdo con el catedrático universitario, de este modo "se afecta la vida humana, puesto que convierte en mercancía y en trasiego que se compra y se vende los órganos y tejidos humanos y, eventualmente hasta los embriones. Desde un punto de vista más amplio se afecta toda nuestra biodiversidad, pues la hipoteca."
Insistió que mediante estos acuerdos se pone en manos de las transnacionales lo que es una las mayores riquezas del país, pues como bien se sabe, el 50% de las moléculas con que se fabrican los medicamentos provienen de los bosques tropicales.
El caso es que Costa Rica posee la mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, puesto que aquí está el punto de encuentro entre el norte y el sur.
"Esto hace que no solamente entregamos a nuestros agricultores (por el tema de las semillas), sino que pura y simplemente, dentro de una concepción neocolonial, entregamos nuestra mayor riqueza que es la biodiversidad", recalcó Mora.
¿Por qué no hay debate sobre estos temas?, se le preguntó.
Dijo que ello se debe a que son cosas novedosas, de modo que el país "reacciona más que acciona, y se requiere de un cierto período para asimilar y entender esto."
"Por eso es que lo están llevando a golpe de tambor, a marchas forzadas (la aprobación del proyecto), para que después se encuentre con que ya todo está realizado, y a lo hecho pecho", dijo el docente.
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El Tratado de Budapest
Adoptado en el marco de la Conferencia Diplomática de Budapest (1977), el Tratado entró en vigor en 1980. Actualmente se encuentra en primeros lugares del trámite acelerado de la agenda de implementación del TLC, con el expediente N° 16123. Mediante este acuerdo, los Estados contratantes que permiten el depósito de microorganismos a los fines de proceder a patentarlos, reconocen el depósito realizado ante una "Autoridad Internacional de Depósito (AID)" dentro o fuera del territorio del Estado contratante. Esto quiere decir, que a partir de la adhesión del país al Tratado, un único depósito, en cualquiera de los países firmantes, es suficiente para el procedimiento en las oficinas nacionales de patentes. Actualmente hay 37 AID distribuidas en países como Estados Unidos, China, Australia, España, Francia y Rusia, entre otros. |
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Ahora sigue ley de Obtenciones Vegetales La Reforma a la Ley de Representantes de Casas Extranjeras (Ley No. 6209) y Derogatoria del inciso b) del Artículo 361 de del Código de Comercio (Ley 3284) se convirtió en el primer proyecto de la agenda de implementación del TLC en ser aprobado por vía rápida en la Asamblea Legislativa. La reforma fue aprobada en primer debate el pasado martes 23, con los 38 votos del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y sus aliados a favor del TLC en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a solicitud de la oposición, que se opone a la ley, ésta fue enviada a consulta de la Sala Constitucional. El tribunal tiene un mes de tiempo para pronunciarse, antes de que el proyecto vuelva al Congreso para el segundo y último debate. En el orden del día el plenario legislativo siguió la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (expediente N° 16327), mientras que el Tratado para la Protección de Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV-91) está en comisión especial para ser dictaminado en un plazo de 15 días. La reforma a la Ley de Representantes de Casas Extranjeras es una exigencia de Estados Unidos, por considerar que la legislación costarricense es proteccionista y se debe liberar de obligaciones a las Casas Extranjeras. Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), José Merino, del Frente Amplio, y Óscar López, de Accesibilidad sin Exclusión (PASE) combatieron la ley, señalando que desprotege a miles de representantes de casas extranjeras y a sus empleados. La reforma elimina una protección por nueve años que la actual ley da a los representantes y distribuidores de casas extranjeras, de modo que éstas deben pagarles una indemnización en caso de que les retiren la representación, con razón o no. La nueva ley elimina esa ventaja y establece que, en adelante, a falta de una disposición expresa del contrato que se firme entre las partes, las disputas se resolverían mediante arbitraje internacional. El bloque de los 38 rechazó una moción de Merino tendiente a evitarles a los representantes de casas extranjeras los costos de acudir a un arbitraje internacional. En ese sentido, la moción proponía que "cuando las partes hayan pactado arbitraje para resolver las controversias sobre el Contrato de Representación, el arbitraje obligatoriamente deberá llevarse a cabo en Costa Rica, aplicando el derecho de fondo elegido por las partes". Merino afirmó, coincidiendo con López, que con esta primera ley de implementación aprobada comienza a "cumplirse la lógica de los perdedores y ganadores" con el TLC, y los representantes de casas extranjeras se convierten en los primeros perdedores. SIN DISCUSIÓN Mientras tanto, el bloque oficialista apura el trámite de las demás leyes de implementación por la vía rápida, tras echar mano a la reforma del artículo 41 bis del reglamento parlamentario, que la mayoría oficialista aprobó la semana pasada, pese a las protestas de la oposición. Con ese propósito, la táctica del bloque de los 38 ha sido aprobar las mociones sin discutir argumentos con los opositores, mientras que éstos, por el contrario, han estado haciendo uso de la palabra y presentando mociones en cuanto les ha sido posible. Los oficialistas dicen estar preocupados porque el 29 de febrero próximo vence el plazo para que el país pueda formar parte del TLC, que se aprobó en el referéndum del 7 de octubre pasado. Para entonces deben estar aprobadas las leyes de implementación, que son requisito de Estados Unidos para darle luz verde a la entrada en vigencia del Tratado. Por el contrario, el PAC, el PASE y el Frente Amplio se oponen a las leyes paralelas, argumentando que éstas y el TLC son cosas distintas, y que en el referéndum lo que se decidió fue solo el Tratado, según estableció el Tribunal Supremo de Elecciones. Mientras tanto el PLN, previendo la posibilidad de que no alcance el tiempo en los escasos cuatro meses que quedan, ha dicho que estudia una propuesta del Movimiento Libertario, para incluir siete de las leyes paralelas en un solo proyecto. De acuerdo con los libertarios, ello permitiría ganar tiempo y cumplir con los requisitos de Estados Unidos para que el TLC pueda entrar en vigencia. TENSIÓN El ambiente parlamentario, ya tirante por la marcha forzada que el oficialismo que imprime a estos proyectos, acabó de crisparse con la presencia de manifestantes del No en las barras en la Asamblea Legislativa. Entre las consignas principales está exigir la renuncia del diputado liberacionista Fernando Sánchez, coautor del memorando que propuso una campaña del miedo para ganar adeptos para el TLC, durante el referéndum. En varias ocasiones el plenario no pudo sesionar por falta de quórum, debido a la ausencia de algunos diputados oficialistas, que no completaron el mínimo necesario de 38 legisladores. Por su parte, los opositores mantienen la posición de no contribuir a formar quórum si los diputados oficialistas no llegan, pues dicen que aquellos son los interesados en aprobar los proyectos, y cuentan con los votos necesarios. Como si fuera poco, un nuevo roce surgió tras la decisión del directorio legislativo, presidido por el liberacionista Francisco Antonio Pacheco, de prohibirle a la directora de la Oficina de Servicios Técnicos del Congreso, la exdiputada Gloria Valerín, participar en dictámenes sobre temas relacionados con la agenda complementaria del TLC. Ante la prensa, Pacheco justificó la medida diciendo que se debe a la "desconfianza" que hay con Valerín por la posición contraria al TLC que ella ha adoptado. En ese sentido evocó "el derecho a crear un ámbito que garantice la emisión de dictámenes equilibrados" por parte de la oficina de Servicios Técnicos. Sin embargo, Valerín afirmó que cualquier persona se da cuenta de que se trata de un castigo arbitrario por parte del jefe parlamentario, por haber tomado ella posición sobre el TLC, lo que es su derecho, pues no tiene impedimento legal alguno en ese sentido. Lo acusó además de no haberle dado oportunidad de defensa, por lo que prometió acudir a todas las instancias legales para defender sus derechos democráticos.
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