Diez razones para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía
Por Izaskun Aroca Sánchez y Marta García Pallarés | 9-6-20
Diez razones para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía
Más de 220 personas y colectivos han apoyado una carta impulsada desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo la salida de España de este tratado.
La sociedad civil lo tiene claro. Hay que abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) porque nos endeuda, impide la lucha contra el cambio climático y el acceso a una energía asequible para toda la población. Más de 220 personas y colectivos han apoyado una carta impulsada desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiendo la salida de España de este tratado. ¿Quieres saber más?
1. Se aprobó a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública
En 1994 el Gobierno del Estado español de la mano de Felipe González ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional para regular el mercado de la energía: el TCE. Se aplica en 53 países, pero está en proceso de expansión en África, Asia y Latinoamérica. En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, legales y medioambientales de adherirse al TCE, que son muchas y muy graves. Veamos por qué.
2. Solo protege a los inversores y no a los estados ni a la ciudadanía
Si hay algún conflicto entre un inversor y un gobierno, se soluciona a través de un sistema paralelo de justicia: los tribunales de arbitraje privados. Los conflictos siempre son por lo mismo: el inversor afirma que los cambios legislativos de un gobierno han ido en contra de sus beneficios económicos presentes o futuros. Los tribunales de arbitraje se celebran a puerta cerrada y están formados por tres abogados privados especializados en derecho comercial internacional que cobran hasta 3.000 euros la hora. Funcionan al margen de los tribunales públicos existentes en cada país y su decisión es inapelable.
El Tratado, sin embargo, no refleja ninguna fórmula para que los Estados puedan demandar a las multinacionales ni exigirles responsabilidades. Los países son actores pasivos a merced de decisiones corporativas.
3. Endeuda las arcas públicas
Los laudos (así se llaman las sentencias de los tribunales de arbitraje) pueden reclamar sumas astronómicas a los Estados para indemnizar a las multinacionales. Así, un tratado pensado inicialmente para garantizar el suministro energético se ha convertido en una fuente de lucro para los inversores desencadenando una cascada de demandas contra los gobiernos. Se socializan unas supuestas pérdidas pero nunca las ganancias.
El Estado español es el país que más demandas acumula bajo el TCE: 47 en total. Ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones a inversores extranjeros. Sin embargo, esta cifra podría ascender a más de 8.000 millones de euros. Casi el PIB de La Rioja en 2018. Y todo esto sin tener en cuenta los costes de los tribunales de arbitraje, que de media ascienden a 5 millones de euros.
El Estado español es el país que más demandas acumula bajo el Tratado de la Carta de Energía: 47 en total. Ya ha sido condenada a pagar 1.036 millones a inversores extranjeros y podría llegar a pagar 8.000
La causa de estas demandas, para mayor ironía, son los recortes a las renovables. Ironía porque más de la mitad de las 40 demandas han sido presentadas por un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero con vínculos con los sectores del carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Los grandes inversores, muchas empresas pantalla, invirtieron en un país en crisis sobre el que ya conocían los riesgos, y quizá por eso les salió “más rentable” invertir. Sea como sea, el dinero para pagar la deuda pendiente saldrá de las arcas públicas, como deuda o mermando los Presupuestos Generales del Estado.
4. No se descarta que el Tratado nos lleve a una subida en la factura de la luz
Si el Gobierno de España decide pagar 1.036 millones de euros a las multinacionales por el TCE, una posible vía de financiación es incrementar la factura de la luz de la ciudadanía. Algo similar se intentó con el fallido Proyecto Castor por el que el Gobierno de Rajoy intentó rescatar a las empresas incrementando el coste de la factura del gas. Fue la acción y la movilización ciudadana #NoEnMiFactura la que consiguió paralizar esta medida.
5. Formar parte de este Tratado no ha supuesto mayores inversiones energéticas
Según Adoración Guamán ningún estudio ha podido demostrar que exista una relación directa entre la firma de Tratados de inversión y el aumento de la inversión extranjera directa. La firma de estos tratados entonces se ve como una garantía para los inversores, pero, ¿no existen otras posibilidades menos dañinas para los países? Pues sí. Si los inversores quieren mecanismos que aseguren estabilidad pueden acceder a seguros de los Estados (en el caso de la UE), a seguros privados, o del Banco Mundial. En última instancia, se puede llegar a un acuerdo entre el inversor y el Estado y recogerlo en un contrato comercial. No es necesario dar un cheque en blanco a las empresas. Cuando un Estado firma un tratado de protección de inversiones, no sabe a quién le está dando ese cheque.
6. Hipoteca la lucha contra la pobreza energética y nos pone en el punto de mira por las medidas tomadas ante el Covid-19
Según la Asociación de Ciencias Ambientales en 2018 el 15% de la población no pudo calentar adecuadamente su vivienda o tuvo problemas para pagar el recibo de la luz. España es el quinto país de la Unión Europea con la electricidad más cara y casi 7 millones de personas sufren pobreza energética o están en riesgo de sufrirla. Sin embargo, las medidas extraordinarias adoptadas por la emergencia del COVID 19 como alargar el bono social y prohibir el corte de los suministros, o la implementación de futuras políticas, como pretende la Ley de Cambio Climático y Transición Justa, pueden dar lugar a importantes demandas bajo el TCE. Los grandes despachos de abogados ya lo han visto claro y buscan clientes que quieran demandar a los estados por sus medidas para salvar vidas durante la pandemia. Esto ya ha pasado antes.
Demandas contra Bulgaria y Hungría por atajar la pobreza energética
Bulgaria y Hungría ya han sido demandados bajo el TCE por cientos de millones de euros por limitar las ganancias de las grandes compañías eléctricas y presionar para que se baje el precio de la electricidad.
7. Impide la consecución de la agenda 2030
Con el TCE es imposible que todo el mundo gane, hay que asumirlo. Si ganan los inversores pierde el medio ambiente y la ciudadanía. Los compromisos internacionales se quedan, una vez más, en un bonito relato que inunda coloridos folletos, vídeos de famosos solidarios y fotos fijas de dirigentes dándose la mano. La pobreza energética es uno de los objetivos de la Agenda 2030, concretamente el séptimo. El Gobierno del Estado español se compromete a “garantizar el acceso a la energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”.
8. Adiós a la transición energética o la lucha contra el cambio climático
En una situación de emergencia climática y ambiental sin precedentes, el TCE es uno de los grandes obstáculos para luchar contra el cambio climático e impulsar una transición energética justa hacia un futuro libre de petróleo, carbón, gas y nuclear. Este Tratado es incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de contener el aumento de la temperatura global en 1,5ºC a finales de siglo. Los Estados están atados de pies y manos a las energías más contaminantes.
Multinacionales e inversores extranjeros prefieren ignorar las líneas de acción de la UE bajo las que los Estados miembro deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre el 50 y el 55% en 2030. Ya están utilizando el TCE para demandar a los Estados que deciden poner fin a las centrales de carbón, a las exploraciones petrolíferas, o a las infraestructuras nucleares.
El TCE también podría obstaculizar el impulso de las energías renovables o proyectos para la remunicipalización de los sistemas de distribución energética. Todas aquellas medidas que cambien el orden establecido pueden ser objeto de demandas millonarias. ¿Qué pasará con la futura Ley española de Cambio Climático y Transición Energética?
Rockhopper contra Italia
En 2017, la energética británica Rockhopper Exploration interpuso una demanda contra Italia cuando le fue denegado el permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare. Esto ocurría después de que el gobierno prohibiera nuevas operaciones de petróleo y gas en sus costas del Mar Adriático. Rockhopper ha reclamado alrededor de 350 millones de euros, siete veces más de su inversión inicial.
9. Una simple amenaza de demanda disuade a los gobiernos de legislar a favor del clima o de medidas sociales
Una simple amenaza de demanda puede tener un efecto disuasorio en los gobiernos. Incluso la perspectiva de una posible acción legal sirve para presionar y rebajar los objetivos de políticas climáticas o para que no se implementen importantes medidas. Así evitan la llegada de una demanda y el pago de miles de millones de euros. Nunca podremos saber cuántas leyes imprescindibles para la ciudadanía no vieron la luz como consecuencia de este Tratado.
Vermillion contra Francia
En 2017, la compañía canadiense Vermillion amenazó con demandar a Francia por un proyecto de ley, conocido por la Ley Hulot, que pretendía prohibir la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio francés a partir de 2040, así como restringir la renovación de los permisos existentes. Finalmente, la amenaza de una demanda millonaria surtió efecto y la ley francesa fue modificada, permitiendo que los permisos de explotación de combustibles sean renovados hasta 2040, e incluso después bajo ciertas condiciones.
10. Salir es más fácil de lo que parece: si Italia pudo el Estado español también puede
A diferencia de otros tratados de inversión abandonar el TCE es un proceso relativamente fácil. Es una cuestión de voluntad política. La salida de España del TCE requeriría su aprobación en las Cortes, es decir, la mitad más uno del total de los 350 diputados y diputadas deberían votar a favor de esta propuesta. El siguiente paso sería la notificación escrita al Gobierno de la República de Portugal, Depositario del TCE, para iniciar los trámites administrativos. La salida del TCE entraría en vigor tras un año desde el recibo de dicha notificación.
