El auge del comercio de servicios : acaparamiento empresarial y resistencia popular
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por Jane Kelsey, Profesora de Derecho, Universidad de Auckland
6 de marzo, 2023
La idea del “comercio de servicios” es una creación artificial de fines de los años setenta y ochenta del siglo XX, destinada a someter el fenómeno social y público de los servicios a normas de “comercio” internacional que funcionen para las empresas. Las grandes corporaciones de servicios de la época —líneas aéreas, finanzas, telecomunicaciones, etcétera— desarrollaron y promovieron la idea mientras buscaban darle forma a una economía globalizada.
Se salieron con la suya con la ayuda del representante de Comercio estadunidense y los países ricos de la OCDE. EUA insistió en la negociación de nuevas normas “comerciales” que se volvieron parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GAT por sus siglas en inglés), en virtud del cual los países prometían crear mercados abiertos para sus servicios y dejarlos abiertos a las empresas transnacionales (ETN), abandonando el apoyo a quienes prestaban servicios a sus comunidades locales y nacionales con fines económicos y/o sociales. Estados Unidos insistió en que el AGCS fuera aún más allá, y que abarcara todas las inversiones, pero India y Brasil Se negaron. El acuerdo terminó circunscrito, sólo a las empresas de servicios.
El “comercio internacional” de servicios es suministrar un servicio en el extranjero a los usuarios locales, sea mediante inversión extranjera o desde el otro lado de la frontera. La otra forma del suministro exterior de un servicio —las personas que viajan a otro país para prestar un servicio— se consideran en el “comercio” sólo si eso implica la participación de élites, como los profesionales o ejecutivos que trabajan para las ETN. En teoría, la migración temporal que envía remesas también calificaría, pero en la práctica la cuestión se relega a ser un aspecto de la inmigración.
Con el tiempo, los servicios se volvieron la mayor parte de las economías de los países, y la mayor fuente de empleos. Están dominados por las corporaciones transnacionales que controlan la infraestructura de las finanzas, las comunicaciones, el transporte y, más recientemente, las tecnologías, y las plataformas e interfases digitales. Esas ETN son las beneficiarias de los compromisos de los gobiernos de liberalizar sus mercados, en materia de comercio de servicios, además de eliminar las restricciones a la inversión extranjera y adoptar una reglamentación ligera, lo que consolidós aún más el poder económico y estratégico del Norte global.
El AGCS, y las versiones posteriores muy ampliadas en los tratados de libre comercio (TLC), exigieron un replanteamiento fundamental de los servicios. El saneamiento, el turismo, la radiodifusión, las finanzas, el comercio minorista, las telecomunicaciones, el transporte, el entretenimiento, la salud, la educación, incluso los servicios jurídicos y de contabilidad, son una parte integral de la vida cotidiana de las personas. La gente no piensa en los servicios como mercancías que se compran y se venden en los mercados como una lata de sardinas. Los servicios son muy importantes como relaciones, fuentes de trabajo, transmisores de cultura, y bienes públicos que los gobiernos centrales y locales proveen para el bienestar de su gente. Sin embargo, los acuerdos de comercio de servicios los reducen a productos básicos comerciables en mercados muy poco regulados.
Este hecho se alineó a la perfección con la agenda neoliberal, fuera ésta adoptada voluntariamente por los países de la OCDE o la que le impusieron al Sur global. Los acuerdos sobre el comercio de servicios no exigen formalmente a los países que privaticen sus servicios. Pero hay países, en su mayoría muy pobres, que se incorporaron a la OMC más tarde y a menudo prometieron privatizar sus servicios como parte del precio de entrada. La combinación de mercados de servicios competitivos que operan con criterios puramente comerciales centrados en los beneficios, más las presiones para que los gobiernos reduzcan el tamaño, la capacidad y el costo del Estado, impulsaron también esa agenda neoliberal. Las privatizaciones, la reducción de restricciones a la inversión extranjera y renunciar al derecho de otorgar preferencias o apoyos a los proveedores de servicios nacionales, permiten que las ETN saquen provecho.
El acaparamiento del poder empresarial bajo la apariencia de comercio de servicios es algo que ha provocado resistencia desde su inicio, en los países del Sur global, y ha surgido en campañas nacionales coordinadas a nivel internacional, logrando un éxito considerable.
Para el Sur global, el AGCS fufuncionó como un candado para mantener la desregulación, la privatización y el control extranjero de sus sectores de servicios que los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial habían impuesto asegurando que se ejerzan. Con gran pena muchos gobiernos se opusieron a ello. Durante la Ronda Uruguay, cuando se negoció el AGCS, lucharon por limitar su alcance y que afectaran sólo a sectores que los gobiernos acordarían comprometer y asegurar flexibilidades de desarrollo. Aunque la retórica sobre la promoción del desarrollo nunca se ha cumplido, la estructura de los calendarios de la “lista positiva” de compromisos y los límites de las futuras negociaciones han proporcionado instrumentos para oponer una firme resistencia a su expansión en la OMC, resistencia encabezada por Sudáfrica y India y permiten, en gran medida, que los países en desarrollo se aferren a sus posturas durante la Ronda de Doha.
Los Estados promotores de las ETN de servicios, encabezados por Estados Unidos y Japón, con el apoyo de otros devotos neoliberales como Australia, Nueva Zelanda, Chile y Singapur, trataron de sortear estos obstáculos de varias maneras. Como “Amigos de los Servicios”, intentaron negociar en grupos plurilaterales para construir una masa crítica y presionar a los países en desarrollo para que ampliaran sus compromisos y las normas. Cuando esto fracasó, formaron los “Amigos realmente Buenos de los Servicios” y comenzaron las negociaciones para un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) al margen de la OMC, con el objetivo de volver a promoverlo. Pero eso también fracasó, porque los gobiernos de los países ricos no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos.
Entretanto, la red de normas y obligaciones se ampliaba a través de acuerdos y tratados de libre comercio bilaterales, regionales y mega regionales. El enfoque de la “lista positiva”, que permitía a los países cierto control para limitar la exposición a las normas, fue sustituido por listas negativas en las que los gobiernos tenían que declarar explícitamente qué medidas o sectores no estarían cubiertos. Uno de los dos anexos estándar seguía limitando las opciones, al imponer una moratoria que impide adoptar normas más restrictivas para las empresas y que bloquea en automático toda nueva liberalización. Las listas negativas protegieron las normas para que las empresas pudieran utilizar nuevas tecnologías y servicios beneficiándose de estas normas.
Algunos de los nuevos mega acuerdos, como la Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el acuerdo comercial entre Canadá y la UE (CETA) [siglas de los tres acuerdos en inglés] añadieron nuevas normas a la mezcla. Las más potentes estaban destinadas a facultar a las grandes empresas de tecnología para que operaran a nivel mundial en una zona casi libre de reglamentaciones. Esas reglas luego dieron un giro completo cuando un grupo de países “escindidos” lanzó negociaciones sobre “comercio electrónico” en la OMC.
Las campañas populares internacionales para frenar el AGCS, el TISA y los acuerdos mega regionales han sido una constante en las negociaciones del comercio de servicios todo el tiempo. Y han ocurrido muchos logros. Los textos filtrados rompieron la secrecía de las negociaciones y forzaron a los gobiernos, y a la OMC, a defenderse. Los países ricos fueron exhibidos en su exigencia de que los países en desarrollo abrieran su agua y sus servicios públicos a sas ETNs. Los sindicatos se movilizaron nacional e internacionalmente para defender los servicios públicos, fueran de educación, salud, de gobiernos locales o medio ambiente. Las confederaciones de trabajadores de los sectores privados como los alimentos, el transporte, las finanzas, la minería, las comunicaciones, resaltaron la “servificación” de sus sectores, que promovía el sometimiento de los mismos a las normas corporativas de comercio. Los campañistas anti-pobreza, los pueblos indígenas, los defensores del consumidor, los activistas de la salud, entre otros, rompieron barreras importantes al entrar al debate del “comercio”. Los activistas comenzaron a educarse a sí mismos para conducir debates forzando a los negociadores a defenderse, y comenzaron a explicarle a sus legislaturas lo que estaba ocurriendo a sus espaldas.
Conforme las corporaciones y los Estados que las promueven vuelven a la carga con nuevos modos de consolidar y expandir sus amarres en nuestras economías, nuestros empleos y nuestro ecosistema, necesitamos actualizar nuestro conocimiento, repensar nuestras estrategias y renovar nuestra determinación. La pandemia del Covid-19 proporciona un desafío adicional y una oportunidad para exigir el fin de la globalización neoliberal y desarrollar nuevas normas nacionales y globales que pongan la justicia social en el centro de cómo pensamos regular nuestros servicios.
