El futuro es digital, pero es preciso mantener los “capítulos digitales” fuera de nuestros acuerdos comerciales
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Equal Times | 1-10-20
El futuro es digital, pero es preciso mantener los “capítulos digitales” fuera de nuestros acuerdos comerciales
Por Duncan McCann
Actualmente estamos viviendo una revolución digital. Estas nuevas tecnologías y la revolución de datos que la sustentan ofrecen grandes oportunidades para dar respuesta a los desafíos de la humanidad: el caos climático, el trabajo de mala calidad, el hambre y las enfermedades. Sin embargo, como la historia lo demuestra claramente, la revolución tecnológica no llega a todos ni afecta a todos de la misma manera. Hoy día, existen alrededor de 1.200 millones de personas que todavía no han experimentado la segunda revolución industrial mientras que otras ya están con un pie en la cuarta.
La digitalización de la economía se ha visto consolidada por un sector del comercio electrónico en rápido crecimiento debido al desarrollo y la expansión del alcance y velocidad de las redes digitales. En 2019, las ventas del comercio digital minorista en todo el mundo ascendieron a 3,53 billones de dólares estadounidenses, y se proyecta que los ingresos de este comercio aumenten a 6,54 billones de dólares en 2022.
Del mismo modo que el comercio electrónico y la revolución digital penetran actualmente un número cada vez más importante de sectores, los capítulos (así se denominan las diferentes secciones) que figuran en los acuerdos de libre comercio (TLC) también han aumentado con el fin de abordar numerosas cuestiones que van mucho más allá de la idea original de facilitar el comercio a través de Internet.
En un reciente informe que preparé para la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre las repercusiones en los mercados de trabajo de los capítulos del comercio digital incluidos en los acuerdos de libre comercio, destaqué cuatro razones fundamentales por las que es necesario oponer resistencia a estos capítulos ya redactados.
1) Por lo general, NO son específicos del comercio
En general, los temas abordados en las disposiciones no corresponden a cuestiones específicamente comerciales, por lo que no es pertinente incluirlos en los acuerdos o tratados de libre comercio. Por lo tanto, la posición que debe adoptarse como política es que estos temas sean regulados siempre que sea posible a través de la legislación nacional, especialmente cuando existe una legislación modelo.
Un ejemplo de esta situación es la disposición que generalmente tiene por objeto (la redacción precisa varía) entrabar en la mayor medida de lo posible que los gobiernos exijan el acceso al código fuente (la forma original de un programa informático tal como la ha escrito el programador) como condición para permitir el acceso al mercado. No obstante, el código fuente ya está incluido en la propiedad intelectual, a través de los derechos de autor y las patentes, así como las protecciones de secretos comerciales en todo el mundo y no pueden considerarse realmente una cuestión comercial. La extensión de la prohibición de solicitar el código fuente más allá de la ya recogida en la protección de patentes y secretos comerciales atenta descaradamente a la capacidad de los gobiernos para garantizar que el software, en su infinidad de aplicaciones, nos mantenga a nosotros y a nuestros datos seguros y privados.
2) Están en contra de la reglamentación
De hecho, la inclusión de capítulos digitales específicos en los acuerdos comerciales internacionales está diseñada a fin de limitar la capacidad de los gobiernos nacionales de regular ámbitos emergentes clave de la economía digital.
Por ejemplo, el texto del último tratado de libre comercio de los Estados Unidos (Acuerdo EEUU-Canadá-México), que trata de las transferencias transfronterizas de datos establece que “ninguna Parte prohibirá o restringirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”. Esta formulación deja muy claro que el propósito de la disposición es limitar la intervención del gobierno en un determinado ámbito de la política.
Además, muchas de las disposiciones que limitan el papel del gobierno también contienen la frase según la cual solamente pueden derogar la disposición cuando la medida “sea necesaria para alcanzar un objetivo legítimo de política pública” En efecto, “legítimo” se ha interpretado como una solución política ampliamente reconocida, al tiempo que solo considera la protección de la salud, el medio ambiente y la privacidad como “aceptable”. Esto significa que todo nuevo enfoque en los sectores, especialmente los que están experimentando una transformación digital, podrían ser considerados ilegítimos, incluso cuando se trata de la salud, el medio ambiente o la privacidad, a pesar de ser un objetivo político válido. Esto es especialmente cierto cuando se combina con la necesidad de que una política no “imponga restricciones a las transferencias de información mayores a las que se requieren para alcanzar el objetivo”, lo que en la práctica significa que en 44 intentos de establecer excepciones a una determinada disposición utilizando este método, solo uno lo ha conseguido.
3) Los capítulos digitales de los acuerdos comerciales dificultan la mitigación de las distorsiones existentes
Las tecnologías digitales ya repercuten y distorsionan nuestra economía, poco importa si se incluyen en los acuerdos comerciales internacionales y la forma en que lo hagan. No obstante, al mantenerlos en un entorno liberal poco regulado, estos capítulos digitales exacerbarán en muchos casos el riesgo ya existente de producir efectos sociales y económicos adversos derivados de la irrupción digital.
Actualmente, los mercados digitales de todo el mundo se concentran en un número cada vez más reducido de empresas. Aun cuando una de las justificaciones declaradas públicamente de los capítulos digitales es potenciar la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan entablar relaciones comerciales en forma digital y, por lo tanto, abrir mercados que antes solo eran posibles para las grandes multinacionales, en realidad, las propuestas y los acuerdos firmados harán poco o nada para ayudar a las PYMES, ya que, de hecho, responden esencialmente a las necesidades de las gigantescas empresas de tecnología.
4) La importancia de los capítulos digitales aumentará a medida que la economía digital crezca
A medida que los datos y los algoritmos cobren mayor protagonismo en nuestra vida social y económica, también aumentará la importancia de las disposiciones comerciales digitales en los acuerdos comerciales internacionales. Mientras los intercambios digitales representaban un pequeño segmento de la economía, las repercusiones de los capítulos digitales también eran de pequeña envergadura. Sin embargo, muchos sectores de la economía están experimentando una rápida transformación digital, lo que significa que estas disposiciones afectan a ámbitos antes insospechados de la economía.
La agricultura es un ejemplo ilustrativo en este sentido. La agricultura mundial y todo el sistema alimentario en general están experimentando una revolución que puede ser tan impresionante como lo ha sido cualquiera de las anteriores. El avance de las grandes empresas tecnológicas en la agricultura y el sistema alimentario en general plantea una serie de desafíos para quienes intentan ganarse la vida y alimentarse de la agricultura a pequeña escala. Una de las preocupaciones entre las comunidades locales es el temor de que las transferencias transfronterizas liberales hagan posible la biopiratería.
Asimismo, a medida que el proceso de cultivo de alimentos aumenta constantemente su dependencia de la tecnología, desde el cultivo hasta la cosecha y la distribución, las empresas tecnológicas externas al sector agrícola, como Fujitsu y Amazon, están comprando cada vez un mayor número de empresas existentes, lo que les permitiría incrementar su predominio y consolidar aún más el sector agrotecnológico. A medida que se vende un mayor volumen de alimentos a través de plataformas, a menudo con sede en otros países, la responsabilidad sigue estando mal definida y el hecho de que las normas ya no requieran entidades jurídicas locales podría complicar enormemente su aplicación.
La liberalización de un régimen de datos también propicia la integración vertical y horizontal del sector agrotecnológico que estamos viviendo. Las disposiciones que consolidan el libre flujo internacional de datos facilitarán a las empresas multinacionales de agrotecnología la recolección y recopilación de datos procedentes de todo el mundo. Esto les permitirá generar mejores productos que los que podrían haber desarrollado gracias a que disponen de un mayor número de datos, ya sea localmente por parte de los agricultores que utilizan sus propios datos, o incluso agregando los datos a escala nacional. Además, la prohibición de exigir el acceso al código fuente del software, cuyo uso será cada vez más indispensable en las explotaciones agrícolas, incluido en el marco de los programas de transferencia de tecnología, servirá para proteger los intereses de las multinacionales de la agrotecnología a expensas de la autonomía de los agricultores locales y de la promoción de la industria nacional.
Debemos velar por que la entrada en una nueva fase de distorsión digital de la economía no impida a nuestras instituciones democráticas regular la esfera digital.
Nuestro primer objetivo debe ser cuestionar los beneficios de muchas de las disposiciones de los capítulos digitales que se están discutiendo. Temas como la protección de datos y la localización de datos deben ser tratados localmente por los gobiernos democráticos. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que, cuando se aprueben las disposiciones, los países conserven la capacidad de establecer excepciones a ellas para cualquier objetivo legítimo de política pública, cuya legitimidad se centre en el mandato democrático y reconozca que hay objetivos políticos más importantes que el de sacar el máximo partido del comercio, tales como la mitigación del cambio climático y la salud. Por último, es preciso velar por que se entable una discusión más amplia sobre la idoneidad de las disposiciones, dado que pronto casi todos los sectores de la economía tendrán un componente digital, por lo que estas disposiciones se aplicarán a todos. Solo así podemos asegurar que la futura economía digital beneficie a todos.
