El peligro del TLC latente: Uruguay y las nuevas negociaciones con Washington
Por Fernando M. López | Enviado Especial a Montevideo
Esta semana, los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos finalizaron en Montevideo una primera ronda de negociaciones tendientes a suscribir el llamado TIFA (Trade Investment Framework Agreement), un acuerdo que, según las versiones oficiales, busca ampliar el intercambio comercial entre ambos países sin someterse a la modalidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bajo los plazos y mecanismos impuestos por la “vía rápida” o “fast track” de la Casa Blanca. En noviembre, una delegación uruguaya viajará a Washington para continuar las reuniones, pero ya se estima que el acuerdo podría firmarse entre fines de este año y principios del próximo.
Dentro del propio Frente Amplio el tema se maneja con mucha cautela, ya que si bien el TIFA no tiene las mismas características de un TLC, nadie sabe con certeza si el nuevo escenario podría desembocar a mediano o largo plazo en un acuerdo de libre comercio que quiebre la permanencia de Uruguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
No obstante, los sectores del gabinete de Tabaré Vázquez proclives a sellar una relación estrecha con Washington, ven el TIFA como camino inexorable hacia el TLC. En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, definió el nuevo acuerdo como una “instancia de mayor jerarquía” para profundizar los intercambios comerciales con Estados Unidos y, al mismo tiempo, aseguró que “la opción del Tratado de Libre Comercio no está descartada”.
APM dialogó sobre el tema con el legislador frenteamplista Héctor Tajam, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y dirigente del Espacio 609 del Movimiento de Participación Popular (MPP). Tajam también se refirió en esta entrevista al conflicto por las plantas de celulosa y a las metas pendientes del Frente Amplio para los próximos años de gobierno.
– El MPP ha tenido una postura crítica frente a la posibilidad de que Uruguay firmara un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo ven ahora las negociaciones por una acuerdo marco de inversión y comercio, el llamado TIFA?
– Nuestras críticas a un TLC con Estados Unidos se basaron en lo que es la experiencia continental, en la medida en que el formato que Estados Unidos sostuvo en las negociaciones tanto con América Central, Perú, Ecuador y Chile, nos erosionaba por varios lados. En primer lugar era desfavorable para el proyecto de desarrollo nacional, debido a los capítulos sobre tecnología, protección a la propiedad intelectual, patentes, intervención en las políticas del Estado, y por otra parte afectaba la integración regional, porque obviamente un TLC hubiera perforado el Arancel Externo Común del Mercosur. Hoy estamos en una nueva situación, sin ninguna duda, porque el TLC prácticamente quedó atrás. Ha sido sustituido por un Acuerdo Marco que tiene diferencias sustanciales en varios puntos, pero sobre todo porque no tiene un objetivo definido como el TLC, sino que se orienta hacia las investigaciones, las consultas y la conformación de una comisión especial de los países negociadores para después encarar negociaciones sobre el comercio y las inversiones.
– Sin embargo, aún no está claro en qué puede desembocar el TIFA. Ya se habla, incluso, de que puede ser un paso previo para llegar a un TLC.
– Puede serlo. No está descartado. Sin embargo, hoy quedó fuera el objetivo explícito de un TLC por la vía rápida y, por ende, también se evitó una definición sobre los capítulos que éste contiene (patentes, servicios, normas de competencia...), también condicionados por el fast track del Congreso norteamericano. Es decir, ya no está presente la definición previa de los capítulos sobre los cuales hay que acordar, ni el plazo perentorio para acordar sobre un TLC. El TIFA no lo define.
– ¿Esto quiere decir que la lectura que hace el MPP sobre el TIFA es positiva?
– No lo vemos como positivo ni como negativo porque aún no se sabe bien en qué puede terminar. En la medida en que esto no afecte al país y al proceso de integración regional, veremos qué beneficios se pueden obtener, como puede ser un eventual aumento del comercio hacia Estados Unidos.
– ¿Uruguay hizo algún tipo de consulta en el Mercosur antes de iniciar estas negociaciones con Washington?
– No, sobre este tema no. Pero sería importante entablar una especie de ida y vuelta con el bloque, porque el Mercosur tiene un tratado con la India que presenta características muy parecidas al TIFA, es decir, un tratado marco para ir adelantando acuerdos futuros. Pero de todas maneras, no creo que el TIFA sea perjudicial para nadie en la medida en que sólo da inicio a negociaciones que se van a ir desarrollando con el único presupuesto de mejorar el comercio y las inversiones entre las partes negociadoras.
– Usted habla de mejorar el comercio, pero en el caso de Uruguay y otros países de América Latina, las barreras y desventajas comerciales con Estados Unidos siguen siendo las mismas: la producción agrícola norteamericana fuertemente subsidiada.
– Sí, los subsidios norteamericanos no se eliminan a través de tratados bilaterales, por eso mismo el MPP propone hacer este tipo de negociaciones en el marco de la integración regional, en un marco multilateral, porque Estados Unidos jamás va a disminuir su protección para uno o dos países. Para eliminar esa protección y esos subsidios tenemos que hacernos firmes en la unidad regional.
– ¿La nueva perspectiva de negociaciones con Washington busca limitar el poder en el gabinete del ministro Danilo Astori, más inclinado a firmar un TLC?
– Hacia donde se encaminaba la negociación anterior, evidentemente, coincidía con el lineamiento político y económico de Astori. Él buscaba una apertura mayor de Uruguay a las inversiones y al comercio con un país como Estados Unidos. No sé si la intención fue limitar el poder de Astori. Yo creo que el presidente Tabaré Vázquez nunca se definió por una línea o por la otra, sino que fue atravesando las etapas que le fue marcando la interna del gobierno y de la propia fuerza política.
– Cambiando de tema, ¿cómo evalúa usted el conflicto por la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay?
– Es una situación complicada, sobre todo para un país pequeño como el nuestro que tiene la presión de empresas transnacionales tan poderosas como esas, con una lógica de funcionamiento que es difícil de sobrellevar en algunos aspectos. Hoy estas empresas están en una posición en la cual quieren seguir teniendo todas las garantías, como las tuvieron durante toda la década del ’90.
– De todas formas, les surgen algunas complicaciones. Por ejemplo, Ence tuvo que anunciar que se mudará de Fray Bentos y Botnia atraviesa un fuerte conflicto gremial.
– Yo no creo que Ence recomponga sus planes de hacer una pastera en el país porque si se va de Fray Bentos no encontrará otra zona franca en ningún otro río. Sin embargo, hay que tener en cuanta que la empresa posee un capital forestal acumulado que lo va a seguir aprovechando con exportaciones de menor valor agregado. En cuanto a Botnia, el conflicto tiene que ver con arreglos de gobiernos anteriores porque con Finlandia no sólo hay una zona franca, sino que existe un tratado de protección de inversiones que le permite a la empresa no cumplir con determinado porcentaje, por ejemplo, de mano de obra nacional. Este tratado lo firmó (Jorge) Batlle, y tiene una vigencia de 30 años. Entonces los trabajadores con sus medidas podrán llevar adelante algunas de sus reivindicaciones de tal forma que puedan proteger la mano de obra nacional, pero el gobierno en ese sentido está bastante atado.
– El acercamiento a Estados Unidos, la posibilidad de la firma de un TLC en detrimento del Mercosur, la defensa de intereses de grandes transnacionales como Botnia... todas esta políticas generan muchas dudas en la región. ¿Hacia dónde se dirige el gobierno del Frente Amplio?
– Este gobierno tuvo que afrontar una situación social de pobreza y marginación a la cual hubo que darle una respuesta. También hubo que responder a una situación de derechos humanos no resuelta, para lo cual se tuvo que generar un espacio de diálogo con las Fuerzas Armadas, cosa que no fue fácil porque muchos generales de la dictadura aún estaban operando. Económicamente, veníamos en crecimiento con una continuidad que se basó en el sector agropecuario, que no es el que el genera mayor empleo. Hubo muchas discusiones durante el primer año de gobierno del Frente dentro de la fuerza política por el hecho de buscar un equilibrio macroeconómico, pero hoy estamos discutiendo cómo hacer para abordar fundamentalmente las políticas sectoriales. Hay algunos puntos definidos con respecto al agro, pero con la industria hay una expectativa muy centrada en las inversiones externas y no hemos logrado reacomodar el crédito interno para que el capital nacional pueda retomar su iniciativa. No es muy diferente a lo que han tenido que manejar otros gobiernos progresistas de la región cuando se vieron ante situaciones muy complejas y, a veces, con una acumulación social que no alcanza para lograr metas más ambiciosas. La población está a la espera de que resolvamos muchos problemas, pero aún no hemos logrado acomodarnos para caminar juntos.
– Lo que más les está costando es cumplir esa gran consigna con la cual el Frente Amplio llegó al gobierno, la de crear el “país productivo”.
– Sí, porque hoy el país tiene un crecimiento importante que no se manifiesta en el empleo. El año anterior crecimos el 6,5 por ciento y para este año se espera que estemos entre el 6 y el 7 por ciento. Sin embargo, el desempleo ha bajado poco. Hoy estamos apenas por debajo del 10 por ciento, que para nosotros todavía es mucho.
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