Extendiendo el alcance del TLCAN
6 de septiembre de 2007
Extendiendo el alcance del TLCAN
Laura Carlsen
Enfrentando a la oposición tanto de derecha como de izquierda, George W. Bush, Felipe Calderón y Stephen Harper se reunieron en Montebello, Canadá, del 20 al 21 de agosto, para discutir la poco conocida segunda fase del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sus declaraciones a la prensa reconocieron la preocupación pública sobre el contenido y lo secreto de las pláticas, pero no se hizo nada para clarificar las dudas en torno al procedimiento a puerta cerrada, o para divulgar las discusiones referentes a políticas específicas.
Más allá de la retórica sobre el buen sentir de este "vecindario próspero" y "compromisos comunes", los líderes canadiense, estadounidense y mexicano mostraron que cada uno traía una agenda diferente. Canadá teme otro bloqueo fronterizo, económicamente desastroso, como el que siguió a los ataques terroristas de 2001, y desea asegurar que esto no pase de nuevo. Bush hace énfasis a la lista de deseos corporativos para eliminar barreras restantes y armonizar regulaciones, y promueve su agenda contra el terrorismo. Calderón teme que México esté perdiendo su margen de mercado estadounidense en el TLCAN y hace un llamado para formar un bloque de comercio regional capaz de competir con otras regiones del mundo. Ninguna decisión concreta sobre políticas u objetivos comunes fueron anunciados.
Con razón el público está confundido.
Una breve historia
La Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se echó a andar en Waco, Texas, en marzo de 2005. Los jefes de estado de los tres países del TLCAN, otros representantes de gobierno, y grupos empresariales se han reunido periódicamente para resolver acuerdos para acelerar la integración e incrementar la seguridad. Esto se ha estado llevando a cabo prácticamente sin ninguna participación pública o supervisión del Congreso.
Debido a que la ASPAN no es una ley, ni un tratado y ni siquiera un acuerdo, no existen mecanismos formales que permitan la rendición de cuentas. Es esencialmente un "acuerdo entre caballeros" de las ramas ejecutivas y las principales corporaciones de las tres naciones.
Es eso lo que preocupa a la gente. Desconocida para el público, la ASPAN ha engendrado numerosos grupos de trabajo, reportes y recomendaciones. En 2006, se incluyó al sector privado mediante la formación del Consejo Norteamericano de la Competitividad (CNC). Esta entidad se compone de representantes de negocios de diferentes industrias implicadas en el comercio y la inversión intercontinental, incluyendo a Wal-Mart, Lockheed Martin, la Cámara Mexicana de Comercio Exterior, el Suncor Energy de Canadá y otros. El Consejo no incluye a representantes de organizaciones laborales, ambientales o de la sociedad civil.
Funcionarios gubernamentales han justificado lo secreto del procedimiento indicando que la ASPAN es meramente un foro de refinamiento de reglas y estándares para transacciones trasfronterizas. Sin embargo, a pesar de lo poco que se sabe de ella, es un hecho que están sobre la mesa decisiones primordiales.
Muchas de ellas van más allá de lo acordado por las legislaturas norteamericanas bajo el TLCAN. Incluyen derechos extraterritoriales sobre recursos naturales ; la extensión hacia México y Canadá de la ya bastante impopular agenda antiterrorista de la administración Bush ; la liberalización de servicios financieros ; y muy probablemente un paquete de ayuda de unos mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en México.
Aunque raramente identificadas como tales, algunas recomendaciones de la ASPAN han sido el motivo para importantes reformas de políticas y regulaciones. Estas incluyen la aceleración de la ambientalmente perjudicial producción petrolífera en México y Canadá, y la "armonización" de estándares nacionales que aseguran los beneficios de las corporaciones en lugar de la protección al consumidor.
Por dar un ejemplo, Canadá dio su acuerdo para aumentar la cantidad de residuos de pesticida permitida en ciertos alimentos y México adoptó una ley antiterrorista contradiciendo sus propios principios de política exterior. En los EEUU, la propuesta de construcción de una carretera que facilitaría el comercio intercontinental ha encolerizado a ecologistas y poblaciones locales y ha levantado cuestionamientos sobre cuál es exactamente la "visión" global que la ASPAN pretende tener.
Muchas de las recomendaciones de la ASPAN tendrán un impacto de largo plazo en la vida de los ciudadanos. Mientras la oposición se ha venido enfocando en el uso de recursos, normas al consumidor e infraestructura, el componente de seguridad de la alianza demostraría ser el de más envergadura de todos.
La Alianza de Seguridad y Prosperidad nació en la era del post-11 de septiembre, cuando el Presidente Bush intentaba extender la estrategia antiterrorista de EEUU a México y Canadá, y cuando el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) se convirtió en actor principal de la relación trilateral. La propuesta de lucha contra el narcotráfico cae en la rúbrica de esta nueva área. El paquete incluiría la entrega de armas estadounidenses y equipo de vigilancia, sofisticados programas de espionaje, así como el entrenamiento de la policía y el ejército de México.
Aún si las negociaciones en cuestión de seguridad han estado entre las más firmemente cerradas, es muy probable que las enérgicas medidas de inmigración en la frontera sur de México y la lista canadiense de "no-vuela" que prohíbe a ciertas personas el uso de transporte aéreo fueron negociadas bajo el contexto de la ASPAN.
Las cuestiones olvidadas de la integración
Es así que mientras la ASPAN extiende su dominio de intervención, los más grandes desafíos de la integración trinacional han sido inexplicablemente apartados de la agenda. La inmigración, que ha experimentado un aumento de 100% desde el TLCAN, ha sido dejada de lado por ser demasiada sensible en la política estadounidense como para ser tratada en discusiones regionales-a pesar de que los procesos de integración en otras partes del mundo integran a los flujos laborales como un aspecto central en la integración regional.
Según se informa, Calderón expresó su preocupación ante las nuevas y ásperas sanciones patronales en los EEUU, así como el "vacío" dejado en la ley de inmigración ante el reciente fracaso del Congreso estadounidense para pasar reformas que traten eficazmente a los 12 millones de personas indocumentadas que se estima residen en los EEUU. Sin embargo, no se mencionaron ni medidas para reducir muertes y violaciones de derechos humanos en la frontera compartida por EEUU y México, ni la posibilidad de establecer fondos de compensación para los sectores desplazados de México, ni tampoco la regularización de inmigrantes mexicanos en comunidades estadounidenses.
Otro tema tabú fue la eliminación total de las tarifas en maíz y frijol en México, planeada para enero de 2008 bajo el capítulo agrícola del TLCAN. Campesinos mexicanos han pedido la renegociación de dicho capítulo, argumentado que los sacará del negocio y aumentará la emigración. Pero de acuerdo con representantes gubernamentales, los tres gobiernos decidieron no tocar el tema en Montebello.
Los dirigentes de esta última etapa de integración regional ni siquiera se ocuparon de temas urgentes como el impacto del TLCAN en la pérdida de empleos y la calidad de trabajo en los EEUU, o en el cada vez mayor control monopolístico de producción y mercado ejercido por corporaciones transnacionales-un tema comprensiblemente dejado fuera de la mesa del "consejo de competitividad" controlado por empresas conocidas por sus prácticas anti-competitivos en el comercio global como Wal-Mart.
Voces de disidentes
Grupos de ciudadanos se han movilizado en los tres países para reclamar información y protestar las prioridades de la "integración profunda" diseñadas en la alta esfera de comercio y gobierno. Grupos de ciudadanos canadienses que vinieron a protestar contra la cumbre fueron recibidos con gases lacrimógenos, spray pimienta y policías provocadores.
Dirigentes electos se han también opuesto a la confidencialidad que envuelve la ASPAN. En mayo, la legislatura mexicana aprobó una resolución que exige al Presidente Calderón el envío al Senado de un reporte detallado de todos los acuerdos que los oficiales de gobierno han asumido ante grupos de trabajo de la ASPAN. La Casa de Representantes de EEUU aceptó una enmienda que prohíbe el uso de fondos del Departamento de Transporte en grupos de trabajo de las ASPAN hasta que el Congreso haya revisado y aprobado la agenda de las ASPAN. Aunque esta enmienda fue rechazada por el Senado, se han presentado muchas otras resoluciones en contra de las negociaciones de la ASPAN. Un resolutivo que llama a consultaciones públicas sobre la ASPAN ha sido establecido en el Parlamento canadiense.
Estados Unidos, Canadá y México intercambian un total de US$883 mil millones de dólares bajo el TLCAN. Sin duda, las tres naciones necesitan mecanismos que cercioren que estos flujos sean seguros, ordenados y mutuamente benéficos.
La ASPAN, sin embargo, ha procedido secretamente mucho más allá del mandato regulador, hacia áreas que amenazan la soberanía de las tres naciones y que tendrán efectos de largo plazo en la vida de sus ciudadanos. Esto ha pasado no solamente sin la participación ciudadana, pero también, en muchos casos, sin su conocimiento. Las decisiones trilaterales que afectan a poblaciones enteras deben ser abiertas al público y sujetas a la revisión ciudadana. La prioridad debe ser siempre el incremento del bienestar a largo plazo del pueblo. Como democracias, no podemos permitir que el curso de la integración norteamericana sea dictado por un grupo cerrado de representantes corporativos y de gabinete.
Lo que está en juego es el futuro de nuestras tres naciones y el continente que compartimos.
Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es directora del Programa de las Américas www.ircamericas.org en la Ciudad de México.
