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Institucionalización del movimiento social: la oposición al TLC en Costa Rica

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Institucionalización del movimiento social: la oposición al TLC en Costa Rica

María Eugenia Trejos [1]
Noviembre de 2007

1. El proceso de negociación y decisión sobre el TLC

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (en adelante TLC) se negoció durante el año 2003 y los primeros meses del 2004. Inicialmente participaron 5 países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). Luego se unió República Dominicana, que negoció primero con Estados Unidos y luego se adhirieron el resto de los países.

La negociación de Costa Rica fue encabezada por un equipo de profesionales del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) vinculados a los intereses de grandes corporaciones transnacionales y que, en varios casos, como después se sabría, recibieron jugosos complementos salariales de la fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA), heredera de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés). El país depositó así una negociación estratégica en personal pagado por la contraparte.

Esta etapa no fue para nada sencilla. Desde un inicio diversos sectores reclamaron la posibilidad de participar en la definición de al menos los pisos mínimos o techos máximos de negociación, y de dar un seguimiento cercano al proceso. El COMEX estableció un mecanismo de “consulta” con el cual hacía aparecer como partícipes del proceso a las organizaciones invitadas. Sin embargo se hicieron cientos de recomendaciones y promesas sin que éste se comprometiera definitivamente con ninguna. Es decir, el mecanismo de consulta fue puramente formal en cuanto a los representantes de los sectores populares. Consistió en: la publicación de anuncios, en algunos periódicos de circulación nacional, llamando a diversos sectores productivos a dar a conocer su opinión sin decir cómo se iba a tramitar la misma; la realización de foros de información sobre el proceso de negociación con consultas de representantes de diversas organizaciones; y la constitución de un llamado “cuarto adjunto”, que era un espacio donde los negociadores podían conversar con las organizaciones y empresas (que pudieran costear su participación) sobre el rumbo de las negociaciones en el momento en que éstas se daban. Igual que en el caso anterior, no existió ningún procedimiento que hiciera vinculante o permitiera, al menos, lograr algún acuerdo entre organizaciones sociales y negociadores.

Con este tipo de mecanismos informativos, los movimientos populares fueron tratados como meros receptores. Sus argumentos, suficientemente fundamentados, nunca fueron tomados en cuenta. Esto se hizo más evidente cuando se publicó el texto del TLC, tiempo después de que las negociaciones habían finalizado, pues en el proceso los textos se habían declarado “confidenciales” “para no divulgar la estrategia nacional”, incluso para diputados que demandaron el acceso a los textos oficiales. Por ejemplo, en una reunión con la viceministra Gabriela Llobet, encargada además de la temática ambiental, a dos organizaciones se les dio copia de los capítulos ambientales de los tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, Estados Unidos y Singapur -en inglés además- para opinar sobre el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos pese a que su asistente había manifestado que ya existía la propuesta de capítulo elaborada por Estados Unidos y que ella no veía problema alguno en que esas organizaciones pudieran tener acceso a la misma para brindar su opinión. [2]

Aún después de finalizada la negociación no fue posible conocer la documentación correspondiente a la misma, pues se afirmó que “se extravió” con el cambio de ministros en la pasada administración. De hecho, los únicos que sí tuvieron acceso al proceso de negociación, como asesores del gobierno, fueron los representantes de las cámaras empresariales. Tanto que actualmente uno de esos dirigentes empresariales es Ministro de Comercio Exterior.

Si bien la negociación concluyó en enero de 2004 y el TLC fue suscrito por el Presidente en agosto de ese mismo año, el texto no fue enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación sino hasta octubre de 2005, debido a la creciente resistencia popular que expresaba diversos tipos de contradicciones entre el movimiento popular y el gobierno; entre éste y un sector del empresariado; y al interior del mismo gobierno. Lo último culminó con la renuncia de prácticamente la totalidad del equipo negociador.

El impulso definitivo al TLC viene del actual gobierno de Oscar Arias, que asumieron el poder en mayo de 2006 en medio de una gran marcha de rechazo -por primera vez en la historia electoral costarricense- y después de un ajustadísimo resultado electoral (cerca de 1% de diferencia respecto al Partido Acción Ciudadana) y de enormes cuestionamientos sobre dicho resultado y sobre la figura de la reelección presidencial, reinstaurada por la Sala Constitucional al anular una decisión legislativa de 1969 (Arias ya había sido presidente en el período 1986-1990). Para este gobierno el TLC fue desde un principio un tema central y, como así lo hizo, estuvo dispuesto a conseguir su aprobación de cualquier forma.

La discusión en el Congreso inició en junio de 2006, con un procedimiento que ha sido calificado de antidemocrático y elevado a otras instancias, como la Sala Constitucional, entre otras cosas porque la comisión que dictaminó el TLC, si bien recibió a algunos grupos contrarios al tratado, se negó a recibir a más de 60 grupos que habían solicitado audiencia, rechazó consultar a los pueblos indígenas tal y como fue recomendado por la asesoría técnica legislativa en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y elaboró el dictamen sin haber discutido y votado más de 300 mociones pendientes y sin haber entrado a la discusión del fondo del tratado.

Los diversos sectores de oposición vieron frustrados sus intentos de ser escuchados, ya que aún los que tuvieron acceso a las sesiones de la comisión encontraron que no se discutía ni había ningún interés por profundizar en los contenidos del tratado. El esfuerzo estaba puesto en señalar los tiempos disponibles para hablar y los/as mismos/as legisladores/as tenían limitaciones para poder intervenir, ya que se les medía el tiempo de sus participaciones y dentro de ellas estaba el tiempo para las respuestas. La farsa “democrática” en que se discutió el proyecto puso, una vez más, de manifiesto el cambio de rumbo que tomaba el país: se había terminado la institucionalidad democrática que antes había obstaculizado la aprobación del tratado y se recurría continuamente a procedimientos amañados y autoritarios.

El creciente movimiento de oposición al TLC, a pesar de la multimillonaria campaña realizada por sus defensores, llevó a una creciente polarización del país entre quienes defendieron y quienes adversaron el tratado. Sin embargo, de las mismas filas del movimiento opositor salió la propuesta que parece haber sido retomada por sus defensores como el camino para la superación del estancamiento: la realización de un referendo que tuvo lugar el 7 de octubre de 2007.

2. Las razones de la resistencia en Costa Rica: amplio desarrollo del estado social

2.1 Amplia cobertura de los servicios públicos

El desarrollo del estado social en Costa Rica, desde la década de los años 40 hasta la década de los años setenta del siglo veinte, condujo a una importante expansión de los servicios públicos, comparativamente mejor que la alcanzada en otros países de la región. A pesar de la aplicación de políticas neoliberales, que se iniciaron en la década de los ochenta [3], aún se conservan índices sociales altos: el índice de desarrollo humano es de 0.838 (correspondiente al lugar 47 en todo el mundo), el analfabetismo es apenas del 4%, la cobertura del seguro de salud abarca aproximadamente a un 82% de la población, la esperanza de vida al nacer es de 78 años, la población con acceso a agua potable es de un 75%, la cobertura de energía eléctrica es de 97% y la de telefonía de 31.6 líneas por cada 100 habitantes. Además, el país tiene unas de las tarifas más bajas en el continente para la electricidad, telefonía fija, celular e internet. [4] Esto ha sido posible en el contexto de un proyecto de sociedad que garantiza que ciertos servicios estratégicos sean ofrecidos por el Estado, bajo una lógica solidaria y con amplia cobertura.

Esta expansión de los servicios públicos constituyó y constituye un elemento central de la actual resistencia: la población que ha tenido acceso a estos servicios sabe claramente lo que puede perder y ha demostrado su determinación a defenderlos.

2.2 Amplio y prestigioso sector intelectual

Como parte del Estado Social se desarrolló en el país un sistema universitario de alto nivel y, sobre todo, con la autonomía suficiente para permitir el surgimiento de un pensamiento crítico en un importante sector de profesionales. Este sector se dio a la tarea de analizar el TLC para poder tomar posición frente al mismo. Con ello, la oposición no sólo ha superado el mero discurso y se ha basado en el análisis específico del texto, sino que conforme se fue conociendo más el contenido del tratado se fue ampliando la crítica, creciendo la preocupación sobre sus implicaciones y aumentando el compromiso del sector intelectual en la lucha para impedir su aprobación. Desde el mismo año en que concluyó la negociación se inició la producción de materiales de todo tipo desde una gran cantidad de libros y mucho más de artículos, varios videos y material de audio, folletos de divulgación, volantes, canciones, poemas, retahílas, afiches, teatro, etc. que han permitido difundir el análisis sobre los contenidos del TLC. La producción de materiales fue acompañada de una amplia divulgación y diálogo con comunidades desde las más cercanas a la meseta central hasta las más alejadas comunidades rurales y pueblos indígenas. Se utilizaron diversas metodologías de educación popular para "bajar" el contenido sumamente denso y confuso de las casi tres mil páginas del TLC y se contó con el apoyo de cientos de activistas dispuestos a ceder tiempo, dinero y conocimiento en estas acciones.

La población, ya de por sí inquieta y desconfiada por la enorme propaganda de los defensores del tratado fue conociendo contenidos que le han permitido comprender las implicaciones del tratado y tomar posición en contra. Al mismo tiempo se fue creando el gérmen de la organización aglutinada después en los más de 130 comités patrióticos establecidos espontáneamente a lo largo y ancho del país.

2.3 Institucionalidad democrática con cierto nivel de funcionamiento

Hasta antes del gobierno actual, que se inició en 2006, la institucionalidad democrática funcionaba relativamente. Los procedimientos parlamentarios impedían la aprobación de leyes o tratados internacionales de manera precipitada y se contaba con la presencia de un sector numeroso, en el parlamento, que se oponía a la aprobación del TLC. El control del ejecutivo lo tenía un sector que conservaba el estilo de gobierno tradicional en el país, tendiente a favorecer el consenso y a buscar mecanismos de entendimiento cuando se enfrenta la posibilidad de un estallido social. Así, el tratado se mantuvo sin siquiera iniciar la discusión parlamentaria por mucho tiempo.

Esto cambió con la administración Arias, como veremos más adelante. Pero durante el período que va de principios del 2004 a principios del 2006, las reglas puestas por los mismos sectores gobernantes les impedían avanzar en la aprobación del tratado. Por ejemplo, el ejecutivo instaló una "comisión de notables", que tardó en emitir una ambivalente declaración. Todo esto dio tiempo a que se divulgaran más los impactos fundamentales que éste tendría de ser aprobado, y permitió un amplio crecimiento del movimiento de oposición.

3. Variedad y heterogeneidad de la participación

El movimiento contra el TLC condujo a la confluencia de amplios y variados sectores de la población. Por un lado, participaron representantes de todo el movimiento social: sindicatos, campesinos, estudiantes, indígenas, cooperativistas, ecologistas, profesionales, mujeres, algunos sectores de diversas iglesias, artistas. Por otro lado, hubo pronunciamientos de instituciones de prestigio en contra de la aprobación del tratado: tres de las universidades públicas hicieron pronunciamientos fundamentados en análisis a fondo y en las cuatro se formaron frentes de lucha contra el TLC. La Defensoría de los Habitantes también se pronunció en contra y elaboró otro amplio y detallado informe. Finalmente, se formó un Frente de apoyo a la lucha contra el TLC, encabezado por el rector de una de las universidades públicas.

También se sumaron, activamente, al movimiento destacadas figuras en el campo artístico e intelectual (varios premios nacionales, por ejemplo) y muchos/as artistas de gran reconocimiento. Desde el campo político participaron dos expresidentes, varios ex candidatos a presidente (de partidos grandes), varios ex jerarcas de instituciones públicas, ex ministros, ex primeras damas. Incluso dentro del Partido Liberación Nacional (actualmente en el gobierno) formó un frente contra la aprobación del tratado. Por último, un sector de empresarios tuvieron una participación muy destacada, entre ellos productores arroceros, de productos genéricos, pecuarios, etc. y se formó una Organización de Empresarios por Costa Rica que se opone a la aprobación del TLC.

Estos hechos dieron una gran legitimidad al movimiento de rechazo al TLC y, lograron frenar la intensa campaña mediática que centró sus ataques en algunos dirigentes sindicales, creyendo que con ello logrararían desprestigiar el movimiento. Lo cierto es que un sector creciente de la población percibió la participación de todas aquellas personas y reconocieron también que son los grandes empresarios y el gobierno los que defienden el tratado. A esto se sumó un nivel de desconfianza que tienen los/as costarricenses cuando algo se les intenta imponer: parte del rechazo se generó, precisamente, en la multimillonaria campaña publicitaria y en la insistencia del gobierno en que se requería la aprobación del TLC para sacar adelante al país. Hay que recordar que este gobierno inició su gestión, en medio de cuestionamientos sobre la reelección presidencial y sobre el resultado de las elecciones, con el apoyo de sólo una cuarta parte de los/as votantes.

A la variedad de los sectores que participaron en el movimiento hay que agregar la diversidad de formas de participación y de expresión que se han utilizado. Se formaron comités y frentes de lucha en todo el territorio nacional, y éstos organizaron diferentes tipos de actividades, casi siempre en contacto más personal con la gente y, en ese sentido, muy distante de la manera impersonal en que los defensores del TLC se relacionan, ya que es, sobre todo, a través de los medios. [5] Este trabajo fue creciendo de manera que cada semana aparecían nuevos comités o frentes de lucha en diferentes comunidades.

4. Organización de la resistencia

Consideramos que la resistencia frente a la aprobación del TLC tuvo cuatro momentos iniciales:

4.1 Antes de la firma del TLC

En este período, durante el 2003 y principios del 2004, el movimiento estaba dividido sobre todo entre dos sectores: el que se oponía a cualquier tratado de libre comercio con Estados Unidos y el que buscaba incorporar algunas disposiciones en el tratado que se estaba negociando. Así, había mucha división y dispersión y se hacían esfuerzos separados para enfrentar el proceso de negociación.

Ninguno de los sectores conocía realmente lo que estaba quedando el tratado, ya que sólo se tenía acceso a los informes de COMEX y no a los documentos que iban saliendo de la negociación. Ni siquiera quienes buscaban incorporar disposiciones y participaban en el llamado “cuarto adjunto” tenían acceso a los documentos ni a la evolución de la negociación, pues el equipo negociador buscaba asesoría y acuerdos con el sector empresarial y ocultaba información al resto de los/as participantes.

4.2 Entre la firma y las elecciones de febrero de 2006

Al finalizar la negociación del tratado y, finalmente, publicarse sus contenidos, quienes habían venido participando con diversas posiciones y expectativas pudieron conocer sus verdaderos alcances. Con ello, quienes habían intentado incorporar algunas disposiciones menos desfavorables, en cualquiera de los temas, comprendieron que nada en el TLC favorecía a ningún sector que no fuera el capital transnacional y sus representantes internos. Por ello, la posición de los sectores opositores adquirió una mayor unidad pues todos se oponían a la aprobación de este tratado. La diferencia era ahora entre quienes planteaban que debía renegociarse o rechazarse de plano. Entre los primeros están quienes, en la última etapa, conducen el movimiento a la realización del referendo.

Aún así, se realizaron esfuerzos unitarios con mejores resultados que en la etapa anterior y se formó una comisión de enlace donde se establecían algunos mecanismos de vinculación entre los diferentes sectores opositores al tratado. Estos instrumentos unitarios no abarcaron la totalidad del movimiento, pero permitieron realizar acciones con la participación de todos. Siempre se mantuvo el espacio para las acciones que surgían de diferentes comunidades o sectores, con amplios despliegues de creatividad, mucho trabajo personal y mucha producción intelectual y de material de divulgación.

4.3 Después de las elecciones de 2006

Las elecciones de 2006 conducen al inicio de la administración Arias, que define como eje de su proyecto la aprobación del TLC y de las leyes complementarias a su ejecución. Esto facilitó la unidad del movimiento en contra del TLC porque no había negociación posible con el gobierno y no había renegociación posible del tratado. La lucha se definió como la lucha contra el TLC sin calificativos.

El gobierno amplía su campaña y se hacen movimientos legislativos para la aprobación del tratado y de las leyes complementarias. El proyecto avanza en la comisión de asuntos internacionales -con las deficiencias que se mencionaron antes- que, finalmente, lo dictamina y lo envía al plenario.

El movimiento de rechazo crece, se forman nuevas coordinadoras y frentes de lucha y se realizan las dos manifestaciones más grandes en contra de la aprobación del tratado: una en octubre de 2006 y otra en febrero de 2007. Las manifestaciones tenían una expresión central en el centro de San José, pero había movimientos simultáneos en varios puntos del país. La polarización del país se ampliaba y, con ella, la tensión social.

Fue entonces cuando se pasó a la cuarta etapa.

4.4 Institucionalización del movimiento

Dentro del mismo frente opositor al tratado surgió un grupo de ciudadanos que propuso la realización de un referendo. Cuando se inició el planteamiento, antes de las elecciones de 2006, podía haber algunos argumentos a su favor, aunque éste también era un tema que dividía al movimiento. Sin embargo, cuando se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una petición para la realización de un referendo que definiera el futuro del TLC, ya se había pasado por un proceso electoral en el cual el papel de dicho tribunal había sido sumamente cuestionado. Esta petición fue, inicialmente, rechazada por el TSE.

No obstante, después de la manifestación multitudinaria de febrero de 2007, y en un aparente acuerdo con el gobierno, el TSE aprueba la realización de un referendo, solicitado por el poder ejecutivo y aprobado por el legislativo, que se realizó en octubre de 2007. Con esta resolución, a nuestro juicio, se institucionalizó el movimiento y los gobernantes se apropiaron de la lucha que pasó, ahora, a su propio campo.

Las condiciones en que se realizó el referendo en Costa Rica no garantizaron, como algunos/as previeron, una participación equilibrada. Primero, los medios de mayor difusión en su mayoría tuvieron una posición claramente favorable a la aprobación del tratado y no informaron ni permitieron el acceso del movimiento opositor. Segundo, el TSE no garantizó el acceso equilibrado de los dos sectores a los medios ni entregó recursos para ser utilizados en la difusión de las posicionesm por lo que los defensores del tratado contaron con recursos multimillonarios otorgados por sectores empresariales, mientras los opositores tuvieron que continuar con el trabajo personal o en espacios pequeños. Tercero, el TSE dispuso que los fiscales del referendo fueran nombrados por los partidos políticos, lo que también dificultó el trabajo del movimiento opositor, que no estaba inscrito en ningún de ellos. Cuarto, el TSE dictó disposiciones que pretendieron impedir la participación de las universidades públicas, alegando que usan recursos públicos, pero en una clara y peligrosa violación de la autonomía universitaria, mientras acepta que el presidente y sus ministros utilicen su tiempo -y los recursos públicos- para hacer campaña a favor del tratado. "Vamos a hacer un trato", dijo sin ambages el Presidente Arias en reunión oficial con ciudadanos de una alejada comunidad de la zona el sur del país, "ustedes votan por el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto".

Así, el futuro del TLC fue definido en un proceso electoral amañado y no en la lucha social que se había venido desarrollando. Pero peor aún, ese proceso electoral no tuvo las condiciones mínimas para garantizar que la población accediera a la información de ambas posiciones y las dudas fundamentadas sobre la imparcialidad del TSE fueron hechos consumados.

Sin embargo, hay que destacar que el movimiento y la organización se multiplicaron ante la perspectiva del, con la creación de más de comités y la multiplicación de formas de divulgación de los contenidos del tratado. Este movimiento podría ser el germen de un proceso que, más allá de la aprobación o el rechazo del TLC, conduzca a una transformación social de carácter más radical.

Síntesis de la etapa antes del referendo

En Costa Rica se generó un amplio movimiento de rechazo al tratado de libre comercio, entre otras cosas porque en el país existió un estado social con un relativo desarrollo. Esto permitió la expansión de los servicios públicos, que hicieron que la población quiera conservarlos; la presencia de un importante sector intelectual que condujo a que el tratado no se combatiera simplemente con discursos, sino con análisis de sus contenidos y el reconocimiento de sus verdaderos alcances; la existencia de una institucionalidad democrática que, hasta antes del 2006, funcionaba hasta cierto punto y obstaculizaba la aprobación del tratado sin una discusión parlamentaria más o menos prolongada.

El movimiento del NO logró incorporar a sectores amplios y variados de la población, dificultando a sus defensores la ofensiva por la presencia de muchas figuras prestigiosas en diferentes ámbitos intelectuales, culturales, artísticos y políticos, así como por la participación de instituciones prestigiosas como las universidades públicas y la defensoría de los habitantes.

El movimiento del NO mostró que es posible enfrentar el poder económico y mediático con el trabajo más personalizado, sistemático y bien fundamentado.

El movimiento del NO evolucionó desde una oposición dividida hasta una gran unidad, desde una oposición “de la calle” hasta la institucionalización del movimiento. Esto condujo a la definición sobre el futuro del TLC en un referendo dirigido por un tribunal de elecciones cuestionado en el último proceso electoral y con reglas que no garantizan el equilibrio.

El movimiento del NO permitió el surgimiento de diversas expresiones sociales y de formas organizativas y de participación que, podemos esperar, serán el germen de la construcción de una sociedad opuesta a la que impulsa el TLC: donde se conserva la soberanía sobre los recursos naturales, el territorio, las decisiones, la aplicación de la justicia, el derecho a legislar. Donde la vida sea más importante que el comercio y las personas sean más importantes que las ganancias. Donde los esfuerzos se orienten al desarrollo solidario de las potencialidades humanas y no a la competencia y el fortalecimiento de las grandes corporaciones.

5. El desenlace frustrante y esperanzador

Como es sabido, el TLC consiguió el 7 de octubre una votación mayor a su favor. Si bien técnica y aparentemente podemos decir que no hubo fraude directo en las urnas, sí podemos hablar con certeza de condiciones asimétricas de las partes y de un fraude mediático. También podemos hablar de que, en el futuro, el gobierno estará bajo la mira cercana del movimiento social gestado en esta lucha que permitió abrir espacios para imaginar un modelo de sociedad diferente en los términos preliminares expuestos en los párrafos anteriores. ¿Cuál es el balance de la situación a un mes del aturdimiento inicial que los resultados provocaron en las filas del NO? [6]

El referendo: legitimador del proyecto neoliberal

El movimiento del NO, con su riqueza social y cultural, con sus formas alternativas de participar en el accionar político nacional, tenía su espacio fuera de la institucionalidad controlada por los sectores gobernantes, como había sido hasta ese momento. Sin embargo, la convocatoria del referendo utilizó los argumentos ideológicos más arraigados en nuestro pueblo y fueron muy pocas las voces que señalaron su carácter desmovilizador y tramposo.

Oscar Arias ya había utilizado los mecanismos de la “democracia electoral” en contra del movimiento popular, cuando “salvó” la guerra de Estados Unidos contra el gobierno sandinista, al proponer unas elecciones generales. Su experiencia en estos campos y la elaboración de una estrategia, aparentemente en conjunto con el TSE, las cámaras empresariales, la embajada de Estados Unidos y los medios de comunicación nacionales e internacionales, no podían conducir sino a la legitimación del TLC, ahora aprobado por la “mayoría” electoral del país. Incluso la Sala Constitucional participó en la estrategia al abstenerse de señalar las clarísimas inconstitucionalidades del tratado.

El proceso del referendo estuvo, al igual que las elecciones nacionales, viciado de nulidad.

Primero porque el TSE no fue imparcial:

• no aplicó ninguna norma que garantizara la igualdad de oportunidades para los dos bandos en disputa; publicó en los principales diarios nacionales y como “resumen del TLC” un texto elaborado por el grupo Estado de la Nación, totalmente parcializado a favor del Sí;
• no impidió irregularidades como las amenazas y campañas del miedo que se desataron en las empresas;
• permitió la injerencia de sectores que no debían participar, como figuras públicas de la administración Bush y del embajador de Estados Unidos que personalmente participó en campañas de publicidad y visitas a empresas, incluso durante los días de tregua.
• Durante estos mismos días, el TSE también permitió la participación por televisión a favor del SI del presidente de la república y de su hermano, el ministro de la presidencia, en clara violación legal del artículo 24 del reglamento de la Ley del Referéndum

Segundo, porque los medios no permitieron el acceso, no digamos a las posiciones de ambos sectores, sino a la información que la población tenía derecho a conocer.

Tercero, porque el gobierno participó de lleno y con recursos de todos/as nosotros/as en la campaña del Sí, utilizando todos los mecanismos de amenaza y generación del miedo, también a la vista y permiso del TSE.

En estas condiciones no podía esperarse un resultado favorable al NO y, de haberlo habido ¿lo hubo? ni siquiera lo sabríamos porque no hubo representación adecuada en todas las mesas electorales.

Los comités patrióticos: germen de una sociedad alternativa

En el terreno de la institucionalidad desgastada y corrupta de nuestro país, la lucha contra el TLC ya estaba perdida desde que se aceptó participar en el referendo. Sin embargo, fue en el proceso del referendo en el que los llamados comités patrióticos adquirieron mayor fuerza y dinamismo.

La mayoría de estos comités han participado no sólo con los medios alternativos que se han señalado sino, sobre todo, con autonomía y horizontalidad, con creatividad y espacios para los/as distintos participantes, sin regulaciones asfixiantes ni dirigentes auto ungidos/as y con la voluntad y determinación que se requiere para reconstruir la sociedad. Son, entonces, potenciales sustitutos de la institucionalidad existente.

Pero no podemos esperar que todos los comités patrióticos sigan el mismo rumbo. Los habrá (o los hay) controlados por los/as dirigentes autoproclamados o por los partidos políticos que los orientan según sus propios intereses. Los habrá (o los hay) enredados en la institucionalidad existente y sin la capacidad necesaria para sacar las lecciones de la experiencia pasada. Pero algunos serán capaces de reconocer el momento en que se realizan sus acciones y podrán constituirse en el basamento de una nueva institucionalidad en la cual sean los diversos sectores populares los que definan y controlen el rumbo que debe seguir el país.

Institucionalización del movimiento social: la oposición al TLC en Costa Rica (PDF – 6.9 Mio)