La cobarde y subversiva reforma constitucional del libre comercio
La Tarde, octubre 5 de 2004
Aurelio Suárez Montoya
En la medida en que avanzan las negociaciones del tratado bilateral de Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos cobra mayor vigencia la conocida frase del intelectual norteamericano Noam Chomsky respecto a este tipo de acuerdos: “no son libre comercio y son mucho más que “libre comercio”. La inexistencia de las condiciones de libre concurrencia, que la teoría capitalista clásica establece para que opere “la mano invisible del mercado”, conduce inevitablemente a reforzar los mercados imperfectos donde la posición dominante de los monopolios influye en la formación de los precios a su favor y en el control paulatino de mayores porciones de las correspondientes ramas de la economía. La eliminación, exigida en estos acuerdos, de la protección arancelaria y demás formas de resguardo de la producción de los más débiles acarrea la centralización de las áreas estratégicas cada vez en menos manos a nivel global. La propaganda para dicha empresa se fundamenta en una falsa reciprocidad de intercambio, como la de la fábula del “zorro y el gallinero”.
Pero la desigualdad de la negociación no para allí. Lo que es “mucho más que libre comercio” está conformado por nuevas normas y reglamentos que los países signatarios adoptan en sus respectivas Cartas Constitucionales retrocediendo incluso en lo ya establecido en temas vitales. Éste es el caso de Colombia que en materia laboral, ambiental y de derechos económicos y sociales, por ejemplo, consagra mayores avances que su contraparte, el Tío Sam. Con tal de llegar al acuerdo el país renuncia a elementos doctrinarios de su legislación en esos y otros campos, relegando derechos adquiridos de los ciudadanos, y retrocediendo a favor de quien en estos convenios es considerado el primer sujeto de derecho: “el inversionista extranjero”. Se monta así una juridicidad que satisface con creces la máxima de Robert Zoellick: “el capital es cobarde, no va sino donde se siente seguro”.
Una ilustración de lo que aquí se afirma está en los “acuerdos preliminares” a los que se ha llegado en la mesa de Inversiones hasta la cuarta ronda celebrada a oscuras y sin traducción simultánea en Fajardo (Puerto Rico). Incorporar figuras jurídicas inexistentes como la de “la expropiación indirecta” por la cual, cuando una disposición oficial presuntamente afecte los beneficios o ganancias esperados de un inversionista, puede suscitar un litigio de éste contra el Estado, y la aceptación de tribunales de arbitraje ad hoc, creados para dirimir esas controversias específicas, o la adopción del Derecho Internacional Consuetudinario como anexo de este capítulo, inscribiendo así en nuestra legislación las costumbres internacionales como norma legal, que en la práctica son los manuales de procedimientos de las corporaciones transnacionales, es de facto una reforma constitucional adelantada a hurtadillas, sin cumplir trámites procesales y teniendo como instancia legislativa las mesas de negociación del tratado comercial y no el Congreso de la República.
La cobardía del capital, que se plasma en la creación de instituciones y normas que le garanticen su ataque a mansalva y sobre seguro, es el principio rector que sirve de guía a la reforma constitucional que en el TLC desplaza los derechos de los ciudadanos en provecho de los “inversores”, contenidos también los especuladores. Aquí se salvan , bajo el prejuicio neoliberal de los efectos automáticos del capital sobre el empleo, la productividad y el bienestar general, todas las prerrogativas del Rey Midas contemporáneo, el capital financiero, y los encargados de ello en esta iniciativa imperial, acolitada por el gobierno uribista, no son siquiera juristas de reputada adicción al servilismo sino imberbes negociadores creyentes en este gran servicio a la patria inspirado en la megalomanía del “prócer” que hoy nos gobierna. Razones de peso, todas las aquí expuestas, para que el Congreso actúe en consecuencia reprobando esta espuria reforma constitucional cuando sea sometida a su consideración. Es más agresiva contra nuestras instituciones que la denominada Reforma a la Justicia, es subversiva en la auténtica acepción de la palabra.
