La expropiación indirecta y el TLC
¿Es necesaria la inversión extranjera para nuestro desarrollo? Ciertamente, por la escasez de capitales, el requerimiento de tecnología moderna y las condiciones del mundo globalizado. Necesitamos atraer las inversiones extranjeras, bajo condiciones equitativas y de responsabilidad social, con una visión del desarrollo nacional, fortaleciendo simultáneamente nuestro mercado y producción internos.
Debemos recibir al capital foráneo que genere riqueza y empleo, un reparto equitativo de los beneficios, y respete nuestra soberanía y la supremacía de nuestras leyes y tribunales.
Lo que no podemos hacer es endiosar la inversión extranjera, otorgándole virtual impunidad ante nuestras leyes y políticas de Estado. Debemos ser anfitriones, no esclavos, de la inversión.
Entre los puntos más críticos del TLC con Estados Unidos -mal negociado por el gobierno- están los desproporcionados beneficios a las inversiones extranjeras, lo que generará conflictos con los intereses nacionales y debilitará al Estado peruano, anulándole su capacidad para imponer una reforma tributaria, renegociar la explotación de nuestros recursos naturales, revisar irregulares privilegios, exigir comprar insumos locales o dar trabajo a peruanos.
El TLC nos impone dos asuntos en el Capítulo sobre Inversiones: 1) el concepto de “expropiación indirecta” -nebuloso y ambiguo- y 2) prohíbe establecer requisitos de desempeño a los inversionistas.
Con lo primero, permite a los inversionistas demandar al Estado peruano por daños y perjuicios casi por cualquier razón, incluso si el Estado actúa legítima y legalmente.
Con lo segundo, prohíbe exigirle a un inversionista extranjero usar un determinado porcentaje de contenido nacional en su producto final, o que dé preferencia a usar insumos nacionales.
¿Qué es “expropiación indirecta”?: cualquier acto que afecte económicamente al inversionista y sus expectativas de ganancia. Se podrá denunciar, ante tribunales internacionales, cualquier medida que el Estado adopte -por más justificada que sea-, convirtiéndole en virtual rehén de las multinacionales: se podrá demandar al Perú por declarar una reserva ecológica, establecer algún impuesto o cobrar un derecho.
Imagínense a las grandes mineras demandando al Perú por exigírseles la regalía minera, o a los grandes bancos demandando porque les impusieron controles al lavado de dinero.
Para colmo, la definición de “expropiación indirecta” no sólo abarca la pérdida real de ingresos, sino también las expectativas de supuestas ganancias futuras. Ni siquiera se necesitará haber realizado la inversión para denunciar al Estado.
Así se ata de manos al Estado para la redistribución de riqueza o la definición de rumbos para el desarrollo; liquida cualquier posibilidad de reformas y transformaciones económicas, y se abre la puerta a abusos de especuladores e inversionistas deshonestos: mediante el TLC con México, la empresa norteamericana Metalclad demandó y ganó a México US$ 90 millones por negársele permiso para instalar un depósito de desechos tóxicos en una zona peligrosa para la población. Necesitamos un Estado fuerte y soberano para prosperar y progresar.
Es inaceptable que el gobierno apruebe el TLC a la carrera, con la complicidad de un Alan García despojado del barniz nacionalista y renovador con el que se cubrió durante su campaña electoral.
Su promesa de no permitir una firma atolondrada del TLC y renegociar lo acordado queda atrás, a medida que vuelve al redil de los grupos de poder económico.
No consintamos que el TLC recorte nuestra soberanía y nuestros derechos. Defendamos y exijamos el debate, la renegociación y la consulta popular.
