La Ronda de Cartagena: la capitulación
CMI-Colombia
La Ronda de Cartagena: la capitulación
por RECALCA
Thursday, Feb. 03, 2005
recalca@etb.net.co
La próxima ronda de negociaciones del TLC con Estados Unidos se realizará en Cartagena entre el 7 y el 11 de febrero. En ella continuará el indigno espectáculo brindado por los negociadores andinos, el gobierno colombiano llegará con nuevas concesiones dispuesto a entregarlo todo con tal de firmar rápido y nuevamente se pondrá en evidencia la intransigencia y arrogancia del equipo norteamericano. Esta ronda es la penúltima y las negociaciones culminarán en marzo en Washington.
Desde el primer día Estados Unidos se ha negado a variar sus posiciones. Ha exigido el oro y el moro. Ha defendido que los países andinos eliminen toda forma de protección al agro y la industria y no ha aceptado modificar en lo más mínimo los apoyos que brinda a su propia agricultura ni su política de protección a la industria, pide toda clase de concesiones en propiedad intelectual y quiere vendernos productos usados, saldos, desperdicios, remanufacturas y afines, quiere entrar a saco en pos de los servicios públicos, el sector financiero, la cultura etc.
La negociación ha llegado al punto en que mientras los andinos protocolizan su abandono definitivo de la franja de precios y demás mecanismos de protección a la agricultura, Estados Unidos sólo ofrecerá como contraprestación quizás aprobar exiguos aumentos en las exportaciones de algunos productos y, eventualmente, crear un comité el cual, una vez suscrito el tratado, examinaría el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias que dificultan el “acceso real” al mercado estadounidense, dando la apariencia de que los productos andinos podrán ingresar libremente a él. También se definirá una formula de salvaguardia temporal y limitada que es, en la práctica, una burla a la protección del agro. La salida del ministro Cano, aplaudida por los principales promotores del TLC en Colombia, es una garantía, aparentemente pedida por los gringos y que el gobierno concede en aras de acelerar la negociación. Con relación al nuevo ministro Arias, se sabe de su desconocimiento del agro y de sus posiciones ultraneoliberales y de su uribismo cerril; en esas manos ha quedado el agro. La gestión de Cano que terminó con la crisis de algodoneros y cerealeros, encartados con una cosecha que no tienen a quien venderle, revela nuevamente la incompatibilidad entre defender el libre comercio, negociar el TLC y al tiempo perorar sobre el fomento productivo del agro.
En materia de normas de origen Estados Unidos busca, y lo logrará, preservar que las maquilas andinas, como lo hizo con las centroamericanas, fabriquen sus productos con telas, hilos y botones de Estados Unidos y no puedan usar insumos de otras regiones.
Según los negociadores, se ha culminado la labor en varias mesas. Los asuntos catalogados como “difíciles”, la propiedad intelectual y el agro, entre los más relevantes, están practicamente entregados. Aunque los anuncios en estas materias solamente se harán al final de la negociación, con ello se revela que la famosa estrategia negociadora colombiana fue un rotundo fracaso, en esto quedó la publicitada astucia que radicaba de “abordar primero estos temas evitando dejarlos para el final”.
Se impusieron los criterios estadounidenses de usar el ATPDEA como señuelo para obtener en cada ronda nuevas y mayores concesiones de los andinos. Pese a que al final del proceso el ATPDEA podría mantenerse hasta con algunas ñapas insignificantes que se presentarán como trascendentales victorias, a cambio se habrán concedido puntos cruciales para la viabilidad de la nación en capítulos como inversión, propiedad intelectual y compras estatales, adoptando definiciones que superarán ampliamente lo definido en la OMC, donde todavía las potencias no han logrado imponer a todos los países el pleno sometimiento a la liberalización completa. El resultado será el esperado: la ansiada recolonización del país y también la eliminación de cualquier integración de las naciones andinas sobre bases democráticas. Será un acuerdo similar o incluso peor a los pactados con Centroamérica, Chile, Marruecos o Singapur.
La situación económica del país es crítica, tanto social como productivamente. La presión de los productores ha obligado al gobierno a expedir medidas que, aunque frágiles y temporales, han tratado de reducir, infructuosamente, la llegada de capitales especulativos de corto plazo y limitado las importaciones de algunos productos. Por ello y por la resistencia popular, para el gobierno no ha sido fácil -ni lo será- imponer el tratado que arruinará definitivamente al país. Los productores agrarios e industriales están alarmados ante la inminencia del ingreso de productos extranjeros subsidiados y que compiten ventajosamente con los locales. Numerosos sectores, desde la cultura y la educación hasta la radio y televisión, piden ser excluidos. Hasta los exportadores sufren con la revaluación que inevitablemente acompañará esta profundización de las políticas neoliberales, como sucedió durante los noventa con la apertura económica.
Hasta el vocero de Acopi ha salido indignado a denunciar la forma clandestina como se está pactando la entrada de productos usados y remanufacturados. Estas declaraciones ratifican las que RECALCA ha venido haciendo desde que el gobierno colombiano se sometió a los criterios de “confidencialidad” que desde el inicio impuso Regina Vargo. Viniendo de personas que han estado en “el cuarto de al lado” sus afirmaciones sobre la arrogancia de los negociadores y, sobre el desconocimiento de los mismos de la realidad productiva nacional y la denuncia acerca de que han cedido en asuntos que ni siquiera Estados Unidos ha pedido, reflejan la magnitud del grado de obsecuencia del gobierno colombiano.
El gigantesco déficit comercial de Estados Unidos -que en noviembre pasado alcanzó la cifra récord para un solo mes de US $ 60.300 millones- revela que Washington hace estos tratados para promover la exportación de sus mercancías industriales y agrarias y de sus servicios, no para comprar las uchuvas y demás productos exóticos que el gobierno colombiano aspira a transar como inocuo paliativo ante la inminente ruina de la producción nacional.
A pesar de la letanía de declaraciones sobre la unidad andina, en Ecuador y Perú hay la creencia acerca de que el gobierno colombiano va a apretar el acelerador y está dispuesto, como lo manifestó desde cuando solicitó las negociaciones del TLC, a firmar primero o solo, con lo cual presiona a los otros países andinos que, si bien están dispuestos a firmar el tratado “sí o sí” como la manifestó Toledo, al menos se atreven a regatear en algunos incisos.
Las noticias recientes develan que detrás de las pomposas “rondas” hay una negociación permanente y oculta; mediante la realización de “microrondas” temáticas antes de Washington, se ajustará la redacción final. Los negociadores colombianos han indicado que en Cartagena culminará lo que laman la discusión técnica y que el último paso son las decisiones políticas que ya han sido tomadas por los gobiernos andinos según las exigencias perentorias de los norteamericanos.
Durante los nueve meses que llevan las negociaciones, se ha incrementado la conciencia popular sobre la amenaza del tratado: de las ochenta mil personas que protestaron en la fecha de iniciación de las mismas, se pasó a casi un millón que en octubre expresaron su rechazo.
El TLC acentuará las tendencias ya actuantes en el actual gobierno de entregar el mercado nacional, permitir la desnacionalización de las empresas colombianas, arruinar la producción y atar el país aun más a la dominación estadounidense acorde con nuevas normas e instituciones supranacionales.
Para la población colombiana detener el tratado significa impedir el total envilecimiento de la nación, resistir en la defensa de su soberanía económica, salvar la producción autóctona y promover el bienestar. Por ello RECALCA llama a apoyar las actividades de protesta que se están organizando simultáneas a la realización de esta séptima ronda y en particular a las movilizaciones planeadas por todas las fuerzas sociales, democráticas, patrióticas y de oposición para el 10 de febrero en todo el territorio en el afán de contender contra el TLC.
