Los Derechos Humanos y el TLC entre la Unión Europea y la CAN
Los Derechos Humanos y el TLC entre la Unión Europea y la CAN
INREDH, 5-11-07
Poco se ha dicho sobre este nuevo proceso de negociaciones que involucra al país, esta vez con la Unión Europea; poco se ha dicho sobre si hay o no hay diferencias con el fallido Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: ¿Si el TLC con los Estados Unidos era nocivo para los derechos humanos, es de suponer que el TLC con la Unión Europea ha superado estas amenazas?
Sin embargo esta suposición parece no tener fundamento, ya que una breve revisión de las principales propuestas y los resultados de la Primera Mesa de Negociaciones, realizada en Bogotá en el mes de septiembre, nos alerta sobre la posibilidad de que estas negociaciones sean iguales, e incluso más duras, que las fallidas negociaciones con los Estados Unidos.
Si bien la Unión Europea incorpora la denominada “cláusula democrática” en sus tratados comerciales con los países del sur, en otros apartados de la propuesta del TLC se incorporan figuras que vulneran los derechos de los habitantes de los países del sur; como por ejemplo la incorporación de los denominados “Temas de Singapur”, que fueron excluidos de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), precisamente por considerarse nocivos a las economías nacionales.
En una primera reunión con el Embajador Mentor Villagómez, Subsecretario de Asuntos de Comercio Exterior, de la Cancillería del Ecuador, a la que INREDH asistió en compañía del Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), nos quedó la preocupación del grado de descoordinación entre las políticas esbozadas por el Presidente Rafael Correa y las apreciaciones que maneja este funcionario.
¿Cómo explicar, por ejemplo, una apertura comercial de un gobierno que busca fortalecer el rol del Estado como ente regulador de la economía, y la protección de la industria nacional, con las últimas decisiones sobre aranceles, con propuestas como las de “trato nacional” a las inversiones transnacionales?
Bolivia ha sido frontal en emplazar a la Unión Europea sobre los peligros que se darán para el ejercicio del derecho al desarrollo de los países de la CAN al no considerarse las asimetrías de las economías, incluso al interior de la propia región; sin embargo la posición boliviana parece estar sola en el contesto de las negociaciones, pese a la similitud de los procesos políticos y la estructura económica que tienen Ecuador y Bolivia.
En este boletín presentamos un análisis de los Temas Singapur incluidos en las negociaciones UE - CAN y que afectarán los derechos humanos; de igual forma presentamos la convocatoria a un diálogo con la sociedad civil que realizara el gobierno de Bolivia, en el que se aclaran los temas en negociación; consideramos que en el Ecuador debe llevarse a cabo un proceso similar para fortalecer los aspectos positivos que pueden surgir de un proceso de integración comercial, así como para alertar sobre los aspectos que pueden vulnerar los derechos.
Finalmente, incorporamos en este boletín una carta del Presidente Evo Morales, en el que expresa las preocupaciones bolivianas; estas preocupaciones son las mismas que debería tener el gobierno ecuatoriano.
A. Impacto de los temas Singapur sobre los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos: reflexiones de cara a las próximas negociaciones de acuerdos de asociación entre la Unión Europea con AC y con la CAN.
Luis Guillermo Pérez Casas
Secretario General de la FIDH.
Por qué la humanidad tendría que preocuparse de que las inversiones, la competencia, la transparencia en las contrataciones públicas y la facilitación comercial gocen cada vez más de garantías a nivel global?
La Unión Europea, los Estados Unidos y demás países desarrollados, no dudan en presentar estos temas y los avances en general del libre comercio y de las inversiones como favorables a la humanidad, al desarrollo y bienestar de los pueblos, por tanto respetuosos del medio ambiente y de los derechos humanos. En este artículo, demostraremos la falacia de dichas tesis y el impacto negativo de tales temas, en el corazón mismo de la globalización, sobre los derechos humanos.
Nuestro punto de partida, es la hipótesis de que los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones de la Organización Internacional de Trabajo - incluyendo el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y, la Declaración de Naciones Unidas de 1986 que establece que el derecho al desarrollo es un derecho humano; están siendo exponencialmente vulnerados por los acuerdos de libre comercio y/o los acuerdos de protección de inversiones.
1. La violación del derecho humano al desarrollo:
El punto en común de tres de los cuatro temas Singapur, (inversiones, competencia y contrataciones públicas) es el de que aumenta el derecho de las multinacionales a acceder al mercado de los países en desarrollo a través de sus productos e inversiones; reduciendo al mínimo los derechos del gobierno anfitrión a regular la inversión extranjera; y prohibiendo a los gobiernos tomar medidas que apoyen o alienten a las empresas nacionales.
INREDHSi bien estos tres temas fueron excluidos de la agenda de negociaciones de la OMC, al menos durante el período del programa de Doha, desde julio de 2004, por que la mayoría de los países del Sur consideraron que los mismos interferirían con sus políticas nacionales y obstaculizarían su desarrollo económico; sin embargo los mismos han sido impuestos o pretenden hacerlo en acuerdos bilaterales y o birregionales que en particular los Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando con terceros países o regiones.
El caso del NAFTA y del CAFTA, los acuerdos ratificados tanto con México como Chile por parte de los Estados Unidos y la Unión Europa, como los firmados por Colombia y Perú con EEEUU, como los que se que se apresta a negociar la Unión Europea con AC y la CAN y las negociaciones UE-Mercosur incluyen los temas Singapur, como los incluyen en los acuerdos económicos que la UE pretende imponer a los países APC.
A través de estos acuerdos, lo que logran los países desarrollados son políticas “OMC Plus” que favorecen sus propios intereses en detrimento del desarrollo de los países del Sur. No se toma en cuenta las grandes asimetrías, ni la profunda desigualdad de fuerzas y recursos.
Aunque mucho se hable de la cooperación para ayudar a las economías del Sur ha integrarse a la economía mundial y, de orientar la cooperación hacia la reconversión industrial y de la necesidad de que las empresas del Sur puedan ser más competitivas, lo cierto es que las brechas son tan profundas y seculares, que la adopción de los temas Singapur sólo contribuyen a profundizar las desigualdades.
Estos acuerdos contienen cláusulas, para asegurar la libre competencia, - lo cierto es que se imponen cláusulas como el de aplicar el principio de “trato nacional” en que los países en desarrollo ya no podrán aplicar políticas o medidas necesarias para garantizar la distribución de la riqueza o planificar su propio desarrollo local o nacional.
La aplicación del principio del “trato nacional” impide apoyar a sus industrias locales, lo que ocasiona que muchas empresas o sectores productivos que no tienen capacidad de competir son conducidos a la quiebra, con la consecuencia de la pérdida de millones de puestos de trabajo o de fuerza laboral ocupada.
El principio de “trato nacional”, que se acompaña de la cláusula de no discriminación, impide que se tomen medidas a favor de las empresas nacionales, consagrando normas obligatorias que garantizan que se le de a los bienes e inversiones extranjeras el derecho a entrar a un país sin condiciones ni regulaciones, para poder operar en la misma condición de igualdad que las empresas nacionales locales, sin consideración a su tamaño, ni la importancia que las mismas puedan representar para el desarrollo local, tampoco los gobiernos pueden tener la autonomía para canalizar los bienes o inversiones a las direcciones deseadas.
Las garantías que se dan a la inversión con estos acuerdos, reducen incluso el margen del control monetario de los estados, con consecuencias graves para su estabilidad financiera, la balanza de pagos, facilitando el ingreso de capitales volátiles en cartera, créditos y fondos de inversión. También impiden la restricción de la tenencia de acciones - permitiéndose entre otros que haya más accionistas extranjeros que nacionales-, impidiendo la obligación de transferencia de tecnología, afectando las orientaciones de la exportación, la ubicación geográfica de las inversiones, etc.
Los inversores extranjeros tienen la libertad para transferir fondos hacia dentro y fuera del país sin limitaciones. La garantías a la inversión pueden ir tan lejos, como las “cláusulas de expropiaciones indirectas” o de “ anulaciones sin infracción o menoscabo”, ya que políticas gubernamentales que protejan el medio ambiente, o gobiernos que impulsen políticas sociales para proteger el empleo, garantizar el derecho humano a la alimentación, el acceso a todos(as) a los servicios públicos esenciales o incluso la protección de la salud -por ejemplo la imposibilidad de imponer precios bajos a ciertas medicinas o de regular los precios en general de las mismas-, etc., podrían ser consideradas como medidas que afectarían las futuras ganancias de los inversores en un mercado libre.
Y el tema de la transparencia en las contrataciones públicas o las compras gubernamentales parecería a primera vista más atractivo o, en todo caso menos cuestionable que los otros temas Singapur. Pero lo que se ha venido implementando en estos acuerdos “OMC Plus”, es que los gobiernos ya no pueden dar preferencia a las empresas nacionales para el suministro de bienes y servicios, y tampoco pueden darle preferencia en la concesión de proyectos. Lo que impide por ejemplo que los gobiernos puedan adquirir medicinas genéricas para enfrentar una pandemia o epidemia o limitar o impedir el gasto público para adquirir productos nacionales en caso de recesión, para generar empleo y/o para contrarrestar crisis económicas, también se limita la posibilidad para que sectores sociales o comunidades étnicas y/o marginadas puedan recibir un trato preferencial.
A estas cláusulas se les suma "cláusula de prohibición de requisitos de desempeño a la inversión" presente en estos acuerdos. Los requisitos de desempeño consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional que a partir del momento en que la aceptan ya no podrán invocar, afectándose la posibilidad de: utilizar material prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, utilizar mano de obra local bajo un porcentaje determinado en empresas.
Estas cláusulas reducen la gobernabilidad democrática, la autodeterminación de los pueblos, limitan el goce de los derechos fundamentales y afectan la posibilidad de diseñar cualquier política pública a favor de los sectores sociales más vulnerables o desfavorecidos o incluso de poder elaborar una política industrial o monetaria autónoma a favor de su propio desarrollo.
Frente a ellas, recordemos con firmeza y exijamos la aplicación de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que estableció el Desarrollo como un derecho humano, estableciendo preceptos como el siguiente del
Artículo 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.
2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.
2. La vulneración de otros derechos humanos y las inversiones de la Unión Europea:
Muchos pueblos indígenas y comunidades étnicas o tribales en el mundo están condenados al exterminio, genocidio pasivo que pocos denuncian. No se respeta sus tradiciones, su cultura, ni sus formas de justicia, ni sus lenguas, ni sus formas de gobierno ni se les respeta el derecho a la tierra que poseen de manera ancestral o se les impide recuperarlas cuando ya han sido despojadas de ellas.
A nivel global se estableció el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, como una manera de proteger sus derechos individuales y colectivos, sin embargo su alcance es negado en los acuerdos de libre comercio e inversiones que impulsan los países desarrollados.
En relación con América Latina, tanto los afrodescendientes como los pueblos indígenas, son especialmente afectados al desconocerse sus derechos. Primero se les despojó de las tierras más fértiles y les obligó a vivir en tierras escarpadas; luego se descubrió que en estas tierras hay importantes riquezas fósiles y minerales y, a su turno se les vuelve a despojar en nombre del progreso y de las libertades para las inversiones.
Debemos hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y tribales y que el Convenio 169 de la OIT sea plenamente exigible frente a cualquier acuerdo comercial o de inversiones. Es un imperativo de justicia y de humanidad.
Por otra parte el Parlamento Europeo ha adoptado el 22 de mayo de 2007, una resolución que reafirma la política agresiva de la UE frente a este tipo temas, consagrada en el documento de la CE "Una Europa Global: Competir en el mundo. Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE" (COM(2006)0567)”
Entre los apartes de la resolución del PE, que confirman esta agresiva política exterior se consagra:
“Considerando que la UE debería estar dispuesta a defenderse, si procede, frente a las violaciones de las reglas acordadas mediante el recurso a mecanismos de solución de conflictos, y frente a las prácticas comerciales desleales mediante la aplicación de medidas efectivas y legales de defensa comercial, ofreciendo asistencia inmediata a los sectores perjudicados”.
Si bien en uno y otro texto se hacen referencias al desarrollo sostenible y al respeto de las normas sociales, con ellos pasa lo mismo que con la cláusula democrática presente en todos los acuerdos de asociación de la UE que establece que el respeto a los derechos humanos son un elemento esencial de sus acuerdos, restan letra muerta frente a sus intereses económicos.
Demostramos con algunos ejemplos, la manera como inversiones europeas afectan el goce de derechos esenciales en América Latina:
El 5 de marzo de 2007 se hizo pública que la embajada española en Nicaragua amenazaba con afectar la cooperación si el gobierno de Daniel Ortega no cede a los intereses de Unión Fenosa
El gobierno nicaragüense denunció en el 2006 ante un Tribunal de Arbitraje a Unión Fenosa por no garantizar el suministro eléctrico en Nicaragua y no hacer las inversiones a las que está obligada, vulnerando los derechos humanos básicos y la legalidad vigente en Nicaragua. Unión Fenosa, en vez de asumir sus responsabilidades y con la finalidad de presionar al gobierno nicaragüense, presentó una denuncia en enero de 2007 ante la aseguradora del Banco Mundial, como “afectada por una presunta expropiación”, para cobrar 53 millones de dólares de indemnización por una “supuesta expropiación”.
Unión FENOSA ha recurrido igualmente al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre España y Nicaragua.
Siendo Nicaragua uno de los países más pobres de Latinoamérica y de que a nivel de Centroamérica es el país con menos cobertura eléctrica, con más de la mitad de la población sin luz, la Unión FENOSA ejerce un monopolio sobre un servicio público esencial que le permite chantajear a los gobernantes, al tiempo que ofrece un servicio pésimo y de que anuncia no poder subsidiar a los que no pueden pagar, la compañía presentó un balance favorable para el 2006 en sus inversiones creció un 41,4% en sus beneficios hasta alcanzar 1.307 millones de euros, frente a los 924 millones del año 2005.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización -ODG- de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universitat Politécnica de Catalunya ha presentado tres estudios sobre las inversiones de Unión FENOSA en Colombia y uno de Repsol.
Los estudios sobre las inversiones de Unión FENOSA cuestionan la estrategia empresarial de la empresa con miras a hacer rentables sus inversiones zonas donde el 70% de las personas a las que presta servicio tienen escasos recursos para pagarlo. Los mismos demuestran presiones al gobierno, amenazas, aumento de tarifas, cobro millonario de subsidios, cortes de luz disfrazados de mantenimiento o la implementación de un polémico modelo energético (Energía Social) para las comunidades más pobres, deudas ecológicas y sociales que no se reparan, son algunos de los aspectos más controvertidos de la política de Unión FENOSA
El Informe sobre las inversiones de Repsol en Colombia se titula “. En la guerra, contra los indígenas y bajo la sombra paramilitar”, que se desarrolla en particular en el departamento de Arauca, donde se el fenómeno paramilitar se extendió con el auspicio del Estado provocando miles de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, se denuncia como Repsol se implica en un territorio de política de tierra arrasada que ha impulsado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El 21 de mayo de 2007 se dio a conocer la noticia de que una comunidad mapuche de Argentina denunció penalmente al empresario italiano Luciano Benetton por el presunto delito de usurpación de tierras en la provincia de Chubut (sur). Según los Mapuches Benetton ha usurpado 16.000 hectáreas que les pertenecen ancestralmente. La controversia alcanza a 536 hectáreas ubicadas en Santa Rosa-Leleke, donde el pasado 14 de febrero se asentaron una veintena de familias con numerosos niños, que habían sido desalojadas del lugar. El grupo italiano posee en la actualidad 300.000 hectáreas en Chubut y unas 970.000 en toda la Patagonia, donde produce el 10% de la lana que utiliza para su famosa marca de ropa, lo que los convierte en los más grandes terratenientes de la Argentina.
Podríamos citar numerosos ejemplos más, bástenos uno como ejemplo de resistencia social, el de la llamada “Guerra del Agua en Cochabamba” en abril de 2000, donde el consorcio internacional “Aguas del Tinarí” - con capital de la Bechtel de EEUU con 55 % de las acciones y Abengoa de España con el 33 %- invirtió en la privatización del servicio esencial a través de una de sus filiales, provocando un grave conflicto social, la ingobernabilidad democrática y la agresión violenta del Estado contra la comunidad sublevada que ocasionó una persona asesinada, 23 heridos por proyectiles de armas de guerra y 30 por balas de armas de dispersión, más un sinnúmero de detenidos y torturados en centros policiales. Pese al estado de sitio y la represión desatada, el pueblo tuvo la última palabra y el la prestación del servicio fue revertido.
Debemos recordar para finalizar que el comercio y las inversiones tienen que estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario, por tanto frente a cualquier tratado de libre comercio y o de libre inversión, llámesele Acuerdo de Asociación, o cualquier título eufemístico que se le quiera poner, los pueblos tienen el derecho irrenunciable de hacer valer la supremacía de los derechos humanos sobre los intereses de las trasnacionales o elites locales.
Como epígrafe de este artículo debo recordar a Miguel Ángel Asturias que en su libro “Los Hombre de Maíz” ya nos advertía sobre el triste destino de la humanidad, en particular de las comunidades indígenas, cuando perdieron la “Guerra de Ilóm” defendiendo el maíz como fuente misma de la existencia y de la supervivencia, luego siendo víctimas de genocidio cuando el maíz deja de ser fuente de vida para convertirse en negocio:
“Sembrado para comer es sagrado, sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz”
América Latina no puede permitirse que ninguno de sus pueblos pierda de nuevo la Guerra de Ilóm, con la unidad y resistencia de sus pueblos debe frenarse el modelo económico en curso que contribuye al aniquilamiento moral, al aniquilamiento espiritual, aniquilamiento físico de nuestros pueblos originarios, a la destrucción sin freno de la naturaleza y a nuestra propia destrucción.
Bruselas, mayo de 2007.
B. Bolivia: El gobierno convoca a la sociedad civil a participar en las negociaciones del acuerdo entre la CAN y la Unión Europea
El Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior dependiente de la Cancillería inició este jueves en La Paz un proceso de diálogo con empresarios, productores campesinos, artesanos, profesionales y otros sectores, con el objetivo de consensuar con la sociedad civil la política que adoptará Bolivia en la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE)
03 Aug 2007. Fuente: Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración solidaria de los pueblos: Contra el TLC y el ALCA
El gobierno convoca a la sociedad civil a participar en las negociaciones del acuerdo entre la CAN y la Unión Europea
El Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior dependiente de la Cancillería inició este jueves en La Paz un proceso de diálogo con empresarios, productores campesinos, artesanos, profesionales y otros sectores, con el objetivo de consensuar con la sociedad civil la política que adoptará Bolivia en la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE). Tal vez por primera vez, un gobierno manifiesta su voluntad de escuchar la opinión de instituciones representativas de la sociedad antes de negociar un acuerdo internacional.
En el primer encuentro entre el Ejecutivo y la sociedad civil, el viceministro de Relaciones Económicas Pablo Guzmán y el embajador para asuntos de Comercio e Integración Pablo Solón informaron a más de 70 representantes de diferentes gremios los detalles de la negociación con Europa y propusieron diseñar un procedimiento que efectivice la participación real de la sociedad en las negociaciones.
En la reunión introductoria se comenzaron a recoger los criterios “de cómo organizarnos para realizar una negociación participativa de acuerdo al interés que tienen (los diferentes sectores productivos y sociales)”, explicó Guzmán. Es preciso ponerse de acuerdo sobre la forma de participación social en los próximos dos años y medio de negociación previstos; el gobierno trabajará en un mecanismo de información -fundamental para que haya diálogo- y se asegurará de que los documentos sean accesibles y se discutan, prometió Solón.
¿Qué tipo de acuerdo se negociará con Europa?
Antes de plantear una propuesta de participación social, las organizaciones deben conocer las características del acuerdo, cuya primera ronda de negociaciones se celebrará del 17 al 21 septiembre, probablemente en Cartagena de Indias, Colombia. La segunda ronda será en Bruselas antes de que finalice el año. Se han previsto de tres a cuatro rondas de negociación por año.
Los representantes de la UE y la CAN acordaron el 17 de julio en Bruselas las modalidades de negociación del Acuerdo lanzado el 14 de junio en Tarija durante la Cumbre de Presidentes Andinos. A diferencia de un tratado de libre comercio convencional, el Acuerdo con Europa tiene tres pilares igualmente importantes: Diálogo Político, Cooperación y Comercio.
El componente comercial se negociará en 14 mesas: 1. Acceso a mercados no agrícolas o manufacturas, 2. Acceso a mercados agrícolas, 3. Reglas de Origen, 4. Asuntos aduaneros y facilitación del comercio, 5. Obstáculos técnicos al comercio, 6. Medidas Sanitarias y fitosanitarias, 7. Instrumentos de defensa comercial, 8. Servicios, establecimiento y movimiento de capitales (inversiones), 9. Compras públicas, 10. Propiedad intelectual, 11. Competencia, 12. Solución de Diferencias, asuntos horizontales e institucionales, 13 Comercio y desarrollo sostenible y 14. Asimetrías y tratamiento especial y diferenciado.
Las agendas de negociación de los componentes de diálogo político y cooperación todavía no han sido definidas, pero el gobierno boliviano opina que en el primer componente se hablará del fortalecimiento de la democracia, derechos humanos, narcotráfico y cambio climático, entre otros temas. Respecto a la cooperación, Bolivia pedirá apoyo para desarrollar la capacidad productiva tomando en cuenta que el país ya puede exportar a los países europeos productos clasificados en más de 7.000 partidas arancelarias con arancel cero, beneficio que no ha podido aprovechar por falta de capacidad productiva instalada. “No queremos cooperación para hacer seminarios y talleres o para hacer crecer la burocracia, no queremos ‘talleritis’ sino apoyo en infraestructura. Esta es una propuesta de Bolivia que debe ser consensuada en la CAN”, explicó Solón.
Principios de la negociación
Se acordaron algunos principios que normarán las negociaciones de hoy en adelante.
1. Los miembros de cada bloque asistirán a las sesiones con posiciones unificadas, aunque podrán expresar sus diferencias cuando lo vean por conveniente. Esto quiere decir que los países de la CAN “vamos juntos, pero con enfoques diferentes”.
2. Se reconocen las abismales diferencias económicas entre Europa y la CAN y al interior de los países andinos, y se abre la posibilidad de que estas asimetrías sean tomadas en cuenta al momento de suscribir acuerdos comerciales, lo que redundará en un trato especial y diferenciado para Bolivia y Ecuador, economías de menor desarrollo.
3. Los europeos reconocieron de palabra la extrema sensibilidad de ciertos tópicos como la Propiedad Intelectual, Compras Gubernamentales, Servicios e Inversiones, asuntos extra comerciales en los que Bolivia no asumirá compromisos. “Vamos a participar en la negociación en estas mesas para ver qué es lo que comprometen nuestros socios y si estos compromisos nos afectan de rebote”, dijo Solón.
4. Otro principio pactado en la CAN es que sino hay acuerdo entre los cuatro países en un tema específico, éste no se convertirá en normativa andina de obligatorio cumplimiento, esto para evitar que los compromisos que asuman Colombia y Perú -los países más proclives a firmar acuerdos comerciales de corte neoliberal- afecten a Bolivia.
5. Dada la importancia de mantener informada a las sociedades civiles de Europa y la CAN, ambos bloques acordaron “explorar el desarrollo de diversos mecanismos apropiados, incluso conjuntos, de diálogo y cooperación".
Las tareas inmediatas
El gobierno está pensando celebrar reuniones informativas con la sociedad civil cada mes y encuentros para cada mesa comercial cada 15 días. Lo que falta ahora es definir los mecanismos de participación lo antes posible, pues la negociación con la UE adopta un ritmo vertiginoso.
El gobierno se enteró el miércoles 1 de agosto que Colombia, que detenta la secretaría Pro Témpore de la CAN, convocó para el 15 y 16 de agosto a una reunión de alto nivel para definir la posición del bloque andino en la negociación con Europa.
Dado el apuro, explica el gobierno, es necesario realizar un segundo encuentro con la sociedad civil el 9 de agosto en la Cancillería, cita en la que las instituciones de la sociedad deben presentar propuestas concretas para la participación social en la negociación.
Cada organización e institución debe hacer llegar al gobierno propuestas de mecanismos de participación en las diferentes instancias y momentos, es decir en las charlas políticas, de cooperación y en cada una de las mesas de la negociación comercial. Est quiere decir que cada organización debe precisar sus inquietudes, sus intereses específicos y hacer sugerencias.
Los encuentros amplios de consulta e intercambio como la primera reunión celebrada este 2 de agosto son muy útiles a nivel informativo general y pueden servir para discutir otros acuerdos como el ACE 22, pero es necesario diseñar nuevos mecanismos más efectivos para la discusión técnica.
La posición de la Cancillería es propiciar la más amplia apertura para la participación de todos y que se tomen en cuenta los intereses de todos. Seguramente habrá un debate de índole político, pero hay que limitarlo porque unas veces generamos falsas discusiones en los medios de comunicación que no tienen nada que ver con temas sustanciales de la negociación, recomendó Solón.
Por lo pronto, el gobierno se ha comprometido a entregar en la próxima reunión del 9 de agosto dos documentos importantes.
1. Una agenda de discusión para los componentes de diálogo político y de cooperación.
2. Un resumen de los acuerdos firmados por la UE con Chile y México para tener una idea de lo que Europa está buscando, documento que servirá como guía o parámetro a medida que avanzan las negociaciones.
Reunión de coordinación urgente
El Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos - Contra el TLC y el ALCA convoca a una reunión de coordinación urgente para el martes 7 de agosto con el fin de discutir la propuesta que se enviará al gobierno.
En esta reunión se hará énfasis en la identificación de responsables para cada una de las instancias de negociación (mesas y componentes político y de cooperación), en tanto que la discusión más técnica en cada área se dejará para más adelante tomando en cuenta que en la primera ronda de negociaciones oficiales programada para septiembre los representantes de la CAN no harán propuestas u ofertas. Probablemente de esto se hablará en la segunda y tercera ronda de negociación.
Cada organización que forma parte del Movimiento debe hacer el esfuerzo de socializar esta información entre sus afiliados y consensuar la posición que presentará en la reunión general del 7 de agosto.
