Mercosur-Unión Europea: un acuerdo en veremos
Por Jorge Riaboi | 3 de mayo 2023
Mercosur-Unión Europea: un acuerdo en veremos
No es correcto afirmar que ya existe un texto consensuado de Acuerdo de Libre Comercio (un ALC), cuando sus disposiciones no terminaron de ser negociadas y aceptadas por las partes.
En numerosas notas publicadas en la sección Opinión de este Diario y en al menos media docena de medios y foros especializados, alegué que no sería fácil suscribir un buen acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, cuya negociación me tocó iniciar con bisoño y compulsivo entusiasmo.
Algunas de esas observaciones se actualizaron en una columna del Informe Económico Mensual de la Universidad del Salvador que se distribuyó el 20/4/2023 con el título “El realismo mágico y la crónica escasez de divisas”. El constante ir y venir de estas confusiones, no ayudan a entender la realidad.
A fines de junio de 2019, los ex ministros Jorge Marcelo Faurie y Dante Sica suscribieron, con Cecilia Malsmström, un proyecto de Acuerdo birregional de Libre Comercio (ALC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Habitualmente, esa clase de proyectos son lo que son: textos sin validez legal hasta que se completan en su totalidad los requisitos procesales.
Desde ese punto de vista no es correcto afirmar que ya existe un texto consensuado de Acuerdo de Libre Comercio (un ALC), cuando sus disposiciones no terminaron de ser negociadas y aceptadas.
El primero de los requisitos que fue necesario satisfacer tras la etapa que concluyó en junio de 2019, fue el de someter su contenido al “barrido legal” (en inglés “legal scrubbing”). Los que están en la cocina saben que tal barrido puede desfigurar la criatura que uno creyó haber parido en la negociación, una práctica que no facilita el veloz y fidedigno progreso.
Tampoco es seguro que el Mercosur haya sabido cuánto vale realmente el contenido del proyecto de Acuerdo ni a qué se comprometieron sus gobiernos, algo que supone un debate profesional y político de gran exigencia técnica que hasta el momento no parece haberse concretado.
Informes de la London School of Economics, centro académico de consulta ad hoc del Parlamento Europeo, dijeron con todas las letras que el contenido del proyecto no aportó un progreso de gran valía, o sea que no produjo reglas y compromisos dignas de un “game changer”. Los últimos tres Comisionados de Comercio de la UE dijeron lo mismo con otro lenguaje y calificativos poco diplomáticos.
Antes que se diera ese segundo paso, o sea la revisión legal y aprobación del nuevo contenido que habrá de ser sometido a la firma de rigor de las autoridades ejecutivas de ambas regiones, la entonces Canciller de Alemania y Presidente pro tempore del Consejo Europeo, Angela Merkel, anticipó que la UE había decidido, de manera unilateral, que el texto del proyecto alcanzado en junio de 2019 era inaceptable y debería ser objeto de una sustantiva revisión parcial.
Y aunque ello sucedió en julio de 2020, el hecho no impidió que en foros oficiales y de la sociedad civil de nuestro país se siguiera hablando de la existencia de un Acuerdo cuya partida de nacimiento no figura en ningún “registro o parroquia”.
Por esos y otros motivos, es tiempo perdido reiterar los debates que se registraron en el Parlamento Europeo o en varios países influyentes del Viejo Continente, donde hasta el momento se observaron sendos, claros y previsibles rechazos a suscribir esta clase de Acuerdo.
De este modo, la gente involucrada en la negociación se halló de repente envuelta en un firme replanteo de las disposiciones originales sobre Desarrollo Sostenible del proyecto de Acuerdo, ya que en Bruselas se dijo que ese capítulo del proyecto no resolvía las dudas reales o ficticias que formuló la mayoría de los países del Viejo Continente, la que en los últimos cuatro años se opuso tenazmente a respaldar el Acuerdo. Ese rechazo también fue casi absoluto en los debates registrados en el Parlamento Europeo.
El argumento insignia de esta oposición fue imputada al vertiginoso e ilegal aumento de la frontera agropecuaria de Brasil, originada en el salvaje proceso de desertificación que se verificó en su Selva Amazónica.
En la actualidad, hay algunas fuerzas el Viejo Continente que estarían resignándose a ser más receptivas hacia dicho instrumento, pero sólo para salvar la ropa, no por verdadera convicción, como lo trasuntara en Chile, sin eufemismos, el actual Comisionado de Comercio de la UE. El COVID-19, los chispazos que surgieron en las relaciones de Europa con China y Rusia, que sumergieron al mundo en la actual crisis económica, agrícola y energética, inducen a revisar los escenarios previos. Nadie conoce con certeza adonde irá a parar todo esto.
Recién al terminar el borrador de modificación de las normas sobre desarrollo sostenible que Bruselas tardíamente envió al Mercosur (la labor más intensa de elaboración de tal propuesta se nutrió de los intercambios realizados entre la UE y Brasil), se podrá armar el rompecabezas y someterlo a la firma de los poderes ejecutivos para su posterior ratificación por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de cada uno de los Estados Miembros de la UE.
Para entender de qué se trata este mar de dudas y precauciones, es preciso recordar un sugestivo precedente. Tras ser aprobado por las autoridades ejecutivas de Canadá y la UE el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (cuya sigla inglesa es CETA), suscripto en octubre de 2016, ese instrumento sólo se está aplicando de modo parcial y todavía no fue ratificado por 10 de los 27 Estados Miembros del Viejo Continente.
A esta altura, los gobiernos de la UE y el Mercosur siguen sin discutir una contrapropuesta sobre desarrollo sostenible en respuesta a la versión que aportó la UE, un ejercicio que se preveía negociar en estos meses. “¿Estamos mal pero vamos bien?”. Si es por declarar tonterías y jugar con retórica, estamos diez puntos. Pero creer que ya tenemos el Acuerdo y sólo falta ratificarlo, no es un acto de sabiduría.
Lo que también impresiona es que, teniendo una apertura unilateral y arbitraria del texto como la que hizo la contraparte europea, el Mercosur no “se proponga renegociar las humillantes concesiones sobre acceso al mercado, la inexistencia de disciplinas regionales sobre subsidios y el desmalezado de las restricciones reglamentarias incluidas en el texto de junio de 2019 (ver columna publicada por la USAL). ¿O sólo Europa tiene derecho a tener ambiciones y reaseguros unilaterales “político-doctrinarios” para honrar su bíblico Pacto Verde (“Green Deal”)?.
Uno prefiere creer que nuestros negociadores no olvidaron que todo Acuerdo Regional de Integración tiene el propósito de mejorar en forma sustantiva las condiciones de acceso arancelario y no arancelario que ya rigen en los mercados parte, derechos y obligaciones que fueron adquiridos en el Sistema Multilateral de Comercio. La idea es generar un Acuerdo que sea OMC plus. Aceptar como progreso unas pocas concesiones más que ya existen en ese Sistema, suena a grave displicencia.
Quienes supongan que la precedente síntesis no es valedera, deberían ayudarnos a detectar en dónde se encuentra y qué dice su Acuerdo imaginario.
Jorge Riaboi es diplomático y periodista.
