Movilización campesina en Colombia pone los reflectores sobre las semillas
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Movilización campesina en Colombia pone los reflectores sobre las semillas
Por GRAIN, 4-9-13
Acuatlización al 6 de septiembre
El gobierno colombiano ha anunciado la suspensión de la Resolución 970, que fue objeto de protestas públicas masivas en las últimas semanas gracias a la enorme movilización campesina que comenzó el 19 de agosto. La resolución, aprobada en el año 2010 y, a veces conocida como Ley 970, convirtió en ilegal que los agricultores colombianos guardaran semillas, favoreciendo que empresas privadas y empresas transnacionales obtengan el control monopólico del mercado.
La suspensión será por un período de dos años, y sólo se aplicará a las semillas producidas en el país (no a las importadas). El gobierno dice que va a utilizar este congelamiento de dos años para escribir nuevas normas sobre el uso de semillas "que no afectarán a los pequeños agricultores".
Esta medida NO significa un cambio de política. Se trata de una declaración pública por parte del gobierno. La gente está esperando que se publique un documento con fuerza legal para ver que es lo que allí se plantea, y reitera el llamado a que la Resolución sea totalmente derogada.
Fuentes:
Comunicado del ICA: A propósito del documental 970 - comunicado a la opinión pública
Campoalegre Noticias: Campoalegrunos ganan el primen roun contra 9.70 del ICA
Radio Caracol: "Congelada la resolucion 970, que inspirara la documental 970" y "La suspension de la resolucion 970 debe tener un respaldo legal"
El Tiempo: "Acuerdos entre gobieron y campesinos en tunja"
El 19 de agosto, las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario. Bloquearon carreteras, regaron leche sobre los automóviles y básicamente dejaron de producir comida para las ciudades. ¿El problema? Que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales.
El Estado no proporciona casi ningún apoyo al sector campesino de pequeña escala.i Al contrario, promueve un modelo económico y social que sirve a los intereses de una acaudalada y minoritaria élite. Los tratados de libre comercio (TLC) firmados recientemente con Estados Unidos y la Unión Europea están atentando contra los productores colombianos, que no pueden competir con las importaciones subsidiadas.ii El gobierno colombiano ha estado promoviendo activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras (Monica Semillas de Brasil, Merhav de Israel, Cargill de EUA), con el fin de impulsar los agronegocios orientados a la exportación a expensas de los cultivos familiares orientados a la soberanía alimentaria.
Los manifestantes argumentan que es necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino, especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción. Si no ocurre esto, los productores de café, papa, carne y lácteos, por no mencionar a los pescadores en pequeña escala, no tendrán como continuar trabajando. Hay expulsión y exterminio. Ya puestos contra la pared, la movilización comenzó en una parte del país en junio y creció hasta convertirse en una acción coordinada a nivel nacional en agosto.
El paro agrario fue apoyado muy pronto por otros sectores: los obreros de la industria petrolera, los mineros, los transportistas, los profesionales del sector salud y otros. El 29 de agosto, a diez días de comenzado el paro, más de 20 mil estudiantes se unieron al movimiento y bloquearon Bogotá, la capital del país. La respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria. Las fuerzas policiacas reprimieron violentamente hiriendo a muchos de los manifestantes, por no mencionar a los periodistas. Más de 250 personas fueron arrestadas, incluido el dirigente sindical de alto nivel Hubert Jesús Ballesteros Gómez. A la mayoría le fabricaron cargos. Hubo muertos de ambos lados. En un momento el gobierno reconoció que los agravios reclamados por los campesinos eran válidos y ofreció algunas concesiones. En otro, alegó que el movimiento estaba infiltrado por las FARC. El presidente Santos apareció incluso en televisión diciendo: el “paro agrario no existe”. Al día siguiente, se le filmó desde un helicóptero inspeccionando las escaramuzas y las rociadas con gas lacrimógeno que ocurrían en las calles de Bogotá.
La movilización tuvo tanto éxito que abrió un espacio de discusión, concientización, solidaridad y resistencia en Colombia. Los estudiantes, por ejemplo, entendieron muy bien que había que respaldar a los campesinos y apoyar sus demandas. Y con la voz en alto impugnaron los OGM y exigieron soberanía alimentaria. Pero también elevaron sus propias demandas en favor de una educación gratuita, haciendo de la movilización una oleada más amplia de presión social para cambiar las actuales políticas colombianas, sin limitarse a las preocupaciones agrarias.
La ley 970
Las semillas emergieron como uno de los puntos más visibles. Según los TLC firmados con Washington y con Bruselas, Colombia debe impulsar derechos monopólicos legales sobre las semillas que venden las corporaciones estadounidenses y europeas, como incentivo para que estas corporaciones inviertan en el país. Los campesinos a quienes se sorprenda vendiendo semillas guardadas de variedades protegidas, o incluso semillas nativas que no hayan sido registradas formalmente, podrían enfrentar multas e incluso penas en la cárcel.iii Al igual que ocurre en muchos otros países del mundo, criminalizar a los campesinos e indígenas por guardar, intercambiar y vender sus propias semillas pone en grave riesgo la biodiversidad y el patrimonio cultural del país.
Y aunque lo cierto es que el gobierno colombiano lleva varios años moviéndose en esta dirección, y accedió a dichas políticas como parte de su membresía en la Comunidad Andina o en la Organización Mundial de Comercio, muchas personas señalan que es sólo a partir de la firma de los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea que el gobierno emprendió una implementación seria de tales políticas.
Es paradójico que el libre comercio tenga un afán por destruir las semillas “sin licencia”.
Es paradójico que el libre comercio tenga un afán por destruir las semillas “sin licencia”.
En 2011, las autoridades colombianas asaltaron las bodegas y los camiones de los productores arroceros de Campoalegre, en la provincia de Huila, y destruyeron con violencia 70 toneladas de arroz que se decía que no había sido procesado de acuerdo con las normas. La intervención militar para destruir semillas campesinas sorprendió a muchisima gente e inspiró a la joven activista Victoria Solano a realizar un film al respecto. La película se intitula “9.70” porque ése es el número de la ley adoptada en 2010 que articula el “derecho del Estado a destruir las semillas de los campesinos que no cumplen con las disposiciones.iv Hoy, gracias a la fuerza, la tenacidad y lo justo de la protesta campesina, gente de todas las vertientes que conforman Colombia están discutiendo, como puede verse en el film, los medios masivos, las redes sociales y en las calles, y se preguntan por qué el gobierno impulsa políticas tan insensatas.
Apoyemos el movimiento
No hay duda alguna de que los campesinos colombianos pueden alimentar muy bien al país, de una forma que proporciona empleos, dignidad y un ambiente saludable. Pero el gobierno está tan firmemente atado a un modelo económico que sirve a los intereses de sus amigotes que se niega a impulsar el cultivo familiar de pequeña escala. Debemos todos apoyar la lucha popular agraria en Colombia para darle la vuelta al modelo. No es demasiado tarde todavía.
Una acción concreta, el documental “9.70” busca fondos para producir una versión con subtítulos en inglés de tal modo que más gente por todo el mundo pueda entender lo que los campesinos colombianos enfrentan, y así los apoyemos en su lucha por derrotar tales políticas. La más mínima contribución ayuda. Entren por favor a http://idea.me/proyectos/9162/documental970 para participar. ¡La fecha límite es el diez de septiembre!
Otra acción significativa es que la Coordinadota Latinoamericana Organizaciones del Campo, de la Vía Campesina, busca iniciativas de solidaridad internacional para respaldar el paro. Entren por favor en http://goo.gl/9u6RXJ, para saber más. De nuevo, es crucial el tiempo para hacerlo.
Más allá de Colombia, la disputa en torno a legislaciones de semillas semejantes se recrudece en los altos niveles políticos y por todo el campo, en Argentina y Chile también. Una preocupación es que los más agresivos elementos adoptados por el gobierno de Colombia se puedan colar también a otros países latinoamericanos. Es en verdad urgente erradicar estas leyes.
Para profundizar
"La historia detrás del 970", Semana, Bogotá, 24 de agosto 2013
Grupo Semillas, "Colombia: Las leyes que privatizan y controlan el uso de las semillas, criminalizan las semillas criollas", Bogotá, 26 de agosto 2013
Julia Duranti, "A struggle for survival in Colombia’s countryside", 30 de agosto 2013
Visiten el sitio electrónico de bilaterals.org para una cobertura mayor del paro agrario y de la lucha en torno a la Ley 970
Para mayor información en torno a las leyes de semillas en Colombia, por favor contacten al Grupo Semillas en semillas@semillas.org.co o visiten su sitio electrónico.
Para saber más de la lucha que está ocurriendo en Chile, contacten a Anamuri, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, secretariag@anamuri.cl.
Para mayor información de lo que ocurre en Argentina, por favor contacten a Diego Montón de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de La Vía Campesina, secretaria.cloc.vc@gmail.com
Notas
i Casi un tercio de la población colombiana vive en el campo y casi 60% de quienes viven en las áreas rurales pasan hambre, en alguna medida. Ver Paro Nacional Agrario y Popular. Pliego de Peticiones.
ii Los efectos apenas comienzan, pero son reales. Las exportaciones agrícolas a Colombia se dispararon 62% en el primer año del tratado, mientras que las exportaciones agrícolas colombianas a estados Unidos bajaron 15% (Ver USTR, y Portafolio.)
iii Para obtener registro y certificación las semillas requieren cumplir criterios de uniformidad y estabilidad genéticas, para ajustarse a los procesos agroindustriales. Esto excluye, por definición, a las semillas campesinas, o variedades criollas, como se les llama en Colombia —que tienden a ser diversas, adaptativas y dinámicas. Bajo las leyes actuales de Colombia, si un campesino quiere plantar semillas criollas, debe obtener una autorización del gobierno, sólo lo puede hacer una sola vez, solo lo puede hacer en cinco o menos hectáreas y debe consumir la cosecha completa en casa (n la puede vender en el mercado).
iv Ver la página de Facebook del film en https://www.facebook.com/documental970 y en Twitter busquen #NoMas970. En los tres años de vigencia de la Ley 970, hasta ahora (2010-2012), el gobierno rechazó o destruyó casi 4 mil toneladas de semillas.
