¿Multinacionales o democracia? Europa decide
¿Multinacionales o democracia? Europa decide
Por Miquel Carrillo, 20-5-14
Pablo Fajardo lleva casi veinte años litigando contra Chevron, antes Texaco, por sus abusos y delitos ambientales en la Amazonía ecuatoriana. Es uno de esos casos que da la sensación de que nunca van a acabar: cuando la justicia del país andino parece haber dictado sentencia firme y obligado a pagar 19.000 millones de dólares a la petrolera norteamericana, su equipo de más dos mil abogados encuentra un nuevo resquicio para eternizar el caso y no hacer frente a sus obligaciones.
Durante su gira por España, en febrero pasado, pudimos ver que había algo que indignaba especialmente a este incasable abogado: ’La empresa está ahora apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que tienen Ecuador y EE.UU. para saltarse la sentencia de los tribunales ecuatorianos, aunque la corte de Nueva York donde empezó el proceso reconoció la capacidad de estos y su jurisdicción absoluta al remitirles el caso. ¡Y eso que la firma del TBI es cinco años posterior al cese de las actividades de Chevron en Ecuador!’
Si nadie lo remedia durante el proceso de negociación o en el momento de aprobarlo, cuando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) entre en funcionamiento, dispondrá de una instancia de arbitraje similar a la que tiene el TBI y el resto de acuerdos bi o multilaterales de comercio, que permitirá a las empresas dirimir sus diferencias directamente con los Estados donde inviertan, si estiman que no han recibido un ’trato justo y equitativo’, como suele estipularse en la mayoría de ellos. Por lo visto en Ecuador, ya pueden hacerse una idea de qué va el asunto. En este caso no se trata de una hipótesis alarmista sin más asideros: existen decenas de casos similares en el mundo, en los que el sistema judicial o la capacidad de legislar de estados soberanos está siendo laminada por acuerdos internacionales, que dan una protección especial a las inversiones extranjeras, saltándose los sistemas judiciales propios y condicionando la leyes y políticas públicas.
Y no, no se trata de países de los que pueda dudarse de su madurez y solvencia democrática: Alemania fue demanda en 2009 por la multinacional Vattenfall por 1.400M € por las restricciones ambientales impuestas a una central de carbón y el caso se resolvió fuera de los tribunales, cuando los germanos aceptaron ’adaptar’ su normativa ambiental. Después de que Quebec impusiera una moratoria al fracking, Canadá ha sido demanda por 250.000M€ por Low Pine.
Como confesaba el árbitro español Juan Fernández Armesto, “nunca deja de sorprender(me) que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones [...]. A tres particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento”. Como denuncia el Transnational Institute, lo que sucede es que se ha creado una industria muy lucrativa alrededor del arbitraje comercial, que infla de manera interesada e injustificada la necesidad de dichas instancias parajudiciales, que garanticen que el creciente flujo de inversiones a escala mundial se mueve en un ambiente totalmente favorable.
Pues eso es, por si no lo saben, un asunto que tratará el próximo Parlamento europeo, el que salga de las urnas el 25 de mayo. A él le tocará ratificar o no el acuerdo que se le presente, gracias a las atribuciones que le da el Tratado de Lisboa. Como tantas otras cosas de nuestra vida cotidiana, que exista o no un paraíso a medida de los intereses económicos oligopólicos, al margen de los dos sistemas judiciales más potentes del mundo, depende de Europa. Piense en lo que ha costado conseguirlos como para que ahora, americanos y europeos, los entreguemos en bandeja de plata al mejor postor, con la manida e improbable excusa de salir de la crisis.
