Ocho razones por las que la modernización del Tratado de la Carta de la Energía va a fracasar
Por Clàudia Custodio y Marta García Pallarés en El Salto | 14-12-21
Ocho razones por las que la modernización del Tratado de la Carta de la Energía va a fracasar
Mientras los países europeos intentan incrementar su acción climática, existe un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles. El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional poco conocido pero muy controvertido: otorga a las empresas energéticas el poder de demandar a los gobiernos por sus políticas climáticas a través del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Un sistema que carece de transparencia, que solo favorece a los inversores y que no contribuye a impulsar la transición energética.
El TCE fue diseñado en los años 90 en un contexto en el que las necesidades energéticas eran muy diferentes. A día de hoy la protección de los combustibles fósiles contradice los objetivos del Acuerdo de París, firmado por todos los países signatarios del Tratado. Ante esta situación, la Comisión Europea (CE) lo ha calificado de “obsoleto” y cientos de organizaciones de la sociedad civil han pedido a los Gobiernos de la Unión Europea (UE) que inicien la salida del Tratado.
Sin embargo, la UE está embarcada en un proceso de modernización que pretende alinear el Tratado con el Acuerdo de París. Esta semana tiene lugar la novena ronda de negociación y se celebra la Conferencia anual de la Carta de la Energía. Aquí explicamos, recogiendo los argumentos de CAN Europe, ocho razones por las que este proceso está condenado al fracaso.
No hay razones por las que el TCE sea necesario
Una de las principales premisas por la que los Estados decidieron adherirse al TCE es que éste aumentaría la inversión extranjera directa en los países signatarios. Pero, según una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no hay evidencia de que la protección de la inversión extranjera derive en un beneficio significativo para los países. Esto debilita el argumento de la necesidad del TCE.
Aparte de la protección de las inversiones, el Tratado contiene normas para el comercio y el tránsito de energía que son, en gran medida, una réplica de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que la mayoría de los países signatarios del TCE son también miembros. Es decir, el Tratado no aporta nada nuevo a la regulación internacional vigente.
El TCE y su proceso de modernización solo perpetúa la protección de las grandes empresas y el modelo de negocio business as usual, obstaculizando la transformación necesaria para mantenernos por debajo de 1,5.
No pondrá fin a la protección de los combustibles fósiles
A día de hoy, solo en Europa el valor de la infraestructura fósil protegida por el TCE asciende a más de 340.000 millones de euros. La protección de las inversiones en combustibles fósiles es uno de los pilares más criticados del Tratado y un debate crucial en la modernización del TCE.
A pesar de que la UE ha sido la parte más ambiciosa en las negociaciones, su propuesta para eliminar la protección de las energías fósiles de forma gradual es completamente insuficiente: las inversiones existentes seguirían protegidas durante 10-20 años. Por ejemplo, las centrales eléctricas de carbón estarían protegidas al menos hasta mediados de la década de 2030, y algunas infraestructuras de gas hasta 2040. Por otro lado, el compromiso de incrementar la reducción de emisiones para 2030 bajo la firma del Pacto Climático de Glasgow en la COP26 podría quedar en papel mojado.
Podría ser aún más peligroso
Hay ciertas tecnologías que actualmente no están protegidas por el TCE. Sin embargo, la UE y otros países proponen expandir el alcance del Tratado e incluir, por ejemplo, el hidrógeno y la biomasa en esta lista.
Las disposiciones del TCE van más allá de lo que establece la legislación europea o nacional. Esto ha dado lugar a demandas millonarias contra medidas legítimas para proteger a las personas y el medio ambiente. Por ejemplo, recientemente Países Bajos ha recibido dos demandas de 1.400 y 1.000 millones de euros por una Ley para eliminar el carbón en 2030. Cualquier ampliación de la protección de las inversiones del TCE a nuevas tecnologías aumentaría significativamente el riesgo de nuevas demandas ISDS contra los Gobiernos.
Asimismo, la UE prevé una importante inversión en hidrógeno para impulsar la transición energética. Cualquier iniciativa estatal en el futuro que afecte a la rentabilidad de las plantas de hidrógeno, eleve las normas de sostenibilidad o modifique las subvenciones podría ser objeto de demandas costosas bajo el TCE. Y esto también ocurre en el caso de la bioenergía.
La CE ya se ha comprometido a evaluar la sostenibilidad de la biomasa. Además, los Estados miembro de la UE y el Reino Unido pagan más de 6.500 millones de euros anuales en subvenciones a las instalaciones de combustión de biomasa. Los cambios en estos regímenes también podrían desencadenar demandas ISDS. Colocar el hidrógeno y la biomasa bajo la protección del TCE limitaría a los gobiernos y haría este Tratado aún más peligroso.
No se incluyen los pilares más problemáticos, como el ISDS
Uno de los problemas más graves del TCE es la forma en que se resuelven las disputas cuando los inversores extranjeros demandan a un gobierno. El TCE utiliza el mecanismo ISDS: un sistema paralelo de justicia en el que tres árbitros privados deciden el resultado, en lugar de jueces independientes. Tampoco existe un mecanismo de apelación, por lo que su decisión es definitiva. Los árbitros cobran caso por caso, lo que les incentiva a inflar el número de demandas en las que pueden trabajar.
Como es muy controvertido, muchos países y la UE han dejado de incluir el ISDS en los acuerdos comerciales que han firmado recientemente. A pesar de los problemas que plantea, el ISDS no es uno de los 25 temas a negociar en el proceso de modernización del TCE. La UE no ha sido capaz de persuadir al resto de países a incluir este tema, por lo que las demandas presentadas bajo el TCE serán supervisadas por los mismos árbitros con fines de lucro que favorecen los intereses de los inversores.
Desencadenará problemas legales en el futuro
Desde hace tiempo se han planteado dudas sobre si las disposiciones del TCE son legales según el derecho de la UE. En septiembre de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que los casos ISDS entre un inversor de la UE y un Estado de la UE son ilegales de acuerdo a la legislación de la Unión. Desgraciadamente, esto no significa que los casos intracomunitarios bajo el TCE vayan a finalizar automáticamente. La UE y sus Estados tienen que encontrar la manera de aplicar esta sentencia. La salida del TCE podría ser la opción más sencilla y directa.
También se ha cuestionado la legalidad de las demandas ISDS extracomunitarias. Es decir, aquellas iniciadas por inversores fuera de la UE contra Estados de la UE. En 2019 el TJUE estableció unos requisitos mínimos para los tratados internacionales que incluyen un proceso de resolución de disputas: garantizar la imparcialidad de los jueces; prever un mecanismo de apelación; y garantizar que los paneles de arbitraje solo interpretan el propio acuerdo, no la legislación nacional o de la UE. Sin embargo, el mecanismo ISDS del TCE no cumple ninguno de estos requisitos y el proceso de modernización tampoco lo resolverá.
La propuesta de la UE ha sido bloqueada
La modernización del TCE se inició en 2017, pero las negociaciones no empezaron hasta junio de 2020 y apenas se ha avanzado en las áreas más controvertidas. El pasado mes de julio, dos informes filtrados del Grupo de Trabajo sobre Energía del Consejo de la UE revelaron que “no ha habido progresos sustanciales” en las discusiones sobre qué actividades deberían protegerse bajo el TCE. Una cuestión central en el proceso de modernización, ya que es la parte que define si los combustibles fósiles deben ser protegidos o no.
Concretamente, la propuesta de la UE en este respecto ha sido bloqueada al no ser respaldada por ningún otro país y recibir el rechazo absoluto de Kazajistán. Aunque sólo seis de los 53 países signatarios del Tratado han expresado su opinión.
Se requiere unanimidad por parte de los 53 países
Cualquier cambio sustancial en el TCE requiere unanimidad en el voto. Sin embargo, el nivel de desacuerdo entre los 53 países es tal que, ni siquiera existe consenso sobre la necesidad de modernizar el Tratado. Algunos países, como Japón, han mostrado su rechazo a introducir cualquier cambio. Si un solo país con interés en mantener el statu quo bloquea las negociaciones, todo el proceso habrá sido en vano. Y, al menos siete países son grandes productores y exportadores de recursos fósiles.
En este contexto, la posibilidad de llegar a un acuerdo unánime parece imposible. La única opción viable encima de la mesa es una salida coordinada del Tratado por parte de los países que comparten el mismo nivel de ambición.
La ratificación tardará demasiado
Incluso si se lograse un acuerdo entre los países signatarios del TCE, no sería el final de la historia. El nuevo tratado tendría que ser ratificado internamente por los 53 países y, en muchos casos, esto supondría un debate y votación en los parlamentos nacionales.
No podemos saber cuánto durará, pero con 53 países signatarios, 53 procesos de ratificación y diferentes grados de estabilidad política, esto introduce una dosis significativa de incertidumbre en el calendario. Y, mientras la ratificación esté en curso, la antigua versión del TCE estaría vigente.
El TCE solo se ha modificado con éxito una vez a lo largo de su historia. En 1998 concluyeron las negociaciones para introducir la Enmienda Comercial, pero estos cambios no entraron en vigor hasta 2010. Es decir, 12 años después. Esto augura un largo proceso de ratificación, que pone en jaque la posibilidad de actuar frente a la crisis climática. El momento es ahora: hay que salir.
